Esta semana en una entrevista televisiva el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo exigió diferenciar la renovación de la financiación autonómica con el objetivo de atender mejor las necesidades de las CCAA –para afrontar los aumentos de gasto en Sanidad, Educación o Políticas Sociales– “de la búsqueda de apoyo al presidente del Gobierno para que siga en el cargo”
Defendió que es posible renovar el sistema dentro
de un ámbito multilateral que fije como prioridad mejorar la financiación de
todas las comunidades autónomas. “La prioridad deben ser los ciudadanos. Establecer
un sistema que permita que podamos disfrutar de esos servicios básicos en
igualdad de condiciones en cualquier parte del territorio”, añadió.
Pidió que todas las comunidades tengan “libertad
para que todo el mundo exponga su planteamiento y busquen el acuerdo, sin
líneas rojas”, dentro de una negociación multilateral, en el
seno del órgano apropiado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, previa
convocatoria de la Conferencia de Presidentes.
Aseguró que la ministra Montero –cuando era consejera de Andalucía– estableció
que el sistema de financiación autonómico estaba mal dotado y que había que
poner 16.000 millones extras. “Consiguió un apoyo
prácticamente unánime en el Parlamento de Andalucía”, subrayó.
Señaló que Montero tiene que ofrecer eso de manera
multilateral al conjunto de comunidades autónomas porque hay argumentos, por
ejemplo, de la AIREF, que destacan que hay que financiar una subida del 40% del
gasto sanitario en el conjunto de las comunidades.
Incidió en que el sistema actual fue el que los independentistas y el PSOE
aprobaron en el año 2009. “Lo que están criticando es el modelo
que ellos impusieron en el año 2009, cuando obligaron a las demás CCAA a pasar
por el aro de un sistema que se ha visto que no era el más adecuado”, recordó.
Lamentó que el Gobierno lleva seis años sin intentar “en ningún momento” la
reforma del sistema. “Si realmente hay voluntad, te
sientas, como se hizo en el año 2017 con el Gobierno de Rajoy, se hace el
comité de expertos, se hacen análisis, se aportan datos, no discursos para
conseguir votos, y se construye un modelo que dé seguridad y estabilidad”,
apuntó.
Dijo que, si el Gobierno tiene voluntad política de
alcanzar un acuerdo, y no lo utiliza “como elemento de confrontación, como ha
sido hasta ahora, será más fácil”. Las comunidades autónomas del Partido Popular y Génova 13 llevan
muchísimo tiempo de reuniones, estudiando opciones, documentos, y distintas
posibilidades”, advirtió.
Afirmó que la competencia siempre es buena y que,
aunque todas las comunidades y ciudades autónomas tienen sus particularidades,
todas deben salir con un sistema que cubra las necesidades para que puedan
atender a los ciudadanos y “que
no se utilice la financiación como instrumento político”.
Destacó que 2,1 de nómadas digitales decidirán
dónde establecerse en los próximos años y pregunta: “¿Vamos
a poner un sistema en España que respete la seguridad jurídica, laboral y
fiscal, y sea atractivo o vamos a expulsar incrementando hasta 69 veces los
impuestos?”. “El 100% de cero es cero. El 80% de algo es el
80%”, preguntó.