A beleza do río Miño

 

Sobre el Pleno del Congreso de los Diputados de la próxima semana

La sesión plenaria del Congreso de los Diputados de la próxima semana arrancará el martes 28 de abril, a las 15:00 horas, con los debates de toma en consideración de dos proposiciones de ley. En primer lugar, se verá la iniciativa de ERC, para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña.

A continuación, se debatirá la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del Código Civil, para la protección de los menores tutelados en situación de desamparo. La iniciativa del Grupo VOX plantea, entre otras cuestiones, reformar el sistema de protección de menores para que las decisiones de desamparo, tutela, acogimiento o adopción dependan de un juez y no solo de la administración pública.

Real decreto-ley de medidas al alquiler

También el martes, la Cámara decidirá la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. La norma establece una prórroga de hasta dos años para los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027, siempre que lo solicite el inquilino, manteniéndose las mismas condiciones del contrato, y un límite del 2% a la actualización anual de la renta hasta finales de año.

Después, se debatirán las iniciativas no legislativas. En concreto, se verán dos proposiciones no de ley. Una, del Grupo VOX, relativa al colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España. Y una segunda, del Grupo Popular, relativa a los retrasos del Estado en infraestructuras y actuaciones hídricas en Andalucía. También se verán mociones, consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas en la última sesión plenaria. 

Sesión de control al Gobierno

El miércoles, 29 de abril, a las 9:00 horas, se reanuda el Pleno con la sesión de control al Gobierno, en la que se formularán las preguntas e interpelaciones a los miembros del Ejecutivo. Las sesiones de control en esta legislatura tienen como máximo 26 preguntas, de acuerdo con la Resolución de la Presidencia de la Cámara que organiza dichas sesiones, reguladas en el artículo 188 del Reglamento.

La distribución de las preguntas incluidas en el orden del día de cada sesión plenaria se ajusta al siguiente criterio: diez formuladas por diputados del Grupo Popular en el Congreso, siete formuladas por diputados del Grupo Socialista, dos formuladas por diputados del Grupo VOX, dos formuladas por diputados del Grupo Plurinacional SUMAR y una pregunta para cada uno de los grupos Republicano, Junts per Catalunya, Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.

Daños por fenómenos meteorológicos adversos

Ya el jueves, el Pleno decidirá la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de transporte. Se prevén ayudas al transporte ferroviario de mercancías de hasta 15.000 euros por cada locomotora diésel, así como al transporte marítimo de cabotaje en función de la actividad de los buques, millas navegadas y tamaño del barco. Asimismo, establece una revisión automática del precio del transporte de mercancías por carretera en función de la variación del gasóleo y se amplían las bonificaciones a los taxis.

Seguidamente, el Pleno de la Cámara celebrará el debate a la totalidad del Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, donde se votarán las enmiendas presentadas.

El PP presiona a Correos para que aclare si solucionará las deficiencias en su participación en el proceso de regularización de inmigrantes

 

Publica hoy el digital TheObjective una información de Paloma Cervilla titulada: “El PP presiona a Correos para que aclare si solucionará las deficiencias en la regularización” y subtitulada “Los populares quieren que se expliquen en el Congreso las medidas que se van a poner en marcha”

Dice así:

“Grupo Parlamentario Popular presiona al Gobierno para que explique las deficiencias que se están detectando en Correos durante el proceso de regularización de inmigrantes. En una amplia batería de preguntas registradas en el Congreso de los Diputados a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los populares se centran en la infrautilización de esta sociedad estatal, la improvisación y falta de información, la ampliación y refuerzo de la plantilla, la formación de personal, las deficiencias en los medios técnicos, los problemas en la cita previa y las medidas que va a adoptar el Gobierno.

En la exposición de motivos de las preguntas de los diputados Celso Delgado y Jaime de Olano, que justifican estas petición de explicaciones, los populares recuerdan que «el 15 de abril de 2026 la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. (Correos) informó en su web que ‘colaborará en el proceso extraordinario de regularización administrativa de personas migrantes tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 316/20226 de 14 de abril, aprobado por el Gobierno, que modifica el Reglamento de Extranjería y que está dirigido a todas las personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido durante cinco meses de forma ininterrumpida’». Además, añade la sociedad estatal que «desde el próximo lunes 20 de abril y hasta el 30 de junio, 371 oficinas de Correos repartidas en capitales de provincia y municipios con más de 50.000 habitantes de todo el territorio nacional, permitirán presentar la solicitud de regularización de inmigrantes de manera presencial».

Correos declara que «el proceso de regularización de inmigrantes se enmarca dentro de la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) asignada a Correos en la modificación de la Ley Postal 43/2010 aprobada por el Congreso en julio de 2025, que reconoce a Correos como instrumento idóneo del Estado para prestar servicios públicos esenciales a toda la ciudadanía».

Por ello, la primera de las cuestiones se refiere a lo que los populares consideran «infrautilización evidente del potencial de la red pública postal». Correos, dice el PP, «cuenta con una red de más de 2.300 oficinas, presencia en cerca de 8.000 municipios y una estructura de miles de empleados públicos —en torno a 3.000 mandos intermedios en esas oficinas y aproximadamente 7.000 trabajadores de atención al cliente (ATC)— con experiencia directa en la gestión de servicios administrativos complejos». Sin embargo, «esta capacidad estructural ha sido claramente infrautilizada en el diseño del citado despliegue del proceso de regularización»

La decisión de limitar la participación efectiva a un número reducido de oficinas, 371, supone, en la práctica, una infrautilización evidente del potencial de la red pública postal, indica el Grupo Popular. En lugar de acercar la Administración a la ciudadanía mediante el aprovechamiento de la capilaridad de Correos, se ha optado por un modelo restrictivo que concentra la atención, incrementa la presión sobre determinados centros y dificulta el acceso al servicio.

Tomando como base estos antecedentes preguntan «cuáles son las razones que han llevado a la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Saura a la cabeza, a limitar la participación efectiva de Correos a 371 oficinas en el proceso de regularización de inmigrantes, pese a la capacidad de su red pública, y qué criterios se han seguido para adoptar esta decisión».

La segunda pregunta se refiere a «la improvisación y falta de información». Según sus informaciones, «la actuación de Correos en relación al desarrollo del citado proceso de regularización lejos de responder a una planificación anticipada ha estado caracterizada por el retraso, la falta de información y una gestión improvisada hasta el último momento», Aunque el proceso de regularización era conocido desde al menos un par de meses antes de su aprobación formal, dicen los populares, «Correos no trasladó información alguna ni a la representación sindical ni a la plantilla y esa situación de opacidad se prolongó durante semanas, generando incertidumbre en la organización y obligando a los trabajadores a conocer los detalles del proceso a través de los medios de comunicación, en lugar de mediante los canales internos de la empresa».

No fue hasta el 14 de abril, en la víspera de la aprobación del Real Decreto, «cuando Correos convocó a las organizaciones sindicales a una reunión informativa, pero sin la documentación necesaria para evaluar adecuadamente el impacto del proceso», señalan en su pregunta. En paralelo, «la formación del personal, la habilitación de sistemas y la organización del trabajo se han abordado en plazos extremadamente reducidos, en ocasiones coincidiendo con el propio inicio del servicio, lo que ha incrementado la sensación de falta de planificación y ha trasladado a la estructura operativa la responsabilidad de resolver, en tiempo real, los problemas derivados de la implementación».

En definitiva, «la cronología del proceso evidencia que Correos no ha estado a la altura de una actuación de esta envergadura» y que «la ausencia de previsión, el retraso en la interlocución, la falta de información y la gestión improvisada han configurado un despliegue que ha recaído, una vez más, en la capacidad de respuesta de la plantilla». En este sentido, se interesan por conocer «cuáles son las razones, según la Dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Pedro Saura como máximo responsable, que explican la falta de planificación previa, la insuficiente información y el retraso en la interlocución con la plantilla y sus representantes sindicales en la implementación del proceso de regularización en Correos».

Falta de previsión

El tercer foco de interés se centra en «la ampliación y refuerzo de plantilla», ya que, según sus informaciones, «la implementación del proceso de regularización en Correos presenta un conjunto de deficiencias concretas que afectan de manera directa a la organización del trabajo, a la calidad del servicio público y a las condiciones laborales de la plantilla». Unas deficiencias que «no son puntuales ni aisladas, sino que responden a un patrón común de falta de previsión, insuficiencia de medios y gestión improvisada».

El despliegue del proceso se ha abordado «sin un dimensionamiento real de las necesidades de personal, al margen de que se ha optado por un número ‘seguro’ —reducido— de oficinas, lo que evidencia el reconocimiento implícito de la cúpula directiva de no haber preparado la estrategia necesaria para afrontar el proceso con garantías». Con ello, «el derecho de las personas regularizables se ha debilitado y también nuestra oportunidad de demostrar nuestras capacidades».

La empresa «no ha concretado un plan de refuerzos suficiente y ha rechazado propuestas sindicales orientadas a incrementar de manera significativa los efectivos (entre el 30% y el 40%), pese al evidente impacto del proceso en la carga de trabajo». Y el Grupo Popular afirma que «las únicas medidas apuntadas se limitan, en su caso, a contrataciones precarias y de corta duración (contratos eventuales de 3 horas para cubrir la franja de 14:30 a 15:30 en el turno de mañana, en lugar de haber solicitado una ampliación de horario hasta las 19:00 o 20:30 como en Seguridad Social y Extranjería), claramente insuficientes para afrontar un proceso de estas características, lo que supone trasladar la presión organizativa a la plantilla existente».

Por otra parte, «se están detrayendo recursos de apoyo de oficinas no afectadas por la regularización para reforzar aquellas que sí lo están, debilitando así la prestación del servicio habitual al resto de la ciudadanía. Incluso en las propias oficinas afectadas, al no reforzar de manera suficiente la plantilla para abordar un proceso que requiere entre 20 y 30 minutos por solicitud, se está ordenando dejar de prestar servicios que no sean de regularización». La empresa, en pleno plan de ajustes, «ha primado el ajuste de costes sobre la prestación del derecho con solvencia y sin sobrecargas» y quieren saber si «tiene previsto la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Pedro Saura a la cabeza, impulsar un refuerzo de plantilla en las oficinas de Correos que participan en el proceso de regularización de inmigrantes que permita atender la nueva carga de trabajo sin deteriorar la prestación del resto de servicios».

Formación del personal

El cuarto punto de atención es la formación del personal. El Grupo Popular apunta a que «la implementación del proceso de regularización en Correos presenta un conjunto de deficiencias concretas entre ellas las relativas a la formación del personal de esas oficinas» Así el calendario formativo «no guarda coherencia con el inicio del servicio» y «la formación se estructura en varios cursos que, lejos de haber sido planificados con la antelación suficiente, se solapan con el propio inicio de la actividad: el curso ‘SIEG Iniciación’, previsto del 16 al 27 de abril, comienza tarde y finaliza después del inicio de la atención presencial, que arranca el día 20; el curso ‘Mercurio: operativa trámites extranjería’ comienza el propio día 20, sin fecha clara de finalización; y la habilitación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), requisito esencial para la operativa, ni siquiera consta con claridad que se esté impartiendo en tiempo y forma».

El PP señala que «todo ello implica que parte de la plantilla va a tener que empezar a tramitar solicitudes sin haber completado la formación necesaria», y que, en paralelo, «la habilitación de herramientas clave como los certificados digitales de empleado público se realizan en el último momento, pese a tratarse de un requisito conocido y transversal para este y otros SIEG, lo que evidencia nuevamente la falta de planificación». Asimismo, los populares aseguran que «se han detectado situaciones en las que se solicita al personal la realización de formación complementaria o de adaptación al puesto fuera de su jornada laboral, sin planificación ni encaje organizativo claro».

En definitiva, «no estamos ante una formación insuficiente por falta de tiempo, sino ante una formación mal diseñada, mal ejecutada y claramente alejada de los estándares mínimos exigibles en un proceso de esta complejidad» y que «esta situación no solo genera inseguridad en la plantilla, sino que incrementa el riesgo de errores en la tramitación y compromete la calidad del servicio prestado a la ciudadanía». Así preguntan «cómo valora la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Pedro Saura a la cabeza, el pésimo diseño y la ejecución de la formación impartida al personal de Correos en el proceso de regularización de inmigrantes y qué medidas va a adoptar para garantizar una formación adecuada a la complejidad del procedimiento en el tiempo que queda hasta el día 27, fin del plazo formativo».

La quinta cuestión son las «deficiencias en medios técnico». El Grupo Popular subraya que Correos presenta un conjunto de deficiencias concretas entre ellas las relativas a los medios técnicos disponibles que no resultan adecuados para garantizar el correcto desarrollo del proceso y que «se han identificado carencias en equipos como escáneres e impresoras, así como problemas de conectividad y funcionamiento en los sistemas utilizados para la tramitación, lo que dificulta la operativa diaria y aumenta el riesgo de errores». A su juicio, «la falta de anticipación en el refuerzo tecnológico y material es evidente» y «la habilitación de certificados electrónicos para este proceso se ha producido de forma precipitada, en muchos casos coincidiendo con el propio inicio del servicio o incluso con el proceso ya en marcha».

Asimismo, siguen denunciando, «la utilización de herramientas como la plataforma Mercurio, como ya se ha señalado, presenta una complejidad técnica elevada para personal no especializado y no ha venido acompañada ni de la formación ni del soporte técnico necesarios». Además, «se han detectado errores en las instrucciones facilitadas, que inducen a utilizar vías de acceso o procedimientos incorrectos —como el uso de accesos por representación que no se corresponden con el funcionamiento real del sistema—, lo que puede provocar incidencias en la tramitación».

Ello le lleva a afirmar que «no solo se ha llegado tarde en la dotación de medios técnicos, sino que estos se han puesto en funcionamiento sin la preparación ni la claridad necesarias, situando nuevamente a la plantilla en un escenario de trabajo a ciegas en un procedimiento de alta complejidad técnica y administrativa». La pregunta se concreta en si Correor tiene previsto «adoptar medidas urgentes para garantizar la dotación adecuada de medios técnicos en las 371 oficinas de Correos que participan en el proceso de regularización de inmigrantes, corrigiendo las deficiencias detectadas en equipos, conectividad y sistemas de tramitación».

Problemas con la cita previa

Como sexta cuestión abordan los problemas en el sistema de cita previa. Los populares parten del convencimiento de que «la implementación del proceso de regularización en Correos presenta un conjunto de disfunciones relevantes y una de ellas es la relativa al sistema de cita previa y la operativa de atención que afectan tanto al acceso de la ciudadanía al servicio como a la organización del trabajo en las oficinas».

En primer lugar, señalan que «la puesta en marcha del sistema se ha producido sin un funcionamiento plenamente operativo desde el inicio», ya que «a primera hora del día 16 de abril, en la mayoría de las oficinas designadas no se ofrecían citas disponibles, que se fueron incorporando de manera progresiva a lo largo de la jornada, lo que evidencia una falta de preparación técnica en el arranque del sistema». Asimismo, en aquellas oficinas en las que sí se habilitaban citas, estas se concentraban en franjas muy concretas —principalmente a primera hora de la mañana—, limitando de facto la capacidad de acceso de las personas solicitantes y generando desequilibrios en la distribución de la carga de trabajo», lo que «evidencia así que Correos no tenía preparado ni el sistema ni a los profesionales».

El Grupo Popular apunta a que «l sistema presenta, además, limitaciones estructurales en su acceso« y que «la solicitud de cita requiere el uso de mecanismos de identificación digital como Cl@ve PIN, lo que supone una barrera significativa para una parte importante del colectivo al que va dirigido el proceso, dificultando el acceso en condiciones de igualdad». A ello se suman «dudas operativas relevantes que no han sido adecuadamente resueltas por la empresa: la posibilidad de gestionar varias solicitudes en una misma cita —en teoría no, pero el sistema no lo impide—, la falta de claridad en los criterios de asignación de turnos o la ausencia de instrucciones homogéneas sobre cómo actuar ante situaciones no previstas».

Estas deficiencias, aseguran en el PP, «trasladan incertidumbre tanto a la ciudadanía como a la plantilla, que debe gestionar las consecuencias de un sistema de cita previa que no ha sido suficientemente definido ni explicado». Por ello, interpelan sobre «qué actuaciones tiene previsto impulsar la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Pedro Saura a la cabeza, para corregir los problemas detectados en el sistema de cita previa y en la operativa de atención en las oficinas de Correos, que están afectando tanto al acceso de la ciudadanía como a la organización del trabajo».

Finalmente, se interesan por las «deficiencias y errores del manual o guía de procedimiento». Señalan que «la implementación del proceso de regularización en Correos presenta un conjunto de dificultades técnicas y prácticas muy relevantes». La gestión de solicitudes a través de Mercurio «no puede considerarse un procedimiento sencillo para personal no especializado, pues se trata de una herramienta compleja, con distintos itinerarios de acceso, múltiples supuestos administrativos y exigencias de cumplimentación que requieren experiencia previa, seguridad en la identificación documental y un conocimiento suficiente del procedimiento». A su juicio, «esta realidad contrasta con la escasa preparación previa facilitada por la empresa».

Todo ello incrementa , según la versión del PP, «la inseguridad operativa de la plantilla y el riesgo de incidencias en la tramitación, en un procedimiento que, por su naturaleza, exige un alto grado de precisión técnica y jurídica que no se está garantizando en las condiciones actuales». Además, consideran «preocupante la existencia de errores relevantes en el propio manual o guía de procedimiento distribuido por la empresa».

Información confusa

Lejos de ofrecer «una herramienta clara, segura y pedagógica para una actuación de esta complejidad, la guía presenta redacciones confusas, sistemática desordenada y, lo que es más grave, referencias incorrectas o contradictorias respecto de los requisitos y supuestos de acceso al proceso de regularización». Entre los errores detectados, «debido en algunos casos a que venían recogidos en los borradores previos al Real Decreto definitivo, cabe destacar algunos ejemplos especialmente significativos: «Se está trasladando una información confusa —derivada de la explicación en la guía y en los canales informativos— que puede llevar a pensar que hay ‘un año’ para solicitar, cuando el Real Decreto fija el plazo hasta el 30 de junio, es decir, poco más de dos meses y medio», explican.

En realidad, «se está mezclando el plazo para presentar la solicitud con la duración de la autorización, que sí es de un año» y consideran que «esto no es un matiz técnico: es un error de base que puede dejar fuera a personas por desinformación». A ello se suma que «profesionales con experiencia acreditada en la gestión de extranjería han advertido expresamente sobre estos fallos, señalando que se trata de errores fácilmente identificables para cualquier especialista, lo que refuerza la idea de que la guía no ha sido suficientemente revisada antes de su distribución». La última pregunta va dirigida a conocer «qué medidas prevé adoptar la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. para corregir las carencias del programa Mercurio y las deficiencias detectadas en el manual o guía de procedimiento que afectan a la correcta tramitación del proceso de regularización de inmigrantes».

https://theobjective.com/espana/politica/2026-04-26/pp-correos-inmigrantes/?amp

No Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa Lansbrica en San Cibrao de Las

Visito esta mañá o Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa Lansbrica, un equipamento cultural de primeira orde que ten como referente ao emblemático xacemento de San Cibrao de Las, tamén coñecido como “A Cidade”.

Cómpre lembrar que este castro, situado a uns 20 quilómetros da cidade de Ourense, nos termos municipais de San Amaro e Punxín, conta xa co máximo réxime de protección como ben representativo do patrimonio arqueolóxico de Galicia ao terse iniciado, en maio de 2025 o expediente de incoación para declarar o conxunto como Ben de Interese Cultural.

Esta declaración fundaméntase no seu interese científico e na súa importancia histórica e arqueolóxica, sendo un dos xacementos máis sobranceiros e coñecidos da Comunidade Autónoma, como elemento crucial da Idade do Ferro. Así o expediente aínda en marcha destaca que a súa integridade preservouse de forma excelente, sen que se vise afectada substancialmente a súa morfoloxía ao longo dos varios séculos de historia desde ou seu abandono.

Foi precisamente esta singularidade a que fixo que a Xunta de Galicia o escollese para crear o Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, un centro de interpretación para difundir este coñecemento entre a poboación e os visitantes que recibe cada ano máis de 10.000 persoas.

En setembro de 2025 coñeceuse a nova de que A Xunta de Galicia adquirirá unha superficie de 15 hectáreas no ámbito do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa por un importe de 241.962,43 €. 

Así o anunciou o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, tras asinar o acordo co representante da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Cristimil e A Torre, Modesto Rodríguez, propietarios dos terreos.

Tal e como explicou o representante do Goberno galego, o Parque Arqueolóxico conta cunha superficie total de 20 hectáreas, das cales 15 pertencen a esta Comunidade de Montes. “Trátase dun terreo que inicialmente foi cedido á Xunta de Galicia polo Concello e cuxa propiedade, posteriormente, foi outorgada á Comunidade de Montes pola vía xudicial”, informou antes de engadir que no ámbito desta superficie está localizado o centro de interpretación do Castro de San Cibrao de Las.

“Este xacemento é un dos máis destacados de Galicia polo seu tamaño, estado de conservación e a súa importancia tanto a nivel histórico como científico por iso para a Xunta de Galicia era unha prioridade poñer fin ao conflito”, precisou López Campos, engadindo que, deste xeito, “acadamos un acordo histórico para toda a Comunidade porque nos permite poñer en marcha un novo proxecto”. Así, tal e como subliñou, o documento asinado hoxe posibilita que se inicien os trámites da expropiación amigable e a declaración da prevalencia de utilidade pública destes terreos. “Este é un primeiro paso importante e o noso compromiso é que estea finalizado antes de que remate o ano 2026”, puntualizou.

Preguntamos por la enorme demora en la adjudicación por parte de ADIF del contrato para la redacción de proyectos de construcción de renovación del tramo Ourense – Guillarei de la línea do Miño

Estación de Gillarei

Los diputados CELSO DELGADO ARCE, ANA VÁZQUEZ BLANCO, ROSA QUINTANA CARBALLO, IRENE GARRIDO VALENZUELA, PEDRO PUY FRAGA y JUAN BAYÓN ROLO, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, acabamos de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que deseamos obtener respuesta por escrito. 

Dice así: 

“El BOE del 25 de julio de 2025 publicó el anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para la redacción de proyectos de construcción de renovación del tramo Ourense – Guillarei de la línea 810 Monforte de Lemos - Bifurcación Chapela. Expediente: 3.25/27507.0097.

El contrato, salió a licitación por 5.983.701,77 euros, contempla un plazo de duración es de 42 meses y afecta al tramo Ourense-Guillarei, de 96 km.

 

Señala el pliego de prescripciones técnicas que “la redacción de proyectos se va a dividir en tres bloques: Ourense-Filgueira (38 km), Filgueira-Arbo (24 km) y Arbo-Guillarei, incluyendo el nudo de Guillarei (34 km). El proyecto definirá las actuaciones necesarias en infraestructura y vía para su renovación, incluyendo mejoras en trincheras y desmontes y la renovación de todo el material de vía (balasto, traviesas y carril).

 

Asimismo, se efectuará un estudio de soluciones para dotar a las estaciones de Barbantes, Filgueira y Salvaterra de una vía apta para el estacionamiento de trenes de 750 m de longitud. Además, se diseñará la racionalización de vías y andenes del resto de estaciones del tramo.

El contrato, también contempla el diseño de adaptaciones y ajustes en la electrificación de la línea, para homogeneizarla en todo el trayecto”. 

 

Desde la fecha de publicación de la licitación en el BOE  ya han trascurrido, a fecha de hoy, más de 8 meses y no consta que haya tenido lugar la adjudicación del contrato. Lo último que conocemos es que el 15 de diciembre de 2025 se informó sobre el “resultado de la apertura del Sobre 2 tras aclaración”

 

Esta enorme demora que no ha sido explicada, sin duda va a ocasionar que este contrato aun cuando se llegue a adjudicar este año 2026 difícilmente los proyectos de construcción estarán redactados en 2030.

Desde San Amaro

¿Qué razones justifican la enorme demora en la adjudicación por parte de ADIF del contrato para la redacción de proyectos de construcción de renovación del tramo Ourense – Guillarei de la línea 810 Monforte de Lemos - Bifurcación Chapela?

¿En qué fecha de 2026 estima ADIF que estará formalizado con la adjudicataria el contrato para la redacción de proyectos de construcción de renovación del tramo Ourense – Guillarei de la línea 810 Monforte de Lemos - Bifurcación Chapela?

En Cortegada

A conselleira, María Martínez Allegue, reivindicou en Santander o Corredor Atlántico e o rescate da AP-9 como “infraestruturas fundamentais para a competitividade de Galicia

A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, reivindicou en Santander o Corredor Atlántico e o rescate da AP-9 como “infraestruturas fundamentais para a competitividade de Galicia". 

Allegue asistiu hoxe ao Foro do Arco Atlántico que impulsan a Cámara de Comercio de Cantabria e a ARCHAM (Asociación de Cámaras de Comercio do Arco Atlántico) e que se celebra nesta cidade. Neste foro participaron a presidenta da Comunidade de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, o lehendakari do Goberno vasco, Imanol Pradales, e contou coa presenza de representantes das Cámaras de Comercio de Galicia.

A conselleira subliñou que o Corredor Atlántico é prioritario para Galicia, insistindo na necesidade de obter información sobre o Plan Director que ofreza detalle actualizado sobre actuacións, investimentos e cronogramas que ata agora Galicia descoñece. Lembrou neste senso a esixencia da Xunta para a constitución dun Grupo de Traballo multilateral (Estado-Xunta-Adif-Renfe), un interlocutor directo con Renfe e compromisos concretos para que Galicia non quede relegada na rede europea de transportes.

Ademais, volveu esixir o rescate e transferencia da AP-9 para Galicia, criticando a falta de resposta do Goberno central a esta reivindicación. Neste senso, lembrou que o Parlamento de Galicia leva 15 anos reclamando a transferencia e o Ministerio non deu resposta ás 14 solicitudes de reunión remitidas nesta lexislatura para abordar a xestión da autoestrada. Allegue confía en que o Goberno central rectifique e aborde esta interlocución con Galicia, “porque necesitamos mais competitividade e cunhas infraestruturas estatais obsoletas é moi difícil”.

La Comisión Europea presenta AccelerateEU como reacción al conflicto en Oriente Próximo que está afectando fuertemente a los mercados energéticos mundiales

El pasado 22 de abril la Comisión Europea difundió un comunicado de prensa titulado "La Comisión propone medidas para proteger a los europeos de la crisis de la energía fósil y acelerar la transición hacia una energía limpia y autóctona"

Por su interés lo reproduzco aquí:

"Por segunda vez en menos de cinco años, los europeos están pagando el precio de la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados. AccelerateEU es el conjunto de instrumentos de la Comisión para proporcionar ayuda inmediata a los hogares e industrias europeos, especialmente a los más vulnerables, al tiempo que se sitúa a Europa en una senda constante hacia la independencia energética. Desde la escalada del conflicto en Oriente Próximo, la UE ha gastado 24.000 millones EUR adicionales en importaciones de energía debido al aumento de los precios, sin recibir una sola molécula adicional de energía.

La actual situación geopolítica es un claro recordatorio de que acelerar la transición hacia una energía limpia, segura y asequible es un imperativo económico y de seguridad. AccelerateEU presenta medidas tanto a corto plazo como estructurales con efectos a más largo plazo para seguir reduciendo la dependencia de los mercados volátiles de combustibles fósiles y reforzar la resiliencia de Europa frente a los riesgos futuros basados en la energía limpia autóctona y la electrificación.

En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: «Las decisiones que tomemos hoy configurarán nuestra capacidad para hacer frente a los retos actuales y a las crisis del mañana. Nuestra estrategia AccelerateEU aportará medidas de ayuda tanto inmediatas como más estructurales a los ciudadanos y las empresas europeos. Debemos acelerar la transición hacia energías autóctonas y limpias. Esto nos dará independencia y seguridad energéticas y nos permitirá capear mejor las tormentas geopolíticas».

La Comisión propone las siguientes acciones:

La coordinación es fundamental. La Comisión velará por que las medidas a nivel de los Estados miembros se lleven a cabo en plena coordinación. Esto incluye el rellenado de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas, el uso de mecanismos de flexibilidad en las normas de llenado o cualquier liberación excepcional de reservas de petróleo. Los grupos de coordinación del petróleo y el gas se reúnen con frecuencia para garantizar el pleno conocimiento de la situación entre los Estados miembros. Las medidas nacionales de emergencia y las medidas destinadas a garantizar la disponibilidad de carburorreactores y diésel, incluida la disponibilidad de capacidades de producción de refinerías de petróleo, deben coordinarse estrechamente.

Se creará un nuevo Observatorio de Combustibles para hacer un seguimiento de la producción, las importaciones, las exportaciones y los niveles de existencias de combustibles para el transporte en la UE. Esto permitirá detectar rápidamente posibles situaciones de escasez y, en caso de liberación de reservas de emergencia, fundamentar medidas específicas para mantener una distribución equilibrada del combustible. Para mitigar el impacto de los elevados precios del combustible y la posible escasez de combustible en el sector de la aviación de la UE, la Comisión también aportará claridad sobre las flexibilidades existentes en el marco de la aviación de la UE.

Medidas oportunas, específicas y temporales. La protección de los consumidores, incluida la industria, frente a los picos de precios puede incluir sistemas específicos de apoyo a la renta, bonos energéticos y sistemas de arrendamiento social, así como la reducción de los impuestos especiales sobre la electricidad para los hogares vulnerables. La Comisión también adoptará un Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal, que proporcionará flexibilidad adicional a los gobiernos nacionales, incluidas medidas de emergencia para apoyar a los sectores económicos más expuestos.

Acelerar la transición hacia una energía limpia autóctona para sustituir el petróleo, el gas y los combustibles fósiles para el transporte. A más tardar en verano, la Comisión presentará un plan de acción para la electrificación. Incluirá un ambicioso objetivo de electrificación y medidas para eliminar los obstáculos a la electrificación de los sectores industrial, del transporte y de la construcción. La rápida aplicación del Plan de Inversiones para un Transporte Sostenible es fundamental para acelerar el despliegue de combustibles de aviación sostenibles.

Reforzar el sistema de redes. La electrificación debe ir acompañada de una red que sea adecuada para su finalidad. Los primeros pasos consisten en garantizar la plena aplicación de la legislación vigente y la rápida conclusión de las negociaciones sobre el paquete de medidas sobre las redes eléctricas europeas. Otra acción es maximizar las infraestructuras de energías renovables existentes. La rápida repotenciación de los grandes parques eólicos y las centrales de energías renovables, incluidos los parques eólicos marinos y las centrales hidroeléctricas, puede proporcionar rápidamente un alivio adicional muy necesario. La Comisión también presentará una propuesta legislativa sobre las tarifas de acceso a la red y la fiscalidad, garantizando, entre otras cosas, que la electricidad tribute menos que los combustibles fósiles.

Impulsar las inversiones. Se dispone de recursos significativos a escala de la UE, como los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR: 219 000 millones EUR) y los fondos de la política de cohesión. En la crisis actual, la rapidez y el impacto son primordiales. La Comisión ayudará a los Estados miembros a aprovechar al máximo la financiación disponible de la UE. Sin embargo, el dinero público por sí solo no cubrirá las importantes necesidades de inversión (660 000 millones EUR anuales hasta 2030) para la transición energética. Por consiguiente, para movilizar inversiones privadas, la Comisión adoptó una Estrategia de Inversión en Energía Limpia en marzo de 2026. La Comisión organizará una Cumbre de Inversión en Energía Limpia que reunirá al sector de los servicios financieros, incluidos los principales inversores institucionales, líderes industriales, promotores de proyectos y financiadores públicos para acelerar la financiación privada.

Antecedentes

La Comunicación AccelerateEU de hoy responde a la petición formulada por los jefes de Gobierno de la UE en el Consejo Europeo del 19 de marzo de presentar «un conjunto de medidas temporales específicas para hacer frente a las recientes subidas bruscas de los precios de los combustibles fósiles importados como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo».  Forma parte de la respuesta dinámica de la Comisión, que evolucionará a medida que evolucione la situación". 

Consejo Europeo informal que celebrado en Chipre los días 23 y 24 de abril. 

En esta reunión y a raíz del conflicto en Oriente Próximo, los líderes de la UE debatieron su impacto en los precios de la energía y los combustibles fósiles en Europa.

Y debatieron la comunicación de la Comisión «AccelerateEU», que surgió como respuesta al llamamiento de los líderes de la UE para que se adoptaran medidas destinadas a resolver la crisis en la anterior reunión del Consejo Europeo celebrada el 19 de marzo de 2026.

El presidente Costa  subrayó la importancia de la coordinación y destacó que la UE debe acelerar su transición energética y el despliegue de fuentes de energía limpia de origen propio para garantizar la seguridad energética.

La próxima semana se debatirá la convalidación del Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte.

En el pleno del Congreso de la próxima semana, en concreto el jueves 30 de abril, se debatirá la convalidación del Real Decreto-ley 9/2026 de 14 de abril de medidas urgentes en materia de transporte. 

Pretenden ayudar a paliar el impacto de la guerra en Oriente Próximo y, en concreto, el incremento en el precio del combustible.

Las nuevas medidas afectan al sector del transporte por carretera, ferroviario y marítimo de mercancías, y completan las contempladas en el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado el pasado 20 de marzo, en el que se estableció una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y otras ayudas directas a los transportistas. 

Este real decreto-ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva, conformada por cuatro artículos, divididos en dos capítulos, y cinco disposiciones finales.

En el capítulo I se introducen diversas modificaciones en la normativa reguladora del transporte de mercancías por carretera.

En primer lugar, se modifica la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, con el fin de reforzar la transparencia y obligatoriedad en la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible, garantizando su adecuada traslación a la factura y dotando de mayor seguridad jurídica a las relaciones contractuales.

Asimismo, se revisan las condiciones generales de contratación contenidas en la Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, para actualizar la fórmula de revisión del precio del transporte en escenarios de elevada volatilidad del precio del gasóleo y asegurar una respuesta automática y proporcionada ante incrementos sustanciales del coste del combustible.

Estas medidas se complementan con una modificación, en la disposición final primera, de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, reforzando su régimen sancionador a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de estas obligaciones.

El capítulo II establece un sistema de ayudas directas para las empresas ferroviarias dedicadas al transporte de mercancías, con el objetivo de compensar el incremento extraordinario de los costes derivados de los productos petrolíferos ocasionado por la crisis internacional.

Dichas ayudas se articulan para el ejercicio 2026 y se condicionan al número de locomotoras diésel en explotación de cada empresa ferroviaria.

Asimismo, se aprueban créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para financiar la línea de ayudas prevista en este capítulo.

La disposición final primera modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, reforzando su régimen sancionador a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones recogidas en el capítulo I de este real decreto ley. La disposición final segunda prevé una modificación parcial del Real Decreto ley 7/2026, de 20 de marzo, en dos ámbitos.

Por una parte, se incluye expresamente a los taxis adaptados (o eurotaxis) al régimen extraordinario y temporal de ayudas directas para sufragar el precio de determinados productos energéticos para las empresas de transporte por carretera que no se beneficien de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional.

Por otro lado, se introduce una modificación del artículo 61, con el objetivo de ampliar el ámbito subjetivo de las ayudas previstas a los servicios de transporte marítimo regular, incluyendo expresamente a los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos Balear y Canario, de Ceuta y de Melilla, y entre puertos de los Archipiélagos, junto a los ya contemplados de pasaje y de pasaje y carga rodada en régimen de pasaje.

La disposición final tercera recoge una cláusula de salvaguarda que permite que las modificaciones introducidas en normas reglamentarias puedan ser ajustadas mediante otras normas del mismo rango.

Finalmente, la disposición final cuarta determina los títulos competenciales que habilitan la aprobación de este real decreto-ley y en la disposición final quinta se establece su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».