Hoy en el Pleno del Congreso escucho a la diputada
coruñesa Tristana Moraleja formular a la ministra de Industria, Comercio y
Turismo , Reyes Maroto esta pregunta: ¿Considera el Gobierno que, aun con un
notable retraso, se ha dado una completa solución a los problemas de las
empresas electrointensivas?
Comenzó Moraleja agradeciendo el esfuerzo
que está realizando el comité de empresa de Alcoa con determinación para
defender sus puestos de trabajo ante el ataque de las políticas socialistas al
empleo. Y dijo “desde que llegaron al Gobierno
‑de eso ya hace casi dos años, ministra‑ se han empeñado en poner trabas
a sectores estratégicos de nuestro país, y lo que es peor, no aportaron
soluciones. Acaban de presentar una propuesta de estatuto de electrointensivas,
y después de llevar más de un año esperando por él no convence a nadie ni les
satisface, solo a ustedes y a sus socios. Fue en abril del año pasado cuando el
señor Sánchez en A Coruña dijo que el estatuto estaba aprobado. No supimos nada
de él hasta ahora mismo, y créanme, una vez conocido era mejor no haberlo
hecho. Han presentado una propuesta que tampoco satisface a las empresas,
puesto que el precio del megavatio/hora quedará en torno a los 49 euros, muy
lejos de los 35 o 40 euros demandados por las empresas. Han presentado una propuesta
condicionada a los Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué pretenden?
¿Chantajearnos? En definitiva, señora ministra, ¿cree usted que la espera ha
merecido la pena o, como pensamos todos, es una mala solución que no lo arregla
y pone en riesgo el futuro de cinco mil familias?"
La ministra respondió: “estará de acuerdo
conmigo en la importancia y la necesidad de tener un marco de estabilidad y
certidumbre del precio energético para garantizar la competitividad de la
industria electrointensiva, y el estatuto es un instrumento riguroso para
abordarlo. Por primera vez se define y certifica la condición de consumidor
electrointensivo, se ofrecen medidas para mejorar su competitividad y se
establecen compromisos y obligaciones. Esperamos contar con un amplio consenso
parlamentario para aprobar esta medida tan necesaria para nuestra industria.”
Replicó la diputada
gallega diciendo: “Ustedes, siguen jugando con todos los españoles, todo les
vale. En esta propuesta pasamos de casi 200 beneficiarios de toda España a 600,
más de 400 empresas beneficiadas. Pero qué casualidad, los más beneficiados son
Cataluña y País Vasco, aquellos territorios en los que ustedes necesitan el
apoyo. No quieren diferenciar una empresa como Alcoa, en Galicia, de otras
empresas que son grandes consumidoras, como usted bien sabe, pero que no tienen
nada que ver. En 2017 llegamos a 500 millones de euros para muchas menos
empresas. Ahora ustedes pretenden llegar a los 262 para el triple. ¿Aun así
considera que el problema está resuelto? Ustedes son incapaces de ver la
realidad y lo sabemos bien en Galicia, Asturias y Cantabria. Ya están
organizándose para crear un frente del noroeste. El otro día un excompañero
suyo dijo algo muy sensato que les debería hacer pensar a usted y a su
compañera, la vicepresidenta. Dijo que alguien tiene que pagar la transición
ecológica, y nadie ha preguntado quién va a pagarla. En España ustedes ya lo
han decidido, que sean muchas empresas y que sea en zonas como la Mariña
Lucense y As Pontes, pero espero que usted pueda dormir tranquila como su
presidente.”
Cerró el debate la
ministra diciendo: “El estatuto ofrece certidumbre y seguridad jurídica, y
garantiza la competitividad de más de 600 empresas, el mantenimiento de 300 000
empleos de diversos sectores, que desempeñan un papel clave para la vertebración
económica, social y territorial. No es un estatuto para una sola empresa ni
para un solo sector ni para un solo territorio; es un estatuto para el conjunto
de la industria electrointensiva. Señoría, dígale al señor Feijóo que en
Galicia se van a beneficiar 31 empresas por la aprobación de este estatuto, y
que queremos contar con su lealtad y colaboración.”
A mu juicio, y
compartiendo la opinión de la Xunta de Galicia y de mi compañera diputada considero que necesitamos una política
fiscal que grave con menos impuestos la energía que consumen las hiperelectrointensivas y establezca cuantías
como las que había anteriormente en el ámbito del CO2 y en el campo de la ininterrumpibilidad. El Gobierno no puede
seguir jugando con las electrointensivas
gallegas y los 5.000 trabajadores, que salen perjudicados de este Estatuto
frente a otros territorios, como Cataluña y el País Vasco, favorecidos por el
número de posibles empresas beneficiarias que pasa de 119 a 600.
La crítica situación que atraviesa la
industria electrointensiva gallega tiene
su origen en la ausencia absoluta de una política energética por parte del
Gobierno central.
Alcoa
San Cibrao y Alu Ibérica son 2 ejemplos
de la preocupación que existe tanto en las empresas como nos trabajadores, tal
y como le trasladó a la Xunta el comité de empresa de San Cibrao el pasado
lunes y ayer mismo el tejido
electrointensivo gallego.
Tras estos encuentros: Galicia fortalece su
posición ante una propuesta de Estatuto del Gobierno que es claramente
insuficiente. Nuestra Comunidad está en contacto con Asturias y Cantabria para
buscar aliados y demandar medidas efectivas: entre otras la rebaja del precio eléctrico
hasta los 35-40 €/ MWh para que nuestra industria pueda competir en igualdad de
condiciones con el resto de Europa.
