El PIB registró una variación del 0,8% en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior en términos de volumen

El INE ha publicado hoy la Estimación avance de la Contabilidad Nacional Trimestral del cuarto trimestre de 2025.

Principales resultados

• El PIB registró una variación del 0,8% en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior en términos de volumen. Esta tasa fue dos décimas superior a la del tercer trimestre de 2025.
• La variación interanual del PIB fue del 2,6%, frente al 2,7% del trimestre precedente. La demanda nacional contribuyó con 3,6 puntos, mientras que la externa tuvo una aportación negativa de un punto.
• Por agregados de demanda, el gasto en consumo final de los hogares aumentó un 3,3% interanual (+0,1 puntos respecto al trimestre anterior), el de las AAPP un 1,7% (+0,1) y la formación bruta de capital un 6,5% (-1,7 puntos). Por su parte, las exportaciones aumentaron un 3,5% interanual (+0,7), y las importaciones un 6,9% (+0,2).
• Por el lado de la oferta, las ramas primariasdecrecieron un -1,3% interanual, las industrialesaumentaron un 2,8%, la construcción un 7,2% y losservicios un 2,8%.
• Las horas trabajadasvariaron un 2,2% interanual y el empleo en términos de ocupados equivalentes a tiempo completo, un 2,8% -en comparación con el 2,6% y el 3,3% del trimestre precedente-.
• La productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo disminuyó un -0,2% en tasa interanual, y la productividad por hora efectivamente trabajada aumentó un 0,4%.
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• Por agregación temporal de los cuatro trimestres, el crecimiento en volumen del PIB en el conjunto del año 2025 fue del 2,8%.
• La demanda nacionalcontribuyó con 3,6 puntos al crecimiento, tres décimas más que el año anterior. Por su parte, lademanda externa restó 0,8 puntos, esto es, un punto menos que en 2024.
• A precios de mercado, el PIB alcanzó los 1.685.783 millones de euros en 2025, un 5,7% más que en 2024

El PP exige en el Congreso que Montero y la cúpula de Correos aclaren la falta de información sobre el nuevo plan operativo y el contrato-programa.

Varios medios de comunicación se hacen eco de la nota de prensa difundida ayer por el Grupo Parlamentario Popular sobre las inciativas en materia de Correos que han sido registrada esta semana:

El digital "Demócrata" titula "El PP reclama que Montero dé explicaciones en el Congreso por la opacidad del nuevo plan operativo de Correos" y subtitula "El PP exige en el Congreso que Montero y la cúpula de Correos aclaren la falta de información sobre el nuevo plan operativo y el contrato-programa".

 Dice así:

"El PP ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria en el Congreso para exigir aclaraciones al Gobierno y, en particular, a la vicepresidenta María Jesús Montero, por la falta de datos y la “ausencia de transparencia” en torno al nuevo plan operativo de Correos, aprobado por ley en julio de 2025.

Durante la tramitación de la norma que modificaba el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la Cámara Baja incorporó una enmienda considerada ‘intrusa’ con el contenido del Acuerdo Marco suscrito entre Correos, Hacienda, la SEPI, UGT y CCOO, cuyo texto vio la luz en el Boletín Oficial del Estado del 29 de julio del pasado año.

Ese pacto incluía la hoja de ruta para asegurar la viabilidad futura de la empresa, prolongando su condición de servicio postal universal hasta 2030 y otorgándole la gestión de servicios financieros básicos. De este modo, Correos podía encargarse de trámites administrativos para la ciudadanía o facilitar el abono de impuestos y sanciones, con el objetivo de corregir las pérdidas acumuladas por la compañía, especialmente durante la presidencia de Juan Manuel Serrano.

Seis meses sin información del Gobierno

Transcurrido medio año desde la aprobación del acuerdo marco, el PP sostiene que “no ha recibido información alguna” sobre su despliegue ni sobre aspectos como la fijación de nuevas tarifas que trasladan parte del coste del Servicio Postal Universal (SPU) a la ciudadanía, el diseño del modelo de contabilidad del SPU o la situación del contrato-programa que debe ordenar los Servicios de Interés Económico General y las obligaciones financieras del Estado con Correos.

Para el Grupo Popular, esta situación constituye una “deslealtad institucional inaceptable” y “una preocupante ausencia de transparencia” que, según remarca, también afecta a CCOO, sindicato mayoritario en la compañía pública.

Ante este escenario, el PP ha optado por redoblar la presión en el Parlamento con el fin de aclarar el grado de desarrollo del acuerdo marco y denunciar el “silencio” del Ejecutivo sobre un asunto que, a su juicio, pone “en riesgo la estabilidad de la empresa, el empleo y la calidad del servicio postal público”.

Dado que Correos forma parte del grupo SEPI y este depende orgánicamente de Hacienda, la formación que lidera Núñez Feijóo ha solicitado la comparecencia, además de la vicepresidenta Montero, del presidente de Correos, Pedro Saura, y de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.

Interpelaciones y petición de documentación

Paralelamente, los diputados Celso Delgado y Jaime de Olano han registrado en el Congreso una batería de preguntas para conocer, entre otros extremos, si Correos planea implantar sin negociación colectiva un nuevo modelo operativo de alcance estatal “al margen de los acuerdos firmados en 2024 y 2025”.

En esas iniciativas, recogidas por Europa Press, los parlamentarios populares también cuestionan la existencia de posibles recortes encubiertos en la empresa y reclaman detalles sobre los nuevos servicios financieros básicos que presta Correos desde el 29 de julio de 2025, fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo marco.

Finalmente, Delgado y De Olano han formalizado una solicitud para acceder al contrato-programa suscrito por Correos y aprobado mediante ley, con el propósito de fiscalizar sus compromisos y el alcance real de las obligaciones asumidas por el Estado."

El PP presiona a Montero por el plan de Correos | Demócrata

 El digital "PRESS DIGITAL" titula "El PP exige que Montero acuda al Congreso ante la falta de información del nuevo plan operativo de Correos" y subtitula "Los de Alberto Núñez Feijóo también piden la comparecencia de los presidentes de la empresa postal y de la SEPI"

El PP exige que Montero acuda al Congreso ante la falta de información del nuevo plan operativo de Correos

Y esta es la información publicada por al agencia "EUROPA PRESS"

https://www.europapress.es/economia/noticia-ofensiva-parlamentaria-pp-falta-informacion-plan-viabilidad-correos-20260130105400.html

Ofensiva parlamentaria del PP en el Congreso pidiendo explicaciones al Gobierno por la falta de información y la ausencia de transparencia sobre el nuevo plan operativo de Correos, aprobado en julio de 2025.

El Grupo Parlamentario Popular registró ayer en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas y la solicitud de comparecencia urgente de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y del presidente de Correos, Pedro Saura, para que expliquen en sede parlamentaria los incumplimientos de los compromisos adquiridos con el Parlamento para garantizar la viabilidad de Correos y la correcta prestación de los nuevos Servicios de Interés Económico General.

Recordamos que el 25 de julio de 2025 ante la muy crítica situación económica y financiera de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. actuó con responsabilidad institucional permitiendo la aprobación en el marco de la Ley 6/2025 una enmienda que por medio de una disposición adicional modificaba la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

Se posibilitaba con ello atribuir a Correos la prestación de nuevos servicios públicos estratégicos y garantizar su posición como operador designado del Servicio Postal Universal (SPU) hasta 2030. Una decisión adoptada desde el interés general, con el objetivo de dar estabilidad a la empresa pública, asegurar su financiación y proteger el empleo, en un contexto especialmente grave tras años de una desastrosa gestión del Presidente anterior, Juan Manuel Serrano, nombrado por Pedro Sánchez atendiendo exclusivamente a criterios de amistad, a sabiendas de que no reunía condiciones de solvencia para gestionar la mayor empresa pública de España.

Esa enmienda no fue un gesto retórico. Iba acompañada de compromisos explícitos del Ministerio de Hacienda, de la SEPI y del presidente de Correos, que asumieron desarrollar de forma inmediata los instrumentos necesarios para su aplicación, informar al Parlamento de los avances y compartir las decisiones adoptadas. Lo que ha seguido a esos compromisos ha sido exactamente lo contrario: silencio, falta de información y una preocupante ausencia de transparencia.

Desde la aprobación de la enmienda, el Partido Popular no ha recibido información alguna sobre decisiones de enorme relevancia, como la definición de nuevas tarifas que trasladan una parte del coste del Servicio Postal Universal a la ciudadanía, el modelo de contabilidad del SPU o el estado del contrato-programa que debe articular los Servicios de Interés Económico General y las obligaciones financieras del Estado con Correos. 

Algo de lo que tampoco parece haber sido informadas las organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, sindicato mayoritario de la compañía.

Para el Partido Popular, esta actitud constituye una deslealtad institucional inaceptable, tanto hacia una empresa pública estratégica como hacia el propio Parlamento. Pero también hacia la plantilla de Correos, al ocultar medidas que impactan en su empleo y condiciones de trabajo, plantilla que, además, están sufriendo el incumplimiento de los compromisos laborales asumidos mientras se pretenden imponer contra la mayoría sindical decisiones unilaterales de enorme impacto, que afectarían a miles de centros y a decenas de miles de trabajadores, una forma de actuar que deteriora el diálogo social y compromete la credibilidad del Gobierno.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado iniciativas para que comparezcan en el Congreso. lavicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para explicar la agenda oculta del Gobierno con Correos y la deriva de la mayor empresa pública del país hacia un modelo pasivo y dependiente de subvenciones; la presidenta de la SEPI, como responsable de la tutela y el control de la empresa pública; y el presidente de Correos, para dar cuenta del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, tanto ante el Parlamento como ante la plantilla.

El Partido Popular considera inaceptable que, tras haber actuado con responsabilidad institucional y haber facilitado una reforma legal clave para el futuro de Correos, el Gobierno responda con silencio, opacidad y deslealtad, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, el empleo y la calidad del servicio postal público.

 

PREGUNTAS REGISTRADAS

¿Pretende la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales imponer sin negociación colectiva un “Nuevo Modelo Operativo” de alcance estatal al margen de los acuerdos firmados en 2024 y 2025 con los sindicatos?

¿Rectificará la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales su política de recortes encubiertos y procederá a la apertura de una negociación estatal real, con información completa y evaluación previa del impacto del nuevo modelo sobre el empleo y el servicio?

¿Desde el 29 de julio de 2025, cuál es el detalle de los nuevos servicios financieros básicos que ha implantado la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., en el merco de los Servicios de Interés General que le fueron atribuidos por la Ley 6/2025 modificativa de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal?

¿Desde el 29 de julio de 2025, cuál es el detalle de los nuevos servicios para facilitar el acceso universal a la Administración Pública que ha implantado la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., en el marco de los Servicios de Interés General que le fueron atribuidos por la Ley 6/2025 modificativa de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal?

¿En cumplimiento de lo previsto en la Ley 6/2025 de 28 de julio modificativa a su vez de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, en qué fecha ha suscrito la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. el contrato-programa plurianual que debería concretar las prestaciones y establecer las condiciones, adicionales a las del plan para la prestación del servicio postal universal, que justifican el abono de la compensación por estos?

¿Cuál es el contenido detallado del citado contrato-programa?

¿Antes de la firma del citado contrato-programa se ha realizado por el Ministerio de Hacienda anticipos a cuenta?

¿Se prevé en el citado contrato-programa que  los servicios de interés económico general se presten por las filiales de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.?

COMPARECENCIAS SOLICITADAS

De la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Belén Gualda y del presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., Pedro Saura.

MOTIVO DE LA COMPARECENCIAS:Informar sobre la implantación por parte de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., de los Servicios de Interés General que le fueron atribuidos por la Ley 6/2025 modificativa de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal y sobre el desarrollo del Acuerdo marco estratégico 2024-2028 para la recuperación, transformación y reposicionamiento estratégico de la empresa pública Correos suscrito el 22 de julio de 2024.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

“Contrato-programa suscrito por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. al que se refiere la «Disposición adicional octava. Uno. 4 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal”

 

En la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana

Asisto hoy desde las 10:00 horas a la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana que acoge la comparecencia de la ministra Isabel Rodríguez. 

De forma conjunta, la ministra dará cuenta, a petición propia, de la acción de su departamento y de las actuaciones de la Entidad Estatal CASA47; y explicará, a petición del Grupo Popular, las acciones que está desarrollando el Ministerio para “contener los precios del alquiler y la compraventa de vivienda en España y las últimas medidas implementadas para abordar la emancipación de los jóvenes”.

En este debate el portavoz adjunto del GPP en el Congreso, Sergio Sayas, culpó tanto a la ministra, Isabel Rodríguez, como a Pedro Sánchez de haber generado la crisis de vivienda en lugar de solucionarla. “La política de vivienda está basada en propaganda y postureo”, aseguró  y atribuyó al Ejecutivo el desinterés por los jóvenes y la vivienda, y estar centrado únicamente en conservar el poder.

• Criticó que la acción del Gobierno se limite a anuncios mediáticos, actos simbólicos y medidas repetidas sin implementación real, al tiempo que destacó que el fracaso del Ejecutivo es un diagnóstico compartido por todo el arco parlamentario, desde Sumar y Podemos hasta PP y Vox.

• Advirtió de la escalada histórica de precios bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la vez que denunció que la vivienda se ha encarecido un 13% en el último año. “¿Qué más necesita el Gobierno para reconocer que su política no está funcionando?”, se cuestionó.

• Lamentó el desprecio del Ejecutivo hacia el Congreso por ignorar el mandato parlamentario de derogar la Ley de Vivienda, insistió en exigir la dimisión dela ministra y reclama apostar por la construcción de más vivienda en lugar de intervenir el mercado.

• Reveló que el Gobierno no ha construido ninguna de los inmuebles prometidos, pese al déficit estructural de la vivienda y explicó que las medidas

anunciadas hace un año no se han puesto en marcha y se vuelven a presentar como nuevas.

• En referencia a la Operación Campamento afirmó que “se ha presentado esta operación como un ejemplo histórico de propaganda sin resultados reales durante décadas y ridiculizó la visita del Gobierno y de sus ministros a “una grúa, una puesta en escena sin soluciones posteriores”

• Criticó la creación de “Casa 47, con un coste millonario, 16.500 millones como un nuevo chiringuito público para propaganda y colocación de afines, “porque no beneficia a los jóvenes sino a las rentas altas”

• Lamentó las falsas promesas fiscales del Ejecutivo y su negativa a bajar el IVA de la vivienda y explica que el Gobierno ingresa más de 25.000 euros por cada vivienda vendida.

• Expuso las líneas maestras del PP en materia de vivienda para resolver la crisis: suelo, antiokupación, fiscalidad y avales y, por supuesto, “poner fin a la actual ley de vivienda”

O Parlamento de Galicia insiste na demanda ao Goberno central para que traslade toda a documentación sobre o expediente aberto pola Comisión Europea en relación coa AP-9

O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se demanda ao Goberno de España que dea traslado de toda a documentación relativa ao expediente aberto pola Comisión Europea en relación coa AP-9 e das comunicacións mantidas pola administración do Estado con este obxecto, ao tempo que adopte cantas iniciativas sexan precisas para facer efectivo o rescate da concesión da AP-9, por ser esta a alternativa máis vantaxosa para o interese público, e acordar a eliminación das peaxes.

 

“Non pedimos privilexios, senón que Galicia deixe de ser tratada como unha excepción incómoda e que se respecte o que este Parlamento galego leva anos reclamando por unanimidade”, manifestou o deputado popular Rubén Lorenzo, quen apuntou que “o rescate da AP-9 non é unha batalla partidista, é unha cuestión de dignidade territorial, de eficiencia económica e de xustiza social”.

 

OPORTUNIDADE HISTÓRICA

 

Rubén Lorenzo lembrou que a Comisión Europea foi clara: as prórrogas da concesión da AP-9 presentan irregularidades. “Ese ditame abría unha oportunidade histórica para que o Goberno de España actuase con responsabilidade e puxese fin a unha situación que prexudica aos galegos desde hai décadas, pero atopámonos con que o Goberno de Pedro Sánchez non fixo nada: nin transparencia, nin explicacións, nin acceso ao expediente europeo, malia ser solicitado pola Xunta en reiteradas ocasións”, indicou.

 

“Mentres tanto, Galicia fixo os deberes e a Xunta actualizou o estudo económico sobre o rescate da AP-9, que cuantifica esta decisión en 2.356 millóns de euros, un custo practicamente equivalente ao que o Estado terá que asumir en bonificacións ata o final da concesión”, destacou.

 

Ademais, o deputado popular recordou que Galicia, Asturias e Castela e León xa constituíron unha fronte común para reclamar o rescate da AP-9 e da AP-66, “tres gobernos que coinciden na mesma conclusión de que o rescate é ineludible, pero ante a que o Ministerio de Transportes segue sen responder ás cartas, ás solicitudes de reunión e ás peticións de información”.

 

Rubén Lorenzo lamentou, por último, que “Galicia segue a pagar as peaxes máis caras de España, mentres o Goberno central libera outras autoestradas en territorios gobernados polo PSOE”. En concreto, dixo que “nos últimos meses o Goberno de Pedro Sánchez cedeu a titularidade da AP-68 a Navarra, sen dilación nin escusas; liberou as peaxes na AP-7 en Alacante; e mantén bloqueada no Congreso o debate sobre a transferencia da AP-9, recorrendo ao filibusterismo parlamentario máis descarado”.

Reclamando al Gobierno información sobre incidencias, limitaciones operativas y retrasos sufridos por los usuarios en los últimos años en la red ferroviaria que atraviesa la provincia de Ourense

Hoy los diputados populares Celso Luis DELGADO ARCE, Rosa QUINTANA CARBALLO, Ana Belén VÁZQUEZ BLANCO, José Vicente MARÍ BOSO y Héctor PALENCIA RUBIO, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular registramos en el Congreso, la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

"Los españoles están sufriendo en los últimos años un continuo, progresivo e inadmisible deterioro de los servicios públicos competencia del gobierno de España. Entre ellos destaca la cronificación del caos ferroviario, que ha convertido en habituales retrasos, cancelaciones, vibraciones, roturas de catenarias, descarrilamientos, fallos en la infraestructura, fallos en los trenes, ausencia de información o la deficiente atención de los pasajeros.

La Disposición Adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular e incorporada a la Ley con el objetivo de recuperar la seguridad, la fiabilidad y la transparencia del sistema ferroviario, establece obligaciones claras y plazos concretos para hacer frente a la acumulación de incidencias, limitaciones operativas y retrasos sufridos por los usuarios en los últimos años.

Sin embargo, en los últimos días la acumulación de accidentes graves, avisos desoídos, cambios de velocidad contradictorios, o mentiras sobre los datos, han generado una lógica conmoción social en Ourense, obligando a realizar un ejercicio de control parlamentario riguroso, territorializado y basado en datos, que permita comprobar el grado real de cumplimiento de dicha disposición adicional en cada provincia y garantizar que la seguridad y la atención a los pasajeros vuelvan a situarse en el centro de la gestión ferroviaria.

Por ello, se formulan las siguientes preguntas al Gobierno:

1. ¿Cuántas limitaciones temporales de velocidad (LTV) se encuentran vigentes en la red ferroviaria de la provincia de Ourense, a fecha de respuesta?

2. Para cada una de las LTV vigentes en la provincia de Ourense, ¿Cuál es su ubicación exacta, indicando línea, tramo, punto kilométrico (PK), vía y sentido, así como la velocidad restringida y la velocidad nominal previa?

3. Para cada una de las LTV vigentes en la provincia de Ourense, ¿en qué fecha se implantó cada una de ellas?

4. Para cada una de las LTV vigentes en la provincia de Ourense, ¿Cuál es la causa que las motiva, especificando si deriva de incidencias en la infraestructura (vía, plataforma, talud, estructura, electrificación, señalización, comunicaciones, obras u otras) y el diagnóstico técnico que la sustenta?

5. ¿Han existido solicitudes en los últimos dos años de los sindicatos de maquinistas y/o ferroviarios o trabajadores, para reducir la velocidad en algún tramo de la provincia de Ourense? 

6. En caso de existir, para cada una de estas solicitudes en la provincia de Ourense, ¿Cuáles son? ¿A qué tramos se refiere? ¿Qué acciones se tomaron? ¿Se contestaron cada una de ellas?

7. En relación con la primera fase del Plan de Choque Extraordinario, prevista en la Disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, que debe aprobarse antes del 5 de febrero, ¿Cuáles son las medidas concretas a adoptar, el plazo de ejecución y el coste estimado para resolver cada una de las limitaciones temporales de velocidad existentes en la red ferroviaria de la provincia de Ourense?

8. En relación con la segunda fase del Plan de Choque Extraordinario, que debe aprobarse antes del 5 de abril tras un proceso de diálogo con el sector y con los grupos parlamentarios, ¿Cuáles son las medidas adicionales, con su plazo de ejecución y coste estimado, que el Gobierno prevé proponer e implementar en la red ferroviaria de la provincia de Ourense? ¿Se han incluido solicitudes de los sindicatos de maquinistas y/o ferroviarios, o trabajadores?

9. En relación con el plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias, que el Gobierno debe aprobar antes del 5 de febrero, y cuya ejecución corresponde al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

¿Qué medidas concretas se contemplan para su aplicación en las estaciones de la provincia de Ourense, y en los trayectos de los trenes que circulen por la provincia de Ourense, incluyendo los tiempos de reacción desde el momento en que se produce la incidencia, y detallando cómo se articularán, protocolizarán e identificarán las responsabilidades de ejecución, al menos en relación con la atención inmediata a personas vulnerables, la atención sanitaria, los desplazamientos alternativos, los rescates, el alojamiento y la manutención, así como la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sanitarios y de emergencias, las entidades públicas y las diferentes operadoras ferroviarias, e indicando igualmente la previsión de realización de simulacros para mejorar la coordinación y la práctica operativa en la provincia de Ourense?

10. En relación con el protocolo público de análisis de incidencias, que el Gobierno debe aprobar antes del 5 de febrero, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, aplicable a los retrasos superiores a 20 minutos derivados de incidencias en infraestructuras cuando estas no sean objeto de investigación por la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes, ¿Cómo podrán los ciudadanos de la provincia de Ourense acceder de forma efectiva, clara y comprensible a la información relativa a las causas de dichas incidencias y a las medidas correctivas adoptadas, y qué mecanismos concretos prevé el Gobierno para garantizar su publicación en un plazo inferior a un mes en la web de ADIF, conforme a lo establecido en dicha disposición adicional?

11.  ¿Cuántos trenes con parada en la provincia de Ourense han llegado con más de 20 minutos de retraso en cada uno de los años comprendidos entre 2022 y 2025, desglosando por estación, línea o relación, tipo de servicio y operador ferroviario?

En virtud del derecho reconocido en el artículo 111 de la Constitución Española y del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se solicita que cada una de las preguntas formuladas sea respondida de forma INDIVIDUALIZADA, PRECISA y COMPLETA, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de las funciones de control parlamentario y evitar una vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española."