Ayer fue dado a conocer el estudio “45 años de evolución económica, social y empresarial de las Comunidades Autónomas en España (1975-2020)”, elaborado por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas de España, y que fue presentado por los presidentes de ambas instituciones, José Luis Bonet y Valentín Pich, junto con los directores del estudio.
El
presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, destacó “el decisivo papel
desempeñado por las empresas en la trayectoria seguida por las comunidades
autónomas desde 1975. El tejido empresarial se afianzó como la base de la
actividad económica del país, la principal fuente de empleo, la garantía de la
cohesión territorial y el sustento más importante del estado del bienestar y
del sector público”.
Por
su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, puso
en valor el trabajo de las CCAA quienes, “a través del desarrollo de las
distintas competencias han sido corresponsables del aumento de la calidad de
vida en todas y cada una de las regiones españolas”. “Si bien quedan cuestiones
por resolver con respecto a nuestro sistema de organización territorial, como
el relativo al sistema de financiación –sobre el que los partidos políticos
deberían definirse de una vez por todas–, ahora el debate hay que centrarlo
necesariamente en salir de la crisis y, para ello, todas las Administraciones
–estatal, autonómica y local– habrán de seguir remando en la misma dirección
con una actitud franca, transparente y cooperativa”, ha concluido Pich.
Salvador
Marín declaró que “tras dirigir este trabajo, podemos reafirmar, sin temor a
equivocarnos o pecar de subjetivos, que el conjunto de España ha experimentado
en estos años una profunda transformación en su organización territorial,
económica, institucional y empresarial, convirtiéndose en uno de los países con
uno de los niveles más altos de descentralización a nivel político y
territorial, con unas instituciones muy serias en los diversos ámbitos de
competencia. Y muestran a unas Comunidades Autónomas insertadas en una realidad
nacional con necesaria proyección europea y mundial, donde la suma de las
individualidades nos configuran como una nación mejor, y a su vez la propia
nación hace mejorar al componente individual de cada una de ellas”.
Evolución
del PIB y el mercado laboral
Según el estudio, el PIB creció una media anual del 2,39% en los últimos 45 años pasando de algo más de 414 millones de euros en 1975 a 1,1 billones en 2019 –a precios constantes de 2010–.
Región de Murcia, La Rioja y Canarias son las comunidades
autónomas donde más aumentó el PIB en media anual, mientras que Asturias, el
País Vasco y Cantabria registraron el menor avance.
En cuanto
al PIB por habitante, este creció un 1,75% de media anual durante el periodo
analizado. Por encima de ese porcentaje, se sitúan Extremadura, Galicia,
Castilla y León, La Rioja y Aragón, que superan el 2%. Por el contrario, los
menores avances se registraron en Baleares, Canarias, Cantabria y
Asturias.
Cabe
destacar que la población española se incrementó un 32,4% en los últimos 45
años, con Baleares, Canarias, Murcia, Madrid y la Comunidad Valencia en cabeza.
Por el contrario, Castilla y León, Extremadura, Asturias y Galicia vieron descender
su número de habitantes. Además, Asturias, País Vasco, Galicia y Castilla y
León son las regiones con la población más envejecida. Por lo que se refiere a
la inmigración, son nuevamente Asturias, Galicia y Castilla y León las
comunidades autónomas con menos población extranjera.
Otro
de los aspectos analizados en el estudio es la evolución del mercado laboral,
que muestra un fuerte crecimiento de la población en disposición de trabajar en
toda España, si bien este no se ha comportado de manera homogénea. Así, la
población potencialmente activa se ha duplicado en Baleares, Canarias y Murcia,
mientras que en Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura apenas ha
variado. En cuanto a la tasa de actividad, esta ha aumentado en todas las
comunidades autónomas excepto en Cantabria, Castilla y León, Asturias y
Galicia.
Del mismo
modo, la ocupación se ha incrementado en todas las regiones, excepto en
Asturias, Castilla y León y Galicia, donde se ha reducido. Por lo que se
refiere al desempleo, Extremadura y Andalucía son las dos regiones con una
mayor tasa de paro y muy superior a la media nacional, mientras que País Vasco
y Aragón son las que menor tasa de desempleo presentan.
Al
analizar la evolución del desempleo en las distintas comunidades autónomas se
observa cómo durante las dos últimas crisis económicas se ha producido una
fuerte destrucción de empleo en todas ellas. Este hecho hace vaticinar que el
aumento del desempleo iniciado en los últimos meses a consecuencia del paro de
la actividad productiva provocada por la pandemia generada por la COVID-19 vaya
a seguir aumentando en los próximos meses.
Financiación
autonómica
El estudio
aborda también la evolución de la financiación autonómica desde los años 90 del
pasado siglo. Entre las conclusiones cabe destacar que hay seis comunidades
cuya financiación per cápita es siempre superior a la media nacional: Asturias,
Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Por el contrario,
la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana son las únicas comunidades que
reciben una financiación per cápita inferior a la media española. Madrid y
Cataluña, a lo largo de todo el periodo considerado, sitúan su financiación en
torno a la media con pequeñas diferencias, mientras que en el resto de las
comunidades la situación varía, según los años.
Por lo que
se refiere a la presión fiscal (recaudación tributaria como porcentaje del
PIB), en los años 90 Madrid, País Vasco, Cataluña y Cantabria ocupaban los
primeros puestos, con Extremadura en último lugar. En 2018, la mayor presión
fiscal se registraba en Baleares y la menor en Canarias.
En cuanto
al esfuerzo fiscal (relación entre presión fiscal y PIB per cápita de cada
región), las mayores tasas en los 90 se registraban en Madrid, País Vasco,
Cataluña, Cantabria y Andalucía, y la menor en Baleares. En la actualidad, el
mayor esfuerzo fiscal corresponde a Extremadura y Andalucía, y el menor a
Navarra, País Vasco y Madrid.