jueves, 27 de abril de 2023

En el III Congreso de la Sociedad Civil, hablando de la presencia de la política europea en la política española

 


Participo esta mañana en el III Congreso de la Sociedad Civil, organizado por la Asociación Sociedad Civil Ahora, que se celebra hoy en el Wizink Center de Madrid. El Congreso fue inaugurado por el presidente de la Asociación Aldo Olcese, y el de la CEOE, Antonio Garamendi.

A lo largo de la jornada y en tres sesiones, cerca de 70 ponentes “entre los máximos exponentes de la sociedad civil”,  se debaten iniciativas e ideas para ‘Regenerar España’, lema del congreso.

El congreso se articula en nueve mesas de debate integradas en tres sesiones generales en las que se abordarán cuestiones muy relevantes y de plena actualidad: ‘Elecciones políticas en España y Sociedad Civil’, ‘España en Europa: ¿liderazgo o dependencia?, y ‘Un mundo en convulsión: Latinoamérica en la encrucijada. La relación transatlántica con EE UU y UK, la emergencia del poder asiático, y el futuro de África’.

Intervine en la Mesa titulada “Política Europea en la Política Española” que presidió Gonzalo de Benito. Embajador de España. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores (2012/2014).

Fueron Ponentes:


Marc López Plana. Director de Agenda Pública.

Fabian Picardo. Ministro principal de Gibraltar.

Benita Ferrero-Waldner. Presidenta del Senado de la Economía Europea. Comisaria de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad de la Unión Europea (2004/2009).

Celso Delgado. Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados.

Lourdes Centeno Hurtado. Socia responsable de Derecho Societario, Gobierno Corporativo y Mercados de Capitales de EY Abogados. Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2012/2016).


En mi intervención dije:


"Muchas gracias a la “Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora” en la persona de su presidente Aldo Olcese por invitarme a participar en este prestigioso III Congreso bajo el lema “Regenerar España” compartiendo  esta Mesa con tan ilustres personalidades y que preside el embajador Gonzalo de Benito.

Es un detalle por su parte que hayan invitado a un miembro del Congreso de los Diputados para hablar de la “Política europea en la política española” un tema de extraordinaria relevancia y permanente actualidad.

Es un hecho que el ordenamiento jurídico español, desde que nos adherimos a las entonces Comunidades Europeas, hoy Unión Europea, ha sufrido cambios importantes, ya que los tratados fundacionales dieron potestad a algunas de las Instituciones europeas para aprobar normas jurídicas aplicables de forma inmediata en los Estados miembros, dando como resultado una complejidad y enriquecimiento de los ordenamientos jurídicos nacionales.

El impacto de la política europea se ha producido en la política española igual que en el resto de Estados miembros, enmarcada en los Reglamentos y Directivas europeas, y en otros actos atípicos no previstos en los tratados, como los Planes y libros blancos, y en general el llamado “soft law (derecho indicativo)  que, aun cuando carece de fuerza jurídica vinculante inmediata, tienen una indudable relevancia práctica en la medida en que anticipan lo que en el futuro pueden ser reglamentos, directivas o decisiones, y el camino de la política europea, orientada a la economía social de mercado, sumando liberalismo económico y estado de bienestar. El pilar social de la Unión Europea ocupa un lugar crucial en todas las políticas europeas, y por tanto nacionales, pues la economía debe estar al servicio de las personas.

TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVA

Un ejemplo importante fue la Directiva de Servicios (Directiva Bolkestein) 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, que supuso un cambio fundamental en el régimen de intervención de la Administración pública en las actividades económicas privadas, y que se plasmó en cuatro importantes leyes: la Ley 17/2009 de libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio (conocida como Ley Paraguas), la Ley 25/2009 (conocida como Ley Ómnibus), la Ley 2/2011, de Economía sostenible, y la Ley 20/20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado.

Estas leyes, a su vez, supusieron la modificación de más de cien normas y decretos estatales, y casi doscientas leyes autonómicas, quinientos Decretos y cien órdenes.

En suma, la transposición de la Directiva de Servicios ilustra el impacto de la política europea en nuestro ordenamiento jurídico, y por supuesto, en la política española. 

LA IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS EUROPEOS

Los asuntos europeos han centrado y centran la atención de importantes debates políticos y jurídicos en España. De hecho, han sido temas europeos los que han dado lugar a las dos únicas reformas constitucionales realizadas desde la aprobación de la Constitución de 1978,  la primera, en 1992, del artículo 13.2 de la Constitución para reconocer el derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales a los extranjeros (y así a los nacionales de los Estados miembros de la Unión) y la segunda, de nuevo en el ámbito económico, el de más fuerte integración europea, en 2011, para dar una nueva redacción al artículo 135 de la Constitución y consagrar el principio de estabilidad presupuestaria.

Todo un conjunto de materias han quedado excluidas o compartidas con las instituciones legislativas europeas, y si inicialmente afectaban a sectores económicos concretos, como el mercado interior, y las políticas agraria, o de pesca, por ejemplo, con el paso de los años y el avance de la integración europea se han ido extendiendo más allá del ámbito económico a sectores muy aferrados tradicionalmente a la soberanía del Estado: moneda y política bancaria, asuntos de justicia e interior, política exterior e incluso política de defensa. En todas estas materias, el legislador estatal ha visto reducidas sus competencias de manera importante, y en algunos casos, en el ámbito de la economía la mayoría, el Parlamento se ve prácticamente limitado a transponer directivas aprobadas por el legislador europeo.

Con Aldo Olcese

LA ACTIVIDAD  DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

 La Comisión que presido, y que tiene una importante carga legislativa, transpone numerosas directivas europeas, muchas de ellas provenientes de Reales decretos-leyes convalidados por el Congreso de los Diputados y acordada su tramitación como proyecto de ley.

Debo decir que en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital se han conseguido importantes consensos en la aprobación de leyes provenientes de Directivas, procedan de la tramitación de proyectos de ley derivados de Decretos-leyes, o directamente de la iniciativa legislativa del Gobierno, como, por ejemplo, entre las tramitadas en la presente, XIV Legislatura:

Ley 6/2020. De 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que complementa el Reglamento Comunitario.

Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y otras normas financieras, que tiene por objeto transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017.

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, y la Ley Orgánica complementaria, 5/2022, pues modificaba la Ley Orgánica del poder Judicial. Con esta Ley general de Telecomunicaciones se transpone la Directiva 2018/1972 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, y es una de las principales medidas del Plan España Digital.

Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

El 6 de noviembre de 2018, el Consejo de ministros Europeo votó la adopción de la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE. 

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, y la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, que complementa los programas de inversión específicos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

La Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los servicios de inversión.

Hablé de que el Pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves 24 de abril las primeras normas de la UE para seguir el rastro de los criptoactivos y prevenir el blanqueo de dinero, así como reglas de supervisión y protección al cliente. Un tema que nos ocupa en el Congreso y sobre el que deberemos legislar,

Me referí también al Reglamento de la Inteligencia Artificial que sigue su curso legislativo y del que estamos muy pendientes. El Parlamento Europeo está terminando de concretar su propuesta, que tendrá que negociarse después con el otro colegislador comunitario, el Consejo de la Unión Europea. 

La norma aspira a regular el despliegue de modelos de inteligencia artificial (IA) en toda la Unión. 

Resalté que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, acaba de afirmar que el Gobierno trabajará para aprobar el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (IA) durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comienza en julio.

Finalicé hablando de que tras la crisis financiera la Unión Europea hubo de actuar de manera reactiva y no preventiva. Se tomaron entonces muchas medidas, conscientes de la falta de una auténtica Unión Bancaria y una armonización de la política fiscal. 

Por estos motivos, y en el marco de una reforma más amplia de la gobernanza económica y social de la UE, el Consejo Europeo decidió crear en 2010 el Semestre Europeo.

También hable de la Conferencia Interparlamentaria para la Estabilidad, Coordinación y Gobernanza Económica que en el mes de julio tendrá lugar en las Cortes Generales y que reunirá a los representantes de las comisiones competentes en la materia en los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeos.

El objetivo de la Conferencia es facilitar un debate e intercambio de información y buenas prácticas en la aplicación de las previsiones del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza Económica, que permita reforzar la cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo y contribuya a asegurar la rendición de cuentas y la supervisión parlamentaria. Dicho debate queda reflejado en las conclusiones no vinculantes que adopta la Conferencia, por consenso, sobre las cuestiones económicas y presupuestarias debatidas".

Y cerré mi intervención diciendo que "hemos superado y afrontado problemas comunes, España es un gran país y dentro de la Unión Europea tenemos una gran presencia "

https://www.youtube.com/watch?v=HwjGhPxuNsE&t=849s