martes, 24 de febrero de 2026

La seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa, la libertad de Ucrania es la libertad de Europa, y el futuro de Ucrania está en Europa


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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino ante el Parlamento Europeo en una sesión plenaria extraordinaria el martes, cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa. 


Al dar inicio a un pleno extraordinario para conmemorar el cuarto aniversario de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola señaló: «Cuatro años después, el Parlamento Europeo no ha defraudado a Ucrania. Porque sabemos que cuando permanecemos unidos, Ucrania y Europa se mantienen fuertes. La seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa, la libertad de Ucrania es la libertad de Europa, y el futuro de Ucrania está en Europa».

En su discurso a los eurodiputados desde Kiev, el presidente Zelenski expresó su gratitud por el continuo apoyo del Parlamento Europeo a Ucrania, afirmando que «sentimos sinceramente que muchos europeos se preocupan por lo que sucederá en Ucrania (...) nunca elegimos esta guerra, no la provocamos y estamos haciendo todo lo posible para detenerla».Destacó que la «dictadura mentalmente inestable» de Vladimir Putin en Moscú supone una amenaza agresiva tanto para sus vecinos como para Europa, y que el propio Putin es simplemente incapaz de aceptar una cosa muy sencilla: «que en algún lugar la gente pueda vivir de otra manera y disfrutar de una vida que no es la que él prefiere».

El presidente Zelenski también subrayó la necesidad de garantías de seguridad creíbles para Ucrania para impedir que Rusia avance en su agresión en Europa. Sobre la importancia de mantener «la unidad y la cooperación transatlánticas en las condiciones actuales», dijo que está agradecido a todos los que trabajan para preservar este vínculo de importancia mundial.

Además, subrayó la importancia de ejecutar el préstamo de 90 000 millones de euros de la UE para Ucrania y de dar a Ucrania una fecha clara para su adhesión a la UE. Si no hay fecha ni garantía, «Putin encontrará la manera de bloquear a Ucrania durante décadas, dividiéndolos a ustedes, dividiendo a Europa», añadió.

El presidente ucraniano afirmó que Europa debe comprender finalmente qué es lo que llena las arcas de Rusia y permite a Putin prolongar la guerra. También pidió sanciones severas, el fin de la dependencia europea de la energía rusa, la exclusión de los bancos rusos de Europa, medidas drásticas contra la evasión de sanciones y la flota fantasma de Moscú, y la denegación de entrada en Europa a los criminales de guerra rusos.

Rusia, sus dirigentes y Bielorrusia son responsables plenos de la guerra

En la resolución aprobada tras la intervención de Zelenski y de un debate entre los eurodiputados, el Parlamento condena de manera enérgica la guerra de agresión ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania, que describe como una violación flagrante del Derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Los eurodiputados consideran que Rusia, sus dirigentes y el régimen de la vecina Bielorrusia, desde donde Rusia lanzó ataques contra Ucrania, son plenamente responsables de la guerra, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. También denuncian la participación de los regímenes iraní y norcoreano en la contienda.

El Parlamento exige que Rusia ponga fin de inmediato a las acciones militares, se retire de todo el territorio ucraniano reconocido internacionalmente, libere a los prisioneros de guerra y a los civiles deportados (incluidos niños) y deje de vulnerar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Los eurodiputados también reiteran que seguirán sin reconocer ningún territorio ucraniano ocupado como ruso.

Garantías de seguridad sólidas y creíbles para Ucrania

En el texto, el Parlamento afirma que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea y apoya la aceleración de su integración en el mercado único. Los eurodiputados también instan a la UE a prepararse para la futura ampliación mediante reformas institucionales internas. Piden asimismo que la Unión y los miembros asuman una mayor responsabilidad en cuanto a la seguridad europea y que aumenten el apoyo militar, político y diplomático a Ucrania.

Los eurodiputados afirman además que un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia debe estar respaldado por garantías de seguridad sólidas y creíbles para Ucrania, comparables al artículo 5 de la OTAN y al artículo 42, apartado 7, del Tratado de la UE, y que cualquier acuerdo de este tipo también debe respetar el Derecho internacional, garantizar la rendición de cuentas, incluir reparaciones y no limitar el derecho de Ucrania a la legítima defensa o sus opciones de alianza. También subrayan que no debe decidirse nada sobre Ucrania sin Ucrania, ni sobre Europa sin Europa.

El texto acoge con satisfacción las nuevas iniciativas multinacionales de seguridad para Ucrania, incluida la propuesta de una «fuerza deseguridad» por parte de los aliados occidentales de Ucrania combinada con garantías de seguridad, pero expresa su preocupación por que dichas garantías solo vayan a aplicarse una vez acordado un alto el fuego. Los eurodiputados también expresan su preocupación por el enfoque actual de los Estados Unidos en las negociaciones de paz,que parece dar prioridad a los acuerdos a corto plazo y al mantenimiento de la «estabilidad estratégica» con Rusia en lugar de conversacionesde paz auténticas que conduzcan a una paz global, justa y duradera basada en los principios del Derecho internacional.

El Parlamento insiste en acabar con la dependencia de la UE de la energía rusa

La resolución también pide un aumento de las sanciones contra Rusia y seguir avanzando en la eliminación progresiva de las importaciones de energía rusa. Si bien acogen con satisfacción el progreso respecto al gas y el petróleo, los eurodiputados reclaman más esfuerzos con relación a otras fuentes de energía rusas, incluidos todos los productos derivados del petróleo, el uranio, el uranio enriquecido y el combustible y los servicios nucleares. El Parlamento recalca también que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 no deben reactivarse nunca, y pide su desmantelamiento permanente como una cuestión de seguridad estratégica.

La Cámara demanda que se amplíen las sanciones contra las instituciones y los funcionarios rusos implicados en crímenes de guerra e insta a los Estados miembros a tomar medidas para evitar la elusión de las sanciones. Los eurodiputados también quieren que se prohíba la entrada en la zona Schengen al personal militar ruso implicado en la guerra y que se incluya al Grupo Wagner y a sus entidades sucesoras en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

El texto fue aprobado por 437 votos a favor, 82 en contra y 70 abstenciones.

El PP denuncia cuatro años de retraso en el enlace de Ribela


Varios medios de comunicación se hicieron eco de la decepcionante respuesta que dio el Gobierno a nuestra preguntas sobre los motivos que justifican que cuatro años después de la aprobación por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) del expediente de información pública y definitivamente del proyecto de trazado de “Mejora de la Seguridad Vial en la intersección de Ribela. Construcción de un enlace y reordenación de accesos en la carretera N-525. km 244+368. T.M. de Coles, Ourense”, todavía no haya constancia de que se haya aprobado el proyecto de construcción.

Así el diario La Voz de Galicia publicó una información titulada “Culpan al Gobierno del retraso en el proyecto de enlace de Ribela en la N-525”.

Y el diario “La Región” titula “El PP denuncia cuatro años de retraso en el enlace de Ribela”


Debatiendo sobre medidas para favorecer la formación de pilotos expertos en emergencias aéreas.



Intervine esta mañana en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para fijar la posición del GPP en relación con la PNL del GPS sobre medidas para favorecer la formación de pilotos expertos en emergencias aéreas.

Comencé diciendo que el presidente Pedro Sánchez lleva 7 años y ocho meses al frente del gobierno de España, pero que ni él ni los tres ministros de Transportes que nombró (Ábalos, Sánchez y Puente), ni las tres ministras de Educación y Formación Profesional (Isabel Celáa, Pilar Alegría y Milagros Tolón) han sido capaces de abordar la problemática de la escasez de pilotos especializados en trabajos aéreos, esenciales para combatir incendios, realizar evacuaciones médicas y operaciones de salvamento marítimo, lo que pone en riesgo la capacidad de respuesta de España ante emergencias

Y que tampoco han abordado medidas para favorecer la formación de pilotos expertos en emergencias aéreas. Eso constituye un fracaso absoluto ,Así que ahora en el tramo final de la legislatura el GPS nos trae una PNL genérica y voluntarista para instar al Gobierno que apoyan.

Dije que hay un problema de falta de candidatos para cubrir las necesidades del pilotaje e aeronaves de emergencias pese a que es una profesión que garantiza  el 100% de empleabilidad.

Señalé que convertirse en piloto de trabajos aéreos en España supone un desembolso que oscila entre 70.000 y 100.000 euros y que sin subvenciones públicas significativas actúa como una barrera financiera insalvable para muchos aspirantes. 

Aposté por la colaboración pública-privada, al igual que las organizaciones de pilotos: Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas que reclaman ayudas para democratizar el acceso a la profesión. 

Un modelo de formación de financiación público-privada que cuente con ayudas gubernamentales y también opciones de financiación por parte de la industria.

Votamos a favor de la PNL que resultó aprobada por 31 votos, con tres en contra y dos abstenciones.



El Gobierno de Sánchez y Puente vuelve a mentir a los usuarios del tren de A Gudiña, al negar la recuperación de las paradas suprimidas que avnzaron tendría lugar a principios de 2026

 

Los diputados del Partido Popular en el Congreso por la provincia de Ourense, Celso Delgado, Ana Vázquez e Rosa Quintana, registraron el 17 de diciembre de 2025 una nueva pregunta por parlamentaria, que decía:

Quedan pocos días para finalizar  2025 y sigue sin producirse ninguna rectificación por parte de RENFE y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) de la injusta decisión tomada el 9 de junio de suprimir paradas de los trenes AVE en la estación Porta de Galicia de A Gudiña.

Desde aquella fecha los miles de usuarios de esa estación no tienen más alternativa matinal para viajar a Madrid que tomar un AVLO a las 12:08 que llega a la capital a las 14:08. Y si quieren regresar el mismo día el último tren sale a las 18:06 para llegar a  A Gudiña a las 20:02. Un auténtico disparate de horarios. Irracionales, inútiles y discriminatorios para los habitantes del medio rural, pues antes del del 9 de junio los usuarios de la estación de la terminal Porta de Galicia así como los de Sanabria  podían subirse a un tren AVE y llegar a Madrid a las 10:34 horas y así podían realizar actividades en la capital por ejemplo tratamientos médicos, consultas actividades administrativas, empresariales, formativas etc. o bien por ejemplo transbordar a trenes con destino a otros corredores ferroviarios o tomar un avión en Barajas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el 14 de diciembre fue entrevistado en el “Diario de Valladolid-El Mundo” respondiendo también a preguntas sobre una futura solución a la supresión de paradas de AVE en la estación de Sanabria.

El ministro siguió con su discurso triunfalista de que tras la supresión de dos paradas hay un 30% más de personas que suben y bajan en esta estación, pero añadió que “no obstante, nosotros tenemos ahora que adoptar, hacer algún cambio en las comunicaciones con Lugo y eso nos va a servir probablemente, y algo que anunciaremos en breve, para poder poner una frecuencia pronto por la mañana, sobre todo de comunicación vía alta velocidad con Zamora, que es lo que más reclaman, porque dicen que esa frecuencia es la que más se utilizaba para ir al médico, las gestiones que tenía que hacer la gente en Zamora, y también va a servir para conectar con otros servicios de alta velocidad”. Y preguntado por el periodista sobre si se refería a un tren Avant Orense-Zamora, respondió que:” Yo el término Avant preferiría no utilizarlo, porque el Avant tiene unas connotaciones de obligación de servicio público que no sé si vamos a tener margen para utilizar. Pero sí que estamos trabajando en esa conexión que al final lo que hará será devolverle a Sanabria las ocho frecuencias día que tenía. Eso es en lo que en lo que estamos trabajando.”

Es evidente que si finalmente RENFE y el MITMS rectifican será por la enorme presión ejercida por las plataformas de usuarios y por los representantes políticos y sociales de las comarcas que utilizan las estaciones intermedias del corredor ferroviario de alta velocidad Galicia-Madrid y muy especialmente los de la estación de alta velocidad de A Gudiña-Porta de Galicia y de Sanabria.

Y en consecuencia la recuperación de las paradas suprimidas, de producirse mediante la implantación de una nueva frecuencia desde Lugo u otra fórmula, deberá beneficiar también a la estación ourensana de A Gudiña donde toman los trenes miles de usuarios de las comarcas ourensanas de Monterrei, Viana, Valdeorras, Trives, Conso-Frieiras, y A Limia; amén de viajeros de las comarcas fronterizas de Portugal.

Por todo lo anterior preguntamos,

¿Rectificará RENFE y el MITMS la injusta decisión de suprimir desde el 9 de junio las paradas de trenes en las estaciones intermedias del corredor ferroviario de alta velocidad Galicia-Madrid y muy especialmente en la estación de alta velocidad de A Gudiña-Porta de Galicia y en consecuencia procederá a restablecer  en enero de 2026 las frecuencias eliminadas?"

La respuesta del Gobierno llegó el  23 de febrero de 2026: 

Renfe reforzó el pasado 9 de junio la conexión Galicia-Madrid con nuevos trenes, más plazas y reducción en los tiempos de viaje.

Así, la Operadora ha incrementado a 11 las circulaciones semanales y ha ampliado la oferta hasta alcanzar las 68.700 plazas, lo que supone un crecimiento del 109,3 % respecto a la oferta previa a la incorporación del modelo S106 (mayo de 2024). Esta mejora refleja el firme compromiso de Renfe con la vertebración territorial y la movilidad sostenible.

Además, la reorganización del servicio ha permitido reducir los tiempos de viaje entre 15 y 22 minutos, mejorar la puntualidad y ampliar la oferta de servicios AVLO, lo que se traduce en más opciones, mejores precios y una experiencia de viaje más competitiva para los ciudadanos.

En el caso concreto de A Gudiña, pese a representar actualmente solo el 0,69 % de la demanda total del corredor, el nuevo esquema de servicios refuerza la oferta de plazas y garantiza la movilidad diaria de sus habitantes.

Gracias a la incorporación de los trenes S106, con más de 500 plazas por unidad, la oferta de plazas se incrementa en un 35 % en un día laborable tipo. Además, la distribución homogénea de los servicios —con salidas por la mañana, al mediodía y por la tarde— asegura una cobertura equilibrada a lo largo del día, facilitando los desplazamientos cotidianos y contribuyendo a la cohesión territorial.

No obstante, Renfe revisa periódicamente sus estudios de demanda. Si se detecta que la oferta no se ajusta a las necesidades de los viajeros, se analizarán las posibilidades técnicas para adecuarla, siempre bajo criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad”.

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA

La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez acredita que no tienen voluntad alguna de reponer las paradas suprimidas en la estación de A Gudiña y en Sanabria.

Por el contrario se reafirman en considerar que los usuarios de A Gudiña han visto "reforzada  la movilidad diaria" y que "la cobertura equilibrada a lo largo del día, facilita los desplazamientos cotidianos y contribuyen a la cohesión territorial"

Unas manifestaciones gubernamentales que son  insultantes y ofensivas a las justas demandas de los habitantes de las comarcas ourensanas y zamoranas  afectadas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no ha cumplido lo que afirmó el  el 14 de diciembre de 2025 cuando fue entrevistado en el “Diario de Valladolid-El Mundo” y afirmó que “anunciaremos en breve, poder poner una frecuencia pronto por la mañana, sobre todo de comunicación vía alta velocidad con Zamora y devolver a Sanabria las ocho frecuencias día que tenía. Eso es en lo que en lo que estamos trabajando.”

Y Puente volvió a incumplir lo que dijo el pasado mes de enero cuando aseguró que A Gudiña y Puebla de Sanabria recuperarían el tren matutino que había suprimido Renfe. Según explicaba, "se valoraba aprovechar la puesta en marcha de la nueva conexión electrificada con Lugo a primera hora de la mañana y hacer parada en A Gudiña y en Sanabria con un Alvia de alta velocidad". 

En definitiva, una mentira más del ministro Óscar Puente, aunque esta es todavía más grave ya que llega después de avanzar que a principios de este año 2026 se recuperaría la parada matinal suprimida el 9 de junio que permitía llegar a Madrid a las 10:34.

Asistimos a un desprecio mayúsculo a los miles de usuarios de las comarcas ourensanas de Monterrei, Viana, Valdeorras, Trives, Conso-Frieiras y A Limia. “Ocho meses  después si quieren tomar por las mañanas el tren desde la estación de A Gudiña no tienen más opción que tomar un AVLO a las 12:06 para llegar a Madrid-Chamartin a las 14:08.  “Es indignante que se diga que estos horarios garantizan la movilidad y que contribuyen a la cohesión territorial” afirmo.



El PP alerta que Correos liquida patrimonio para «maquillar» sus cuentas tras una venta millonaria opaca

 


Hoy el diario digital “El Debate” publica una información de Ramiro Fernández-Chillón titulada “El PP alerta que Correos liquida patrimonio para «maquillar» sus cuentas tras una venta millonaria opaca” y subtitulada “
La empresa pública española ha enajenado la hasta ahora sede de la compañía en Bilbao. «El inmueble fue tasado en 10.159.730,04 € y salió a subasta en septiembre con un precio mínimo de venta de 13.500.000 €, desconociéndose cuál ha sido el precio final de adjudicación», han señalado los 'populares'”

En ella se hace eco de unas preguntas parlamemtarias registradas por diputados del GPP en el Congreso.

Dice así:

“El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una ofensiva parlamentaria —a través de dos baterías de preguntas escritas, a las que ha tenido acceso El Debate— en las que exige explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez sobre el «patrimonio inmobiliario» de Correos tras vender por un precio millonario —que no ha trascendido— la hasta ahora sede central de Correos en Bilbao.

Así pues, fuentes del PP en la Cámara Baja han explicado a El Debate que «ha trascendido por los medios de comunicación que la sociedad 'Dauber Hoteles' vinculada a Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners en Europa, adquirió en pública subasta el edificio que hasta ahora albergaba la sede central de Correos en Bilbao».

«Se trata de un edificio de 5.834,00 m² construidos sobre un solar de 1.253,75 m² según Registro, situado en Alameda de Urquijo, n.º 19 de Bilbao, propiedad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. Un inmueble con casi un siglo de historia, construido en 1927 por el arquitecto Secundino Zuazo, referente de la arquitectura española del siglo XX, una joya patrimonial de la Villa que parece ser que se pretende destinar a un hotel de lujo», han añadido.

Además, han subrayado que el «inmueble fue tasado en 10.159.730,04 € y salió a subasta en septiembre con un precio mínimo de venta de 13.500.000,00 € (impuestos no incluidos), desconociéndose cuál ha sido el precio final de adjudicación». De hecho, la prensa local se ha hecho eco de que la empresa pública española no ha detallado cuál ha sido el precio final de la operación.

En este contexto, desde el PP en el Congreso han apuntado que «desconocemos la fecha de la tasación y los parámetros utilizados para determinar el valor del inmueble, pero según los índices de precios de esta zona, utilizando tablas de portales inmobiliarios, el valor de mercado de un inmueble de esta magnitud y ubicación en Bilbao, en el corazón de Abando, el precio estimado de mercado 'libre' podría situarse entre los 19 y 24 millones de euros, dependiendo del tipo de venta que se realice».

Por todo ello, las mismas fuentes han indicado que «Correos continúa en una peligrosa senda de pérdida de patrimonio público –iniciada en el mandato del anterior presidente (Juan Manuel Serrano) y continuada por el actual (Pedro Saura), ambos nombrados por el Gobierno socialista– mediante, entre otras iniciativas, un proceso de enajenación de activos inmobiliarios de carácter estratégico, algunos muy emblemáticos como el de Bilbao, no solo para favorecer a poderosos grupos inmobiliarios sino también para obtener ingresos extraordinarios para compensar resultados operativos negativos y, de este modo, maquillar y enmascarar la cuenta de resultados».

«En definitiva, Correos atraviesa una crisis estructural de modelo. Ni la etapa anterior logró preservar el patrimonio público ni la actual dirección está siendo capaz de revertir esa tendencia mediante un incremento sostenido de actividad e ingresos. En lugar de consolidar un proyecto sólido para la mayor empresa pública postal del país, se está recurriendo a ajustes, provisiones extraordinarias y venta de activos como mecanismo de equilibrio financiero, con el consiguiente riesgo de descapitalización progresiva y sin retorno de la compañía. La principal empresa pública postal del Estado no puede sostenerse a base de vender patrimonio y reducir estructura mientras se debilita su posición estratégica en el mercado», han agregado.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha resaltado que la compañía estatal «persiste en la política de venta de patrimonio público, siendo el último ejemplo la sede principal de Correos de Bilbao, con el consiguiente efecto de descapitalización y pérdida de imagen y coste reputacional de nuestra gran empresa pública postal».

Por todo ello, en sus preguntas –registradas por los diputados Celso Delgado Arce, Jaime de Olano Vela, Carmelo Barrio Baroja y Beatriz Álvarez Fanjul– el PP pide al Ejecutivo que detalle «qué criterios objetivos y estratégicos ha seguido la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. para considerar innecesario el inmueble sito en Alameda de Urquijo nº 19 de Bilbao», y «qué porcentaje del patrimonio inmobiliario total de Correos representa la operación de venta del edificio de Bilbao».

«¿Se destinará el importe obtenido a financiar inversiones productivas o a cubrir pérdidas operativas recurrentes? ¿Comparte el Gobierno la gestión de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. que en lugar de generar ingresos por la vía de incrementar la actividad, está procediendo a descapitalizar la compañía postal mediante continuas enajenaciones de su patrimonio inmobiliario, como es el caso del emblemático edificio de Bilbao? ¿Considera el Gobierno que la venta de patrimonio inmobiliario estratégico es compatible con un modelo de empresa pública sostenible a largo plazo? ¿Por qué no se ha informado a las organizaciones sindicales de Correos de la operación antes de realizarla?», señala el documento de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo.

Igualmente, se pide al Ejecutivo que manifieste la «metodología de valoración» de la sede de Bilbao. Sobre la opacidad de la venta, el texto recoge que «teniendo en cuenta la situación del inmueble, en la zona más cara de Bilbao, ¿cómo justifica la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. la realización de una propuesta de adjudicación con un valor de tasación notoriamente inferior al valor de mercado?».

lunes, 23 de febrero de 2026

O Consello da Xunta avaliou os prazos dos trámites pendentes, incompatibles coa promesa do Goberno central de conectar Galicia co norte de Portugal en 2032 e, menos aínda, co posterior anuncio de que estará rematada en 2030



O Consello da Xunta avaliou hoxe os prazos pendentes na execución da conexión de alta velocidade entre Galicia e o norte de Portugal, que se demoraría polo menos ata 2038 ante os atrasos na tramitación por parte do Goberno central no treito da saída sur de Vigo e no seu contiguo desde O Porriño ata a fronteira portuguesa. 

O Goberno galeno insistiu novamente en que os trámites pendentes fan incompatible a execución desta infraestrutura prioritaria co horizonte inicial de 2032 establecido polo Executivo estatal, especialmente, co posterior anuncio de que estará rematada en 2030.


No informe avaliado hoxe recóllese que só no que se refire á saída sur de Vigo a publicación do estudo informativo se ampliou dous anos sobre o prazo contractual inicial. Cómpre lembrar que no contrato asinado en xuño de 2023 se establecía un prazo de 18 meses ata decembro de 2024. 


En abril do ano pasado o Goberno central, a través do secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, indicaba que o estudo estaría listo antes do verán de 2025 pero, chegada esa data, o Comisionado do Corredor Atlántico rectificaba anunciando a súa publicación para antes de finais de 2025. Isto suporía un ano de demora sobre o prazo contractual ao que hai que sumar outro ano máis debido a que en novembro do ano pasado se ampliaba o período de redacción do estudo ata outono deste 2026. O motivo deste novo atraso débese a que o estudo acordado en 2023 non incluía as obras de supresión do paso a nivel do Porriño e o enlace co seguinte treito entre O Porriño e a fronteira portuguesa.


Polo tanto, trátase dun atraso evidente no estudo informativo, que demora aínda máis os outros trámites pendentes ata que a saída sur estea rematada. Ben que noutro informe avaliado o ano pasado nun consello da Xunta sobre esta conexión se sinalaba que a saída sur non estaría finalizada ata 2034, cos novos atrasos este horizonte prolongaríase aínda máis e non sería unha realidade ata 2037. Así, unha vez o estudo informativo se someta a información pública, que aínda está pendente, habería que esperar seis meses para proceder á tramitación ambiental. Este trámite suporía outros 18 meses, e a contratación e execución do proxecto construtivo, que pode prolongarse atres anos. A continuación, farían falta entre cinco e seis anos máis para a licitación e execución das obras, dada a súa complexidade.


Segundo estas estimacións, non sería posible polo tanto a promesa do Goberno central de conectar Galicia co norte de Portugal en 2032, e moito menos en 2030, e a saída sur de Vigo non estaría finalizada ata 2037. Por este motivo, desde a Xunta insístese na demanda dun calendario claro e dun programa de investimentos para a saída sur de Vigo, imprescindible para materializar esta infraestrutura estratéxica e ofrecer un servizo ferroviario do século XXI que conecte a Comunidade galega con Portugal.


Nesta liña, a semana pasada o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reuniuse co alcalde de Porto, Pedro Duarte, e agradeceulle o compromiso con esta infraestrutura, ao mesmo tempo que instou o Goberno central a axilizar as obras pendentes no territorio español. Ademais, o pasado venres, o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, mantivo unha reunión coa conselleira do Coordinador do Corredor Atlántico, Julie Buy, en que se lle entregou un documento coas prioridades de Galicia para acadar un desenvolvemento equilibrado do Corredor Atlántico, o que inclúe a conexión de alta velocidade entre Vigo e Porto.


No informe avaliado hoxe no Consello da Xunta tamén se abordou a materialización do seguinte treito para a conexión con Portugal entre O Porriño e a fronteira portuguesa. A finais de 2011 aprobouse o estudo informativo e non houbo avances ata o ano pasado, cando se licitou a redacción en xuño para proceder á súa adxudicación dous meses despois. 


Segundo os trámites e prazos necesarios para levar a cabo esta obra, a Xunta non estima que se atope operativo este treito antes de 2038. Ademais, cómpre lembrar que o Goberno de España e Portugal deben negociar a construción e o financiamento dunha nova ponte internacional.

O Consello da Xunta autorizou hoxe a interposición dun recurso contencioso-administrativo co obxectivo de obter a información remitida polo Goberno de España á Comisión Europea en relación co ditame sobre as prórrogas da concesión da AP-9


O presidente Alfonso Rueda deu conta de que o Consello da Xunta autorizou hoxe a interposición dun recurso contencioso-administrativo co obxectivo de obter a información remitida polo Goberno de España á Comisión Europea en relación co ditame sobre as prórrogas da concesión da AP-9.


A decisión prodúcese despois de que o Executivo autonómico recibise a resolución denegatoria do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable respecto do requirimento efectuado pola Xunta o pasado mes de xaneiro para que se facilitase a documentación, tras tres meses sen resposta desde a solicitude formulada para eses efectos.


A comezos deste mesmo mes de febreiro deuse conta no Consello da Xunta do informe relativo ao citado requirimento formulado ao Goberno estatal para coñecer a resposta remitida polo Ministerio á Comisión Europea en relación co ditame motivado, polo que esta solicitaba a España que se respectasen as normas comunitarias en materia de contratación, referíndose en particular á prórroga da concesión da AP-9.


Nese informe advertíase expresamente de que, de non obter contestación no prazo dun mes, a Xunta emprendería accións xudiciais.


A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas solicitara a finais de setembro de 2025 o acceso á información trasladada polo Estado a Bruxelas no marco do citado ditame. Transcorrido o prazo legal sen resposta, e efectuado o requirimento previo á vía xudicial, o Goberno central respondeu a este negativamente.


O Executivo galego subliña a enorme transcendencia deste asunto, tendo en conta que a Comisión Europea advertiu da posibilidade de levar España ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea se non adopta as medidas oportunas. Por iso, a Xunta considera imprescindible coñecer con detalle a posición defendida polo Estado nunha cuestión que afecta directamente os intereses de Galicia.


Non é a primeira vez que o Goberno central se nega ás peticións reiteradas daComunidade en relación coa AP-9. Desde o inicio da lexislatura, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas dirixiuse en múltiples ocasións ao Ministerio competente para abordar cuestións vinculadas á xestión da autoestrada e trasladoulle tamén os acordos parlamentarios unánimes do Parlamento de Galicia reclamando a gratuidade das peaxes e o rescate da concesión.


O Goberno galego insiste en que a solución na AP-9 pasa polo rescate e a transferencia da xestión da autoestrada. A Xunta elaborou os cálculos sobre o custo do rescate en relación coa permanencia da prórroga ata 2048, que plasmou nun estudo en 2024 que estimaba inicialmente a cifra en 2.331 M€, equiparables ao que suporía atender a política de bonificacións desenvolvida polo Goberno estatal ata esa data. Esta cifra foi actualizada en agosto de 2025, elevándose ata os 2.356M€, unha nova estimación en que destaca o incremento en 65M€ do lucro cesante da concesionaria, como consecuencia do aumento dos seus beneficios.


Coa interposición deste recurso contencioso-administrativo, o Executivo autonómico 

reafirma o seu compromiso coa defensa da transparencia, da legalidade e dos intereses de Galicia nunha infraestrutura fundamental para a mobilidade, a cohesión territorial e o desenvolvemento económico da comunidade.


O Goberno galego lembra tamén que mentres noutras zonas do Estado se está a proceder á reversión de autoestradas de peaxe, en Galicia continúase prorrogando unha concesión que considera lesiva para o interese xeral, debido á suba continuada das   peaxes e ao enriquecemento progresivo da concesionaria.

Vendo avances na estación intermodal de Ourense

 


Á espera de tomar un tren AVE con destino Madrid, desde a plataforma da estación de Ourense tiven a oportunidade de ver como marchaban as obras na praia de vías.

E puiden constatar como unha pa escavadora cargaba terra en varios camións. Fixen estas fotos

Agardo que isto sexa un síntoma de que se retoman unhas obras que como denunciamos fai poucas datas, dezanove meses despois do inicio formal, o Goberno afirmou que só se consumiu o 2,59 % do importe do contrato, o que acreditaba unha moi pobre execución.