Fue defendida por la diputada Popular Elvira Rodríguez Herrer.
Entre otras cosas dijo:
“ Ministro, «la Seguridad Social ha colapsado. Sus oficinas están bloqueadas. Es más difícil conseguir una cita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga una verdad. Recordando a Mariano José de Larra y a la Administración decimonónica, la Seguridad Social está diciendo a los trabajadores que preguntan por las condiciones para poder retirarse que hagan el favor de jubilarse mañana, el mes que viene o vaya usted a saber cuándo».
No lo digo yo, solo lo estoy leyendo. Son los subtítulos de un artículo llamado El colapso de la Seguridad Social, que firma un clásico de la materia en el periódico salmón de más tirada nacional este último lunes. Todos hemos podido ver en los telediarios de las cadenas nacionales, en los de mayor audiencia, como un ciudadano de Zaragoza, que quería y tenía derecho a jubilarse, terminó llamando a la policía para pedir ayuda y conseguir una cita con la Seguridad Social después de tres meses intentándolo por teléfono, en línea y presentándose en las oficinas, en su CAISS. Estoy dando dos ejemplos de la alarma por el mal funcionamiento de las dependencias del ministerio que usted encabeza, pero los problemas vienen de lejos.
Usted lleva siendo ministro desde hace más de tres años. Yo le conozco desde hace bastante más. Siempre me pareció una persona responsable en sus anteriores cometidos, pero ahora parece que se ha impregnado de la irresponsabilidad de este Gobierno en prácticamente todos los ámbitos, en todos, y no quiero hablar del desgraciadamente clásico de estas últimas semanas, la ley del sí es sí, como el mejor de los ejemplos.
Señor ministro, haga un ejercicio simple: coja su móvil, entre en el navegador, pongan «mal funcionamiento de la Seguridad Social» y pulse noticias. Las hay a lo largo y ancho de toda España y desde bastante atrás. Hay una incluso en la que usted echa la culpa de la situación al anterior Gobierno, pero ¿en tres años no ha podido hacer nada? ¿Qué han hecho en este campo los anteriores ministros socialistas? ¿Se refería a su antecesora, Magdalena Valerio, ahora premiada con la Presidencia del Consejo de Estado?
Como decía, encontramos informaciones de 2020, 2021 y 2022, y mire cómo hemos empezado 2023: no hay mes en el que no se publiquen en la prensa noticias sobre el muy deficiente servicio que prestan las oficinas de la Seguridad Social, de las que usted es responsable.
Le voy a dar algunos ejemplos. Los tengo aquí (muestra un documento), usted los conoce seguro: Castellón, diciembre de 2022, atascos y retrasos en la Seguridad Social; Salamanca, diciembre de 2022, interminable espera para ser atendido en la Seguridad Social; Álava, julio de 2022, misión imposible conseguir cita en la Seguridad Social; Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2022, meses esperando para cobrar la pensión e imposible hablar con las oficinas de la Seguridad Social; también en Las Palmas, enero de 2022, días y días intentando conseguir cita en una oficina y la única respuesta es: lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado; Zaragoza, enero de 2023 ―la noticia a la que hacía referencia antes―, un vecino de esta ciudad llamó a la policía tras tres meses intentando conseguir una cita previa; o el cierre sin más explicaciones de oficinas, como la de Betanzos, enviando a los vecinos, con un papelito en el cristal, a La Coruña a realizar sus trámites (un señor diputado. ¡Qué barbaridad!), y, por concluir, ayer mismo conocíamos que, según información del Portal de Transparencia, el plazo para tramitar la jubilación se ha quintuplicado en menos de dos años.
Cuando controlamos al Gobierno, en apoyo de los ciudadanos, nos suelen llamar de todo: irresponsables, alarmistas, indocumentados y antipatriotas. No sé cómo enfocará su respuesta, pero quiero que quede claro que no es una cuestión nuestra ni de oportunismo político, sino que en una Administración que siempre gozó del predicamento de los ciudadanos, cada vez van peor las cosas por lo que respecta a su atención a los españoles. Y no lo decimos nosotros solo, ni los periodistas o las teles que tienen titulares escandalosos, sino que también se lo reprocha el Defensor del Pueblo, que el pasado 4 de enero insistía en la necesidad de que se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena Administración, recalcando que esto es un incumplimiento objetivo y directo de la obligación recogida en el artículo 103.1 de la Constitución. El Defensor del Pueblo les insta a que resuelvan las demoras en la concesión de citas en las diferentes oficinas de la Seguridad Social y denuncia la falta de disponibilidad de citas presenciales.
Ministro, como usted conoce, este informe viene precedido de una primera comunicación al secretario de Estado, en agosto de 2022, debido al incesante número de quejas recibidas relacionadas con las dificultades de los ciudadanos para obtener cita previa en cualquier provincia del territorio nacional; cita previa que les permita recibir atención directa en los servicios de atención e información al público alternativos a la comunicación telemática de la Seguridad Social, señalando además que la comunicación telemática también tiene una eficacia que deja mucho que desear. En septiembre pasado, el secretario de Estado anunció la creación de 1615 puestos de trabajo para fortalecer la atención al ciudadano, que serían ocupados en primera instancia por funcionarios interinos. ¿Temporales, señor ministro? Por cierto, ni en 2022 ni en 2023, según los presupuestos generales del Estado, la Administración de la Seguridad Social es sector prioritario a los efectos de la oferta pública de empleo.
Pero el Defensor del Pueblo considera que estas medidas son insuficientes para recibir una atención eficaz y eficiente que permita gestionar de forma directa las necesidades ciudadanas, en especial las del colectivo afectado por la brecha digital y en situación de vulnerabilidad para los que la atención presencial constituye una necesidad preferente. Esto se pone de manifiesto en las quejas de los ciudadanos, cuando señalan que se ven obligados a realizar múltiples llamadas telefónicas en diferentes horas y días en su deseo de obtener cita previa, así como en los sucesivos trámites a través de Internet, en su mayoría, sin resultado positivo, y también denuncian que la situación afecta a la gratuidad del procedimiento administrativo, pues muchos se ven abocados a la contratación de servicios de asesoría para poder realizar con éxito sus trámites administrativos.
¿Para quiénes se creen que trabajan, señor ministro? ¿Quiénes les están pagando su sueldo? Todos los españoles, señor Escrivá. A ellos se debe, pero no lo parece. (Aplausos). Lo malo es que usted lo sabe, o debería saberlo mucho mejor que otros de sus compañeros que no tienen la más mínima experiencia en la cosa pública, ni en la privada para ser exactos, pero parece que lo ha olvidado.
En estos días se está tramitando en el Congreso la Ley de servicios de atención a la clientela, que impone obligaciones muy exigentes para los servicios de atención al cliente en el sector privado, como por ejemplo, la de responder al 95 % de las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias en menos de tres minutos, y la reducción del tiempo o resolución de reclamaciones a un máximo de quince días. ¿Por qué no aplican esto en la Administración? (Aplausos). ¿Por qué la dejan fuera del ámbito de la aplicación de esta ley?
Nos gustaría conocer su opinión al respecto, porque el ciudadano, el mal llamado administrado ―no me gusta esta denominación por las connotaciones que tiene―, es el verdadero cliente de las instituciones públicas. Ellos son los que pagan, los que tienen derechos y a los que se debe atender. Este Gobierno, del que usted forma parte, es especialista en imponer obligaciones a los demás, pero, para sí mismo, ancha es Castilla, como dice el refranero popular. El ejemplo más notable es el del empleo temporal, al que hice referencia antes, que baja radicalmente en el sector privado, aunque solo sea por cambio de nombre y de sus condiciones, pero sube claramente en el sector público, al que las prohibiciones no se aplican, según últimos datos del SEPE.
Señor ministro, no les traemos hoy aquí un problema administrativo, sino un verdadero problema ciudadano del que ustedes, tan afectos al postureo, deberían ser conscientes. Esto no es un pin en la solapa; esto es una verdadera responsabilidad. (Aplausos). El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, unos de esos que listan en sus informes de cualquier tipo, pretende promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas ―¿le suena?― y en él se conmina a crear y promover instituciones eficaces. ¿Cree que lo está cumpliendo?
En fin, no puedo terminar esta primera intervención sin hacer referencia a dos cuestiones específicas que tienen mucho que ver con la calidad de los servicios que están prestando los ciudadanos. La primera hace referencia a la pregunta que le ha hecho antes mi compañero Jaime de Olano. ¿A usted le parece una Administración eficaz y eficiente la que cobra hasta 220 euros de más a casi 8000 autónomos? Bueno, a usted se lo parece, porque eso es lo que le ha contestado a mi compañero, y luego hablaremos de lo de 2012. ¿Han puesto en marcha mecanismos para su rápida devolución o para que el rechazo de los recibos no tenga consecuencias indeseadas para los afectados? No está la situación, ministro, para que les estén pagando estas cuantías de más. A mí 8000 me siguen pareciendo muchos.
La segunda, la situación de la tramitación de la prestación por el ingreso mínimo vital. En julio de 2022, la AIReF confirmaba que cuatrocientos mil hogares de los setecientos mil que podrían percibir esta prestación eluden solicitarla, pese a tener derecho a ello, entre otros motivos, por el desánimo ante la burocracia o los tiempos de espera. ¿Esto es lo que usted entiende por Administración eficiente? Recuerde su respuesta: Poner en marcha el autobús del IMV, para realizar una campaña publicitaria y darlo a conocer. Disculpe que le diga, pero se califica por sí solo.
Más recientemente, el mes pasado, conocíamos también, en este caso por la prensa, que la deficiente gestión estaba provocando la denegación de ocho de cada diez expedientes, y que más de cien mil están atascados en las oficinas, taponando, a su vez, la gestión de otras ayudas y prestaciones, según denuncian sus propios funcionarios. Lo denuncian los funcionarios y los sindicatos, ministro. En octubre del año pasado UGT, Comisiones Obreras y CSIF emitieron un comunicado conjunto, calificando la gestión del ministerio como fracaso, además de otros calificativos en los que no voy a incidir porque este es suficientemente fuerte. Pero ayer nos enteramos de que parece que han encontrado su piedra filosofal: reducir a 15 minutos, o mejor a diez, el tiempo de atención a los ciudadanos en sus citas presenciales. ¿Eso es todo lo que nos puede ofrecer? “
La respuesta del ministro y los dos siguientes turnos se puede consultar en el siguiente enlace al Diario de Sesiones.
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-241.PDF
