Diecinueve instituciones públicas y entidades privadas han firmado esta semana el protocolo general del Plan de Acción contra el Fraude Financiero, en un acto que presidido por la vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño, y al que han asistido los responsables de todos los participantes.
El Plan, impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene el objetivo de potenciar y mejorar la prevención y la lucha contra las ofertas de productos y servicios financieros potencialmente fraudulentas ante el aumento detectado de estas prácticas, que ocasionan graves perjuicios a inversores y a todo el sector financiero regulado.
Con este acuerdo, se pretende definir y articular medidas para reducir la capacidad de actuación y de expansión de los intentos de fraude financiero, restringir la promoción o publicidad de actividades para captar nuevos afectados, así como facilitar a inversores y clientes de servicios financieros los instrumentos y conocimientos necesarios para detectar y evitar estas prácticas.
Las acciones que se desarrollarán a partir de ahora persiguen incrementar la seguridad de los inversores, anticipar la detección de episodios de fraude, dificultar su propagación y reducir los efectos perniciosos de estas actividades para ofrecer una mayor confianza a los ciudadanos.
Los firmantes formarán una comisión de seguimiento que se encargará de evaluar las nuevas formas de fraude que puedan aparecer, proponer nuevas medidas y analizar la evolución de estos fenómenos en nuestro país. En ella participarán organismos del ámbito económico y financiero, del sistema judicial y fuerzas de seguridad del Estado, del sector de los medios de comunicación y la publicidad, entre otros.
Las entidades firmantes del acuerdo son:
1. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;
2. Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
3. Fiscalía General del Estado;
4. Banco de España;
La Secretaría de Estado de Seguridad a través de:
5. Policía Nacional;
6. Guardia Civil;
7. Mossos d’Esquadra;
8. Ertzaintza;
9. Policía Foral de Navarra;
10. SEPBLAC;
11. Asociación Española de Banca (AEB):
12. CECA;
13. Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN);
14. INVERCO;
15. Asociación Medios de Información (AMI);
16. Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA);
17. Autocontrol;
18. Colegio de Registradores;
19. Colegio General del Notariado.
En el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades se coordinarán para:
- Cooperar en la detección de actividades irregulares y delictivas en materia de ofertas de productos y servicios financieros, sean regulados o no regulados, que puedan ser indicativos de un caso de fraude financiero.
- Limitar o eliminar la publicidad de entidades no registradas para la prestación de servicios financieros o dirigida a la captación fraudulenta de clientes e inversores en buscadores, redes sociales, medios de comunicación y difusión, etc., así como la difusión de sus actividades en los canales citados.
- Establecer mecanismos de información para inversores sobre los riesgos y posibilidades de fraude.
- Crear canales de comunicación directa entre las partes para cumplir con los objetivos de este protocolo.
- Establecer mecanismos que permitan la verificación del registro de las entidades que realicen publicidad en medios de comunicación y redes sociales.
- Realizar campañas informativas y divulgativas para el público en general para informar a los inversores sobre los riesgos de fraude y las garantías de las operaciones con entidades registradas.
- Desarrollar mecanismos de alertas de nuevas tendencias o fenómenos de fraude detectadas.
- Fomentar la educación financiera necesaria para mejorar el empoderamiento de los ciudadanos para detectar productos y servicios financieros sospechosos, mediante la información y la educación financiera, la comunicación pública y mediante mecanismos de verificación más sofisticados.
La CNMV ha puesto desde hoy a disposición de los firmantes una base de datos interactiva para la consulta de las entidades piratas o chiringuitos financieros que detectan la Comisión y otros supervisores extranjeros para mejorar las investigaciones sobre ellos, dificultar su acceso a potenciales víctimas y reducir su campo de actuación.
Al Plan podrán adherirse en el futuro otras entidades, públicas y privadas. Las entidades también podrán suscribir convenios de colaboración para temas específicos.
