Denunciamos un agravio al sector vitícola de calidad, en particular al de las D.O. Gallegas


Los diputados gallegos del Partido Popular, acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita dirigida al Gobierno como reacción al Real Decreto 557/2020, de 9 de junio (por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino)  al entender que son medidas contrarias a impulso del sector del vino de calidad en España que es el que se produce en las DOP.

En lugar de apoyar las ventas mediante una campaña de promoción y la posibilidad de pasar a cosechas posteriores un porcentaje superior al actualmente permitido (pasar del 15 al 30%) se establecen medidas extraordinarias en las que el Ministerio transmite la imagen de que da la batalla por perdida y que no queda más que tirar el vino. Y tirarlo en sentido literal, porque es lo que se va a hacer, tanto con la poda en verde como con la destilación.

El texto literal de esta pregunta dice:

“En el Consejo de Ministros del 9 de junio, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se aprobó un paquete de medidas extraordinarias para el sector del vino, por importe de 90,5 millones de euros, con el objetivo de paliar la difícil situación que atraviesa el sector por causa de la COVID-19.

Lo cierto es que para la Xunta de Galicia, estas ayudas aprobadas por el Gobierno no sirven en absoluto para el sector vitivinícola gallego ni se adaptan a su realidad, por lo que tendrán nula o escasa incidencia en nuestra comunidad.
Son ayudas decididas por el Ministerio sin tener en cuenta a las autonomías a la hora de diseñar y aplicar líneas de ayudas y normativas, dado que la realidad de cada una de ellas es distinta.

Tal es el caso de estas ayudas al vino, porque los criterios empleados por el Ministerio no sirven para el sector gallego. Así, aplicando los citados criterios, Galicia podría beneficiarse, como mucho, de una aportación de 300.000 euros sobre un total de 90 millones para el conjunto de España. Algo especialmente grave teniendo en cuenta, además, que los vinos gallegos con denominación de origen generan alrededor del 6% del valor añadido de estas producciones a nivel nacional, lo que supone más de 5 millones de euros.

El Gobierno socialista plantea unas ayudas extraordinarias sin tener en cuenta las especificidades de las explotaciones gallegas, en este caso de nuestros más de 13.400 viticultores y 479 bodegas.

Así, hace falta advertir, en cuanto a las ayudas para destilación, que los vinos gallegos con denominación de origen tienen un posicionamiento de precio en el comparado de tipo medio o medio-alto, lo que invalida esta iniciativa en nuestra comunidad, frente otras zonas de España con grandes superficies de cultivo y precios bajos de uva en las que sí puede ser efectiva.

Sobre la cosecha en verde, esta medida no se adapta a las características de nuestra comunidad ni resulta aplicable en la viticultura gallega, ya que solo sería objeto de esta práctica en superficies mínimas de 0,3 hectáreas, cuando el promedio de los viñedos gallegos es de 0,250 hectáreas.

Asimismo, se incorpora  otro despropósito más con la obligación establecida por el Ministerio de que los consejos reguladores tengan que reducir la producción en esta misma vendimia, disminuyendo los rendimientos máximos por hectárea para vinificación.

¿Rectificará el Gobierno los criterios para acceder a las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de 9 de junio y que perjudican a la Comunidad Autónoma de Galicia, orientándolas a políticas de promoción del consumo de vino y a favor de su comercialización, así como otras orientadas debidamente a las especificidades del sector gallego?”

A juicio de la Xunta de Galicia las medidas extraordinarias no aprovechan al sector vitícola español en su conjunto, sino que claramente benefician a la parte del sector con menor valor añadido, el vino sin DO y que se vende mayoritariamente a granel.

La retirada del mercado de ese vino no va a producir un incremento de consumo del vino de DO ya que sus mercados están claramente diferenciados. Pretender salir de esta crisis reduciendo vino no va a surtir efecto en las DO con más valor añadido que no resulten apoyadas por ninguna de las medidas extraordinarias. Se trata de unas medidas aparentemente sectoriales pero que tienen una orientación territorial clarísima, que en ningún caso  favorece a Galicia.

Pero más allá de  este agravio a nivel territorial, las medidas ponen de manifiesto un Gobierno que no cree en el producto agroalimentario de calidad y opta por la vía fácil de satisfacer las demandas de la parte del sector que genera menor valor añadido. Igual era el momento de pensar en destinar ese dinero a una reconversión hacia la producción de calidad.

Además, tal y como se ha venido pidiendo por la Comunidad gallega, sería relativamente fácil de solventar la problemática: además de las medidas extraordinarias hoy decretadas se podía haber alcanzado un acuerdo con las CCAA con DOP que no resultaran beneficiarias de dichas medidas para poner dinero del Plan de apoyo al vino español (PASVE) en una importante campaña de promoción del consumo del vino español. Esta medida, junto con el apoyo a la petición a la Comisión europea para que excepcionalmente los vinos de las añadas 2019 y 2020 se puedan mezclar con añadas posteriores hasta en un 30% (en lugar del 15% actual), habría compensado a las DOP que no se benefician de las medidas aprobadas y hubiese supuesto un claro apoyo al sector en su conjunto.

Por último, no nos olvidemos que los 90 millones de euros que se destinan a las medidas extraordinarias proceden del PASVE, que es dinero de todo el sector vitícola español. Es decir, estamos quitando  dinero de promoción, reconversión de viñedo o inversiones en bodegas de toda España para destinarlo a “tirar el vino” de una parte muy específica del territorio nacional.

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