Hoy fui invitado a participar en Madrid en unas Jornadas tituladas “Los retos de los consumidores ante la crisis” organizada por la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros, ADICAE.
En concreto en una mesa redonda sobre “Los consumidores en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible y el cambio de modelo de economía y consumo”, que moderó el Secretario general de ADICAE y en la que estuvo por el GP Socialista, mi compañero diputado Alberto Fidalgo y el Secretario de Economía y Trabajo de IU, José García Rubio.
En mi intervención hice un análisis de la gestación de Ley de Economía Sostenible y dije que la primera vez que oímos hablar de ella fue con ocasión del debate sobre el estado de la Nación, el 12 de mayo de 2009, cuando el Presidente Zapatero manifestó que: “El Gobierno tiene el propósito de remitir al Parlamento un proyecto de ley para la economía sostenible. En ella se incluirán las normas que regulen las medidas fiscales, presupuestarias y de todo tipo a las que me he referido, y todas aquellas que contribuyan a implantar en la forma más rápida, más viable y consolidada un nuevo modelo productivo para España. Proporcionará claridad, seguridad jurídica y posibilidad real de someter a evaluación sus resultados” y añadió “que para garantizar la eficacia inmediata de sus previsiones, el Gobierno solicitará la tramitación por el procedimiento de urgencia”
Informé que el Presidente del Gobierno compareció luego el 2 de diciembre de 2009, en la tribuna del Congreso para presentar pomposamente “la estrategia de la economía sostenible”, con la que pretendía impulsar la recuperación de la economía española por una senda de crecimiento equilibrado y generador de empleo. La pieza central de esa estrategia era la Ley de Economía Sostenible (LES) y también nos decía Zapatero que ya en ese momento había signos de reactivación económica y que era el momento de impulsar reformas. Se presentaba como la gran panacea, el arma secreta, la piedra angular.
En ese debate Rajoy le respondió:
“Señor presidente, todo esto que llama ley o anteproyecto o estrategia o lo que sea no pasa de ser un borrador en desarrollo, con un surtido profuso de ocurrencias deslavazadas a medio elaborar, que no está en condiciones de ejercer ninguna influencia apreciable en la triste marcha de la economía. Todo lo que usted nos ofrece no es más que un rótulo luminoso en un solar vacío. Con todo, lo más grave no es lo que figura en el anteproyecto y en la estrategia de la economía sostenible. Lo más grave, señor Rodríguez Zapatero, no es lo que nos trae, sino lo que no nos quiere traer, el conjunto de reformas estructurales profundas que precisa la economía española para frenar el paro, salir de la crisis y abordar un crecimiento verdaderamente sostenido y estable"
Después reflexioné ante el auditorio sobre que han pasado ya casi 12 meses desde aquella fecha en la que veía brotes verdes en nuestra economía, y lo cierto es que hoy España tiene según el Servicio Público de Empleo Estatal 4.085.976 parados registrados (octubre 2010), 277.623 más que hace un año (octubre 2009) y según la última EPA (3T 2010), un total de 4.645.500 parados, una tasa de paro del 20,09 % de la población activa, la más alta de la zona euro. Los datos vienen a expresar en toda su crudeza la auténtica realidad de la situación económica en nuestro país.
Hablar pues, de una estrategia de economía sostenible con un horizonte de diez años, sin haber puesto siquiera en vías de solución la situación del empleo, es, simple y llanamente, una broma.
Luego informé que el Gobierno no aprobó en Consejo de Ministros el Proyecto hasta el 19 de marzo el y lo presentó en el Congreso el 30 de marzo de 2010.
En el Congreso el primer plazo de enmiendas vencía el 27/04/2010 y se fue ampliando con la anuencia del Gobierno hasta el 21/09/2010 para formular las enmiendas al articulado, de modo que el debate de totalidad no tuvo lugar hasta el 23 de septiembre de 2010. Di cuenta de los muchos argumentos por los que el GPP interpuso una enmienda de ese tipo.
Lo cierto es que a día de hoy la tramitación de este Proyecto de Ley sigue empantanada en el Congreso y no se ha señalado fecha para su discusión en Ponencia
En cualquier caso, parece ser que el Gobierno tiene intención de que la norma salga aprobada del Congreso antes de que finalice diciembre, para que así su entrada en vigor no se retrase más allá de febrero. Para ello, cuenta con el apoyo del PNV y de CC, con los que ha alcanzado un acuerdo de estabilidad política centrado básicamente en el apoyo a las iniciativas económicas.
Y concluí la primera parte de mi disertación afirmando que doce meses después, la LES sigue siendo un rótulo, eso sí, apagado y en un solar mucho mas vacío por el paso del tiempo y el peso de los acontecimientos. Y que el Proyecto de Ley de economía sostenible de Zapatero ha pasado de ser la piedra angular de la política económica del Gobierno para salir de la recesión, a ser una norma más de entre las diferentes regulaciones que ha improvisado el ejecutivo, que no aborda las reformas que necesita nuestro país para reactivar la actividad y cuyos principales efectos inmediatos son nuevamente subidas adicionales de impuestos a las rentas medias y bajas, a través de la eliminación de la deducción por inversión en vivienda habitual.
En una segunda parte de mi intervención me referí a las modificaciones incorporadas en relación con los mercados financieros y a que la mayoría de las medidas sobre la responsabilidad en el crédito, como la obligación a las entidades de crédito, antes de que se celebre el contrato de crédito, de evaluar la solvencia del potencial prestatario, provienen de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y del libro blanco sobre la integración de los mercados de crédito hipotecario de la UE.
Desmenucé el contenido del artículo 27 que aborda la responsabilidad en el crédito y la protección de los usuarios de servicios, financieros. Y también analicé la Disposición Fial Decimotercera que modifica el artículo 30 de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero en orden a un nuevo sistema de presentación de reclamaciones ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Se trata de las reclamaciones que presenten los usuarios de servicios financieros.
