La iniciativa no legislativa, que defendió el pasado martes la diputada popular, Maria Jesús Moro, ha salido adelante por 178 votos a favor, 20 en contra y 134 abstenciones.
El texto de la proposición no de ley, que ha sido votada y aprobada en sus propios términos, se articula en tres puntos en los que se insta al Ejecutivo a llevar a cabo una serie de actuaciones para mejorarlas condiciones de jubilación de abogados y procuradores adscritos a sus mutualidades de protección social, "teniendo en cuenta la defensa de los intereses de todos los actores implicados así como del propio Sistema Nacional de la Seguridad Social".
Así, esta texto insta al Gobierno a "constituir lo antes posible una Comisión integrada por la representación de las Mutualidades de la Abogacía y la Procura, del Ministerio competente en materia de Seguridad Social, de los Consejos de la Abogacía y Procura y de las actuaciones y plataformas de los profesionales afectados para que analice en profundidad las distintas situaciones que concurren en los mutualistas de ambas entidades".
En particular, la viabilidad, oportunidad y condiciones para que los llamados mutualistas alternativos puedan trasladar al RETA las cantidades cotizadas en las respectivas mutualidades profesionales, computando a efectos de devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida, previa ponderación de las cantidades ingresadas y de los períodos cotizados.
Según esta proposición no de ley, dicha comisión formulará las propuestas normativas más adecuadas y ponderadas para garantizar unas condiciones de jubilación dignas a abogados y procuradores, teniendo presente el interés económico y financiero de todos los mutualistas, el trato equitativo con el resto de autónomos y trabajadores y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Por otro lado, también se insta a estudiar y, en su caso, regular un tratamiento fiscal adecuado y no discriminatorio en la recuperación del ahorro aportado por los mutualistas alternativos. Y, por último, a "analizar una posible mejora de las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procura".
