Ángel Gabilondo, acudió al Congreso junto a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, destacó que en ambos ejercicios los ciudadanos han solicitado a través de sus quejas mejoras en los recursos y en la gestión de los servicios públicos esenciales como la Administración de Justicia, en sanidad o en educación. Según afirmó , “nuestros informes muestran los principales problemas de la sociedad y las carencias en la actuación de las administraciones para afrontarlos”.
El Defensor incidió en que se debe facilitar y garantizar atención adecuada en las gestiones y trámites que deben realizar los ciudadanos en su relación con las administraciones, y ha insistido en que los procesos de digitalización tienen que ser compatibles con la asistencia presencial, para no dejar atrás a quienes, por distintos motivos, tienen dificultades para acceder a la comunicación digital u online.
Asimismo, Gabilondo ha resaltado ante los diputados y senadores de la Comisión Mixta que “la pobreza es la gran exclusión y la reducción de la desigualdad ha de ser un objetivo prioritario del conjunto de los poderes públicos, y debe ser prioritario para las administraciones atender a aquellos ciudadanos más vulnerables”.
En los ejercicios 2023 y 2022, la institución Defensor del Pueblo tramitó un total de 67.055 expedientes (35.603 correspondientes al año 2023 y 31.452 al año 2022). Las quejas recibidas en dicho periodo ascendieron a 66.003, las actuaciones de oficio fueron 538 y las peticiones de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, 514. Todos estos expedientes dieron lugar a 4.864 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones: 2.366 resoluciones en 2023 y 2.498 resoluciones en 2022. Los ciudadanos atendidos telefónica o presencialmente en estos dos años fueron 74.962.
Ángel Gabilondo hizo luego un repaso, en su comparecencia, de las principales actuaciones de la institución durante los dos cursos: 2022 y 2023.
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En su intervención la diputada del GPP María Eugenia Carballedo denunció que las quejas de los españoles ante el Defensor del Pueblo se han duplicado con Sánchez.
Afirmó que “los españoles no merecen un presidente que huye de sus responsabilidades y pide árnica cuando la Justicia pide explicaciones”.
Se preguntó si en el Defensor del Pueblo han admitido las quejas de los ciudadanos preocupados por el señalamiento público de jueces y magistrados por parte de los otros dos poderes del Estado.
Exigió a la institución que “tenga entre sus prioridades la defensa del castellano en Cataluña, especialmente en las aulas”, al tiempo que denunció los “servicios públicos colapsados, propios de una Administración desalmada, que crea problemas a los ciudadanos y encima les fríe a impuestos”.
Insistió en que “la competencia para dotar de médicos de atención primaria a todo el territorio nacional es exclusivamente del Ministerio de Sanidad”. “¿Se hace? No. Eso sí, de tramas corruptas con mordidas en plena pandemia vamos sobrados”, censuró.
Subrayó que el Defensor confirma en sus informes “el grave empeoramiento del riesgo de pobreza y exclusión social en España”. “Somos los campeones del paro, y el Ingreso Mínimo Vital sigue sin llegar a los hogares”, resaltó.
Por ello, urgió al Gobierno a cumplir con el mandato parlamentario y deflactar el IRPF, bajar el IVA y facilitar vivienda asequible tal y como prometieron.
También manifiesta su preocupación por que el Gobierno no implementa las recomendaciones del Defensor sobre violencia machista, como tampoco reconoce la inseguridad en España, por lo que “no dota a las FCSE de los medios necesarios contra una criminalidad al alza”.
Se hizo igualmente eco del “abandono sistemático” del Gobierno ante el fenómeno migratorio, con el drama añadido de que el número de menores no acompañados se ha disparado en los dos últimos años por el descontrol en frontera, como reflejan los informes del Defensor.
