Asisto hoy en el Pleno del Congreso desde las 9,00 horas a la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para informar de la declaración de estado de alarma en 9 municipios de la Comunidad de Madrid aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes 9 de octubre.
Esta comparecencia se produce de acuerdo con el artículo 116.2 de la Constitución, según el cual "el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
Una vez concluida la intervención del ministro de Sanidad, tomaron la palabra los representantes de los Grupos Parlamentarios de mayor a menor. Así, han intervenido la portavoz del Partido Popular, Concepción Gamarra; Juan Luis Steegmann, diputado de Vox; Rafael Mayoral, del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem- Galicia en Común; el portavoz de Más País, Íñigo Errejón; el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal; Aitor Esteban, por el Grupo Parlamentario Vasco; y dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria; Sergio Sayas, de UPN; e Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias. La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, cerró las intervenciones de los grupos parlamentarios.
En su intervención la portavoz del GPP, Cuca Gamarra aseguró que “no se daban las condiciones el pasado viernes para decretar el estado de alarma, y con la mejoría que continúa desde entonces todavía menos se justifica que lo mantenga a día de hoy”. “No mienta ni engañe ni disimule más. Acaben ya con esta injusticia discriminatoria”, aseveró.
Reprochó a Illa que se niegue a “pedir perdón y dimitir, mientras presenta al Congreso una decisión arbitraria, autoritaria y abusiva”. Destacó que “por primera vez en democracia un presidente del Gobierno no comparece ante el Pleno para comunicar al Congreso que el Consejo de Ministros ha hecho uso de las previsiones del artículo 116 de la Constitución”. “Debería haber hecho acto de presencia Sánchez y no usted”, espetó al ministro Illa.
Señaló que “esta degradación institucional y falta de respeto a los ciudadanos es un paso más de un Gobierno que ha decidido acabar con cualquier vestigio de normalidad democrática”.
Afirmó que “su deriva autoritaria se inició con el nombramiento de una diputada socialista como Fiscal General del Estado y el último capítulo, a día de hoy, es la Proposición de Ley que registraron para perpetrar su asalto al órgano de Gobierno de los jueces”.
Advirtió de que la reforma del CGPJ “tiene mucho que ver con la pandemia y con la crisis que ésta ha provocado, no olviden que la recepción de los fondos de los programas de Reconstrucción está condicionada al respeto al Estado de Derecho; como dejan claro las instituciones europeas”. “Ante este último atropello, el PP va a activar todos los resortes en España y en Europa para evitarlo”, aseguró.
Recordó que Illa es “el ministro de Sanidad del país con mayores tasas de fallecidos”, y le preguntó hasta cuándo tienen que esperar los españoles “para escuchar de usted y del Señor Sánchez con humildad una palabra de disculpa por este desastre”.
Denunció que las medidas que el Gobierno ha impuesto para Madrid “carecen de fundamento científico, por lo que son arbitrarias; no se exigen en todo el territorio, por lo que son discriminatorias; y se aplican a una zona perimetral donde se mezclan áreas con distinta incidencia, por lo que tampoco son idóneas”.
Consideró que el confinamiento de la ciudad de Madrid y otras poblaciones es indiscriminado y se ha impuesto con unos datos falsos que no correspondían a la situación cuando se decretó el estado de alarma, como el propio ministro reconoció públicamente. “El Gobierno utilizó datos basados en indicadores improvisados con la intención exclusiva de cerrar Madrid a cal y canto, y ya de paso, arruinar a miles de madrileños”, aseveró.
Recalcó que Illa no ha presentado ningún documento científico que avale el estado de alarma y le pide que los haga públicos ya, si es que existen. “El estado de alarma ha sido una imposición contra los madrileños, perpetrada sin ningún tipo de diálogo y pisoteando los límites del Estado Autonómico”, afirmó Gamarra, quien remarcó que esta ha sido “una decisión desleal que no toman pensando en la salud de los madrileños o del resto de españoles”.
Criticó que, como marca la sentencia del TSJM y le llevaba proponiendo el presidente Casado desde hace meses, el Gobierno no haya abordado una reforma del marco normativo para combatir eficazmente la pandemia.
Confíó en que, casi seis meses después, el PSOE ahora apoyará las mejoras en el marco legal que defiende el PP en la Proposición de Ley Orgánica que Pablo Casado anunció a finales de julio, que se registró en agosto, y que durante dos meses ha sido retenida por el ministro en su despacho. “Pese a sus maniobras dilatorias, la Proposición de Ley está lista para ser debatida el 27 de octubre. Lo que ustedes no han hecho, sí lo hemos hecho desde el PP, como alternativa que somos”, afirmó.
Añadió que las justificaciones del Gobierno para su “arbitraria imposición de la excepcionalidad constitucional son una cortina de humo para ocultar su nefasta e irresponsable gestión de la pandemia”.
Al Gobierno: “Su negacionismo sobre el peligro del virus provocó las cifras de fallecidos y de sanitarios contagiados más altas de Europa y el confinamiento más dañino para la Economía de toda la OCDE. Han muerto más ciudadanos que en ningún otro país, salimos más pobres que el resto de Europa y a Pedro Sánchez no se le ocurrió otra cosa que decir que salimos más fuertes y presumir de haber derrotado al virus, antes de optar por marcharse a veranear”.
Aseguró que “la estrategia del Gobierno ha fracasado”, como demuestra que “ocho de las regiones con más coronavirus en Europa son españolas”. “Usted, señor Illa, no ha protegido a los españoles y ahora pretende protegerse usted mismo, refugiándose en el estado de alarma que no tiene más eficacia que una injusta y desproporcionada restricción de derechos y libertades de millones de madrileños”, aseveró.
