Hoy hemos debatido como primer punto del orden del día del Pleno la toma en consideración de una proposición de ley del Parlamento de Galicia, de la Orgánica de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.
Para su defensa acudió una delegación elegida por el Parlamento de Galicia, formada por los diputados Anxo Quintana, X.F. Leiceaga y Pedro Puy.
Este último parlamentario, compañero mío del PP de G, expuso con su brillantez habitual que el Estatuto de Autonomía de Galicia recoge en su artículo 27.25 la competencia exclusiva para la creación de una policía autonómica, una competencia que el legislador gallego no consideró necesario desarrollar hasta fechas bien recientes, pero para la que Galicia ha ido dando pasos importantes.
Hizo un repaso histórico y dijo: “En 1991, la creación de la Unidad del Cuerpo de Policía, adscrita a la Xunta de Galicia, que depende orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de la Consellería de Presidencia, que en la actualidad, con 370 efectivos, está muy lejos de contar con los previstos —es decir, 500—, pese a que la Xunta reiteradas veces ha pedido que se complete. O la creación en 1992 de la Academia Gallega de Seguridad, que incluye entre sus funciones la de formación para el ingreso en las distintas escalas de la policía autonómica, así como para la afirmación permanente y especializada de todos sus miembros. O la presentación en 2005 del primer proyecto de ley de creación de la policía autonómica, un proyecto de ley que incorporaba entre sus funciones, previa aprobación de la correspondiente ley orgánica, la de tráfico. Un proyecto que decayó por las elecciones autonómicas y que fue retomado por el Gobierno bipartito en el año 2007 y que finalizó con la aprobación de la Ley 8/2007, de 13 de junio, del Parlamento de Galicia de creación de la policía gallega. Finalmente, en diciembre de ese mismo año, los tres grupos parlamentarios con representación en nuestra Cámara presentaron conjuntamente y aprobaron por unanimidad la proposición de ley orgánica de transferencias complementarias en materia de tráfico que hoy se presenta ante esta Cámara, dos años después de su remisión y al margen de cualquier justificación política de oportunidad que no sea el normal funcionamiento de las instituciones parlamentarias”
Después de esta breve descripción cronológica continuó diciendo que “la puesta en marcha de la policía autonómica prevista en nuestro Estatuto y la asunción de competencias de tráfico ha seguido un iter lógico racional, ajeno a cualquier otra consideración de corte estrictamente identitario. Queríamos, primero, formar la policía a partir de la unidad adscrita y a partir de ahí adquirir aquellas competencias que, de acuerdo con la evolución de la sociedad y las demandas ciudadanas, configuran lo que se conoce como la policía de proximidad”
Y añadió: “Quienes me han precedido en el uso de la palabra han enumerado ya las peculiaridades que nos llevan a presentar esta demanda competencial. No se trata, por supuesto, de denostar la importantísima labor que la Guardia Civil de Tráfico está realizando en Galicia y que los gallegos tanto apreciamos; se trata simplemente de gestionar desde la proximidad un servicio que en Galicia viene condicionado por lo orográfico, por lo climatológico y por el asentamiento poblacional a lo largo del territorio, con los consecuentes usos del automóvil por la infinidad de vías de todo tipo que conectan con casi 18.000 kilómetros nada menos que las 30.000 entidades de población —la mitad de España— que hay en nuestra tierra. Permítanme, por ello, que me centre brevemente en los títulos jurídicos invocados, en particular en el 150.2 de la Constitución, que es el que se apela en la proposición de ley. Un artículo que tiene antecedentes en la Constitución de la República y también en otras de corte federal, como es la Constitución alemana o la Constitución italiana, y que nació ya en sus orígenes siendo controvertido, puesto que permite la transferencia de obligación de competencias exclusivas del Estado, siempre y cuando sean susceptibles de ello por su propia naturaleza. Pues bien, demostrar que el tráfico es susceptible de transferencia a Galicia por su propia naturaleza es bien sencillo, teniendo en cuenta que el País Vasco lo ejerce desde hace décadas o, por ejemplo, que desde el año 1997, por este mismo mecanismo de la ley orgánica, la Comunidad Autónoma de Cataluña también lo asumió. Es conveniente recordar la plena vigencia del artículo 150.2 de la Constitución española, que ha permitido, entre otros, por ejemplo, que nuestra tierra haya asumido las competencias de políticas activas de empleo —y subrayo lo de activas—, o, como acabo de mencionar, otras comunidades como Cataluña, la competencia de tráfico. Quiero recordarlo en las actuales circunstancias, que posiblemente no sean las más favorables para un análisis reposado de esta proposición de ley porque en los últimos meses tanto el secretario de Estado de Cooperación Territorial como, lo que es más importante, las dos vicepresidentas primeras y el vicepresidente tercero del Gobierno de España, ante las demandas competenciales de Galicia, han dicho que el instrumento más adecuado es la reforma del Estatuto. Nos llama la atención que este sea el argumento cuando justamente acabamos de conocer una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que este tipo de transferencias solo pueden ser dictadas, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 150.2 de la Constitución y con sujeción a los límites de dicho precepto constitucional. Estamos, en fin, ante la vía constitucionalmente más ortodoxa, ante una alternativa viable desde el punto de vista constitucional y por eso es la que invoca el Parlamento de Galicia.
Dentro de unos días, el 21 de diciembre, se van a cumplir 30 años de la celebración del referéndum en el que el pueblo gallego, muy mayoritariamente, aprobó nuestro Estatuto de Autonomía. Desde entonces, el incremento de nuestro autogobierno ha corrido paralelo a la consolidación de las instituciones democráticas y del Estado de las autonomías y, en el plano político y social, a la consolidación de un sentimiento identitario de pertenencia a la realidad gallega, española y europea, que lejos de parecernos incompatibles a la inmensa mayoría de los gallegos nos parecen plenamente complementarias. No estamos, pues, ante un debate identitario o puramente identitario, estamos, fundamentalmente, ante un debate racional, de la organización racional del poder”
Y finalizó su intervención diciendo “El Grupo Popular del Parlamento de Galicia ha apoyado esta proposición en la creencia firme de que con la transferencia de las funciones de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial se completará prácticamente el desarrollo de nuestro Estatuto para contribuir a hacer una Galicia mejor y una España mejor en una Europa más unida”
Debo decir que suscribo de principio a fin todas sus afirmaciones.
Para su defensa acudió una delegación elegida por el Parlamento de Galicia, formada por los diputados Anxo Quintana, X.F. Leiceaga y Pedro Puy.
Este último parlamentario, compañero mío del PP de G, expuso con su brillantez habitual que el Estatuto de Autonomía de Galicia recoge en su artículo 27.25 la competencia exclusiva para la creación de una policía autonómica, una competencia que el legislador gallego no consideró necesario desarrollar hasta fechas bien recientes, pero para la que Galicia ha ido dando pasos importantes.
Hizo un repaso histórico y dijo: “En 1991, la creación de la Unidad del Cuerpo de Policía, adscrita a la Xunta de Galicia, que depende orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de la Consellería de Presidencia, que en la actualidad, con 370 efectivos, está muy lejos de contar con los previstos —es decir, 500—, pese a que la Xunta reiteradas veces ha pedido que se complete. O la creación en 1992 de la Academia Gallega de Seguridad, que incluye entre sus funciones la de formación para el ingreso en las distintas escalas de la policía autonómica, así como para la afirmación permanente y especializada de todos sus miembros. O la presentación en 2005 del primer proyecto de ley de creación de la policía autonómica, un proyecto de ley que incorporaba entre sus funciones, previa aprobación de la correspondiente ley orgánica, la de tráfico. Un proyecto que decayó por las elecciones autonómicas y que fue retomado por el Gobierno bipartito en el año 2007 y que finalizó con la aprobación de la Ley 8/2007, de 13 de junio, del Parlamento de Galicia de creación de la policía gallega. Finalmente, en diciembre de ese mismo año, los tres grupos parlamentarios con representación en nuestra Cámara presentaron conjuntamente y aprobaron por unanimidad la proposición de ley orgánica de transferencias complementarias en materia de tráfico que hoy se presenta ante esta Cámara, dos años después de su remisión y al margen de cualquier justificación política de oportunidad que no sea el normal funcionamiento de las instituciones parlamentarias”
Después de esta breve descripción cronológica continuó diciendo que “la puesta en marcha de la policía autonómica prevista en nuestro Estatuto y la asunción de competencias de tráfico ha seguido un iter lógico racional, ajeno a cualquier otra consideración de corte estrictamente identitario. Queríamos, primero, formar la policía a partir de la unidad adscrita y a partir de ahí adquirir aquellas competencias que, de acuerdo con la evolución de la sociedad y las demandas ciudadanas, configuran lo que se conoce como la policía de proximidad”
Y añadió: “Quienes me han precedido en el uso de la palabra han enumerado ya las peculiaridades que nos llevan a presentar esta demanda competencial. No se trata, por supuesto, de denostar la importantísima labor que la Guardia Civil de Tráfico está realizando en Galicia y que los gallegos tanto apreciamos; se trata simplemente de gestionar desde la proximidad un servicio que en Galicia viene condicionado por lo orográfico, por lo climatológico y por el asentamiento poblacional a lo largo del territorio, con los consecuentes usos del automóvil por la infinidad de vías de todo tipo que conectan con casi 18.000 kilómetros nada menos que las 30.000 entidades de población —la mitad de España— que hay en nuestra tierra. Permítanme, por ello, que me centre brevemente en los títulos jurídicos invocados, en particular en el 150.2 de la Constitución, que es el que se apela en la proposición de ley. Un artículo que tiene antecedentes en la Constitución de la República y también en otras de corte federal, como es la Constitución alemana o la Constitución italiana, y que nació ya en sus orígenes siendo controvertido, puesto que permite la transferencia de obligación de competencias exclusivas del Estado, siempre y cuando sean susceptibles de ello por su propia naturaleza. Pues bien, demostrar que el tráfico es susceptible de transferencia a Galicia por su propia naturaleza es bien sencillo, teniendo en cuenta que el País Vasco lo ejerce desde hace décadas o, por ejemplo, que desde el año 1997, por este mismo mecanismo de la ley orgánica, la Comunidad Autónoma de Cataluña también lo asumió. Es conveniente recordar la plena vigencia del artículo 150.2 de la Constitución española, que ha permitido, entre otros, por ejemplo, que nuestra tierra haya asumido las competencias de políticas activas de empleo —y subrayo lo de activas—, o, como acabo de mencionar, otras comunidades como Cataluña, la competencia de tráfico. Quiero recordarlo en las actuales circunstancias, que posiblemente no sean las más favorables para un análisis reposado de esta proposición de ley porque en los últimos meses tanto el secretario de Estado de Cooperación Territorial como, lo que es más importante, las dos vicepresidentas primeras y el vicepresidente tercero del Gobierno de España, ante las demandas competenciales de Galicia, han dicho que el instrumento más adecuado es la reforma del Estatuto. Nos llama la atención que este sea el argumento cuando justamente acabamos de conocer una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que este tipo de transferencias solo pueden ser dictadas, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 150.2 de la Constitución y con sujeción a los límites de dicho precepto constitucional. Estamos, en fin, ante la vía constitucionalmente más ortodoxa, ante una alternativa viable desde el punto de vista constitucional y por eso es la que invoca el Parlamento de Galicia.
Dentro de unos días, el 21 de diciembre, se van a cumplir 30 años de la celebración del referéndum en el que el pueblo gallego, muy mayoritariamente, aprobó nuestro Estatuto de Autonomía. Desde entonces, el incremento de nuestro autogobierno ha corrido paralelo a la consolidación de las instituciones democráticas y del Estado de las autonomías y, en el plano político y social, a la consolidación de un sentimiento identitario de pertenencia a la realidad gallega, española y europea, que lejos de parecernos incompatibles a la inmensa mayoría de los gallegos nos parecen plenamente complementarias. No estamos, pues, ante un debate identitario o puramente identitario, estamos, fundamentalmente, ante un debate racional, de la organización racional del poder”
Y finalizó su intervención diciendo “El Grupo Popular del Parlamento de Galicia ha apoyado esta proposición en la creencia firme de que con la transferencia de las funciones de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial se completará prácticamente el desarrollo de nuestro Estatuto para contribuir a hacer una Galicia mejor y una España mejor en una Europa más unida”
Debo decir que suscribo de principio a fin todas sus afirmaciones.
