Hoy participé en Santiago de Compostela en una Jornada sobre la “Transposición de la Directiva Europea de Servicios” organizada por la Unión Profesional de Galicia que preside D. José Mª Arrojo Fernández.
Lo hice en una Mesa redonda moderada por Dª Rosa Mª Lendoiro Otero, Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña y Vicesecretaria de la Unión Profesional de Galicia.
La mesa se titulaba: “Transposición de la Directiva de Servicios: análisis político” y participaron conmigo Dª María Antonia Trujillo, diputada socialista en el Congreso y ex ministra de vivienda y Dª Olaia Fernández Davila, Diputada en el Congreso por el BNG.
En mi intervención di cuenta de la posición de mi grupo parlamentario en el debate del proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades se servicios y su ejercicio, llamada coloquialmente ley “Ómnibus” y que de la que me ocupo desde que fui nombrado ponente.
Lo hice en una Mesa redonda moderada por Dª Rosa Mª Lendoiro Otero, Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña y Vicesecretaria de la Unión Profesional de Galicia.
La mesa se titulaba: “Transposición de la Directiva de Servicios: análisis político” y participaron conmigo Dª María Antonia Trujillo, diputada socialista en el Congreso y ex ministra de vivienda y Dª Olaia Fernández Davila, Diputada en el Congreso por el BNG.
En mi intervención di cuenta de la posición de mi grupo parlamentario en el debate del proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades se servicios y su ejercicio, llamada coloquialmente ley “Ómnibus” y que de la que me ocupo desde que fui nombrado ponente.
Repasé el trámite en el Congreso, el intenso contacto mantenido con los Colegios Profesionales y especialmente con la Unión Profesional que preside D. Carlos Carnicer, la presentación de enmiendas y el debate en la Comisión de Economía que sirvió para mejorar el texto sustancialmente.
Informé además del reciente debate acontecido en el pleno del Senado el 2 del presente mes en el que se aprobaron la totalidad de las enmiendas presentadas por el GPP con el apoyo de otros Grupos. Enmiendas que respondían a básicamente a las sugerencias que nos fueron trasladadas por Unión Profesional y que venían a coincidir con nuestra visión de los Colegios Profesionales.
De esta manera, el texto sale muy mejorado y regresa al Congreso para someterse a mediados de este mes al trámite final.
Enumeré las novedades más destacadas que se derivaron de la aprobación de nuestras enmiendas:
Por medio de una Ley y no un Real Decreto se decidirá qué visados serán obligatorios (el Gobierno remitirá un proyecto de Ley en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus). Además, habrá de hacerse con previa consulta a las organizaciones profesionales y a las comunidades autónomas.
Las previsiones expresas sobre publicidad de los servicios profesionales podrán ser recogidas en los estatutos generales o códigos deontológicos que se aprueben a nivel estatal.
Con la oposición del Grupo Socialista, salieron adelante nuestras enmiendas relativas a la exigencia de una comunicación cuando el profesional ejerce en un territorio diferente al de colegiación.
Además, conseguimos la extensión del concepto de exigencia de colegiación no solo a la preservación de la salud, la integridad física o la seguridad, sino también a la protección del medio ambiente o la conservación y administración del patrimonio de las personas.
De especial importancia ha sido conseguir la supresión de la expresión “cuando estén sujetas a colegiación obligatoria” al hacer referencia a los fines esenciales de las corporaciones colegiales. Esos fines son: ordenación de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegios.
También, se suprime la expresión “únicamente” cuando se dice que el visado lo realizarán los colegios a solicitud de los clientes y de las administraciones; y se amplían los casos en los que será obligatorio, añadiéndose “la prestación de servicios de interés general o servicios públicos o la protección del medio ambiente”.
También se suprime la expresión “u otras entidades” cuando se hace referencia a quiénes podrán conveniar o contratar los servicios de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales.
Finalmente me referí al esfuerzo que vamos a realizar en el debate final en el Congreso para que estos logros conseguidos en el Senado se consoliden y emplacé a la ponente del GPS, la Sra. Trujillo a negociar todo cuanto fuera necesario.
Por último atendimos las preguntas que los asistentes nos quisieron realizar.
Una jornada interesante.
