El presente informe
anual da respuesta a las obligaciones que al respecto tiene el
Defensor del Pueblo, pero es también un ejercicio de comunicación a la
ciudadanía y con la ciudadanía, al formularse ante las Cortes Generales,
que son la representación de la voluntad popular, representación ciudadana.
El informe no
se limita a presentar el estado de una cosa y las circunstancias que rodean un
hecho, es también una toma de posición, una expresión que responde en
este caso a la defensa de derechos constitucionales, de derechos humanos. No
es una mera memoria recopilatoria de unas actuaciones.
Es un acto de
información y de comunicación, que trata de incentivar la reflexión y la acción que nacen de la
experiencia, no solo de una institución, sino de la propia ciudadanía, que con
sus escritos y otras manifestaciones señala en qué direcciones se plantean los
asuntos más acuciantes que requieren las respuestas más concretas y definidas.
El carácter institucional del Defensor del Pueblo da continuidad a este informe en un año, 2021, en el que hasta el 18 de noviembre el cargo ha sido desempeñado por don Francisco M. Fernández Marugán, adjunto primero de la defensora del pueblo y defensor en funciones desde 2017, bajo cuya responsabilidad se han desarrollado las tareas y actuaciones realizadas en casi la totalidad de este período ahora presentado.
Tras su intervención, que tendrá lugar en el Palacio del Senado, tomarán la palabra los portavoces de los Grupos Parlamentarios. Y en nombre del GPP fijaré posición sobre algunas de las áreas de supervisión: empleo, seguridad social, administración de justicia, función y empleo públicos, medio ambiente, seguridad ciudadana, centros penitenciarios, violencia contra las mujeres, etc.
