Publica hoy el
digital TheObjective una información de Paloma Cervilla titulada: “El PP presiona a Correos para que aclare
si solucionará las deficiencias en la regularización” y subtitulada “Los populares quieren que se expliquen en el Congreso las
medidas que se van a poner en marcha”
Dice así:
“Grupo Parlamentario Popular presiona al Gobierno para que explique
las deficiencias que
se están detectando en Correos durante el proceso de regularización de inmigrantes. En
una amplia batería de preguntas registradas en el Congreso de los Diputados a
las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los populares se
centran en la infrautilización
de esta sociedad estatal, la improvisación y falta de información, la
ampliación y refuerzo de la plantilla, la formación de personal, las deficiencias en los medios técnicos, los
problemas en la cita previa y las medidas que va a adoptar el Gobierno.
En la exposición de motivos de las preguntas de los diputados Celso Delgado y Jaime de Olano, que
justifican estas petición de explicaciones, los populares recuerdan
que «el 15 de abril de 2026 la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos S.A. (Correos) informó en su
web que ‘colaborará en el proceso extraordinario de regularización
administrativa de personas migrantes tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 316/20226 de 14 de abril,
aprobado por el Gobierno, que modifica el
Reglamento de Extranjería y que está dirigido a
todas las personas en situación administrativa irregular y solicitantes de
protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero
de 2026 y hayan permanecido durante cinco meses de forma ininterrumpida’».
Además, añade la sociedad estatal que «desde el próximo lunes 20 de abril y
hasta el 30 de junio, 371
oficinas de Correos repartidas en capitales de provincia
y municipios con más de 50.000 habitantes de todo el territorio nacional,
permitirán presentar la solicitud de regularización de inmigrantes de manera presencial».
Correos declara que «el proceso de regularización de inmigrantes
se enmarca dentro de la prestación de los Servicios
de Interés Económico General (SIEG) asignada a Correos en
la modificación de la Ley Postal 43/2010 aprobada por el Congreso en julio de
2025, que reconoce a Correos como instrumento
idóneo del Estado para prestar servicios públicos
esenciales a toda la ciudadanía».
Por
ello, la primera de las cuestiones se refiere a lo que los populares consideran «infrautilización evidente
del potencial de la red pública postal». Correos, dice el PP, «cuenta con una
red de más de 2.300 oficinas, presencia en cerca de 8.000 municipios y una
estructura de miles de empleados públicos —en torno a 3.000 mandos intermedios
en esas oficinas y aproximadamente 7.000 trabajadores de atención al cliente
(ATC)— con experiencia directa en la gestión de servicios administrativos
complejos». Sin embargo, «esta capacidad estructural ha sido claramente
infrautilizada en el diseño del citado despliegue del
proceso de regularización»
La decisión de limitar la participación efectiva a
un número reducido de oficinas, 371, supone, en la práctica, una
infrautilización evidente del potencial de la red pública postal, indica el
Grupo Popular. En lugar de acercar la Administración a la ciudadanía mediante
el aprovechamiento de la capilaridad de Correos, se ha optado por un
modelo restrictivo que concentra la atención, incrementa
la presión sobre determinados centros y dificulta el acceso al servicio.
Tomando
como base estos antecedentes preguntan «cuáles son
las razones que han llevado a la dirección de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A., con Saura a la cabeza, a limitar la participación
efectiva de Correos a 371 oficinas en el proceso de regularización de
inmigrantes, pese a la capacidad de su red pública, y qué criterios se han seguido para adoptar esta decisión».
La segunda pregunta se refiere a «la improvisación y falta de
información». Según sus informaciones, «la actuación de Correos en relación al
desarrollo del citado proceso de regularización lejos de responder a una
planificación anticipada ha estado caracterizada por el retraso, la falta de
información y una gestión improvisada hasta el último momento», Aunque el
proceso de regularización era conocido desde al menos un par de meses antes de
su aprobación formal, dicen los populares, «Correos no trasladó información alguna ni a la representación
sindical ni a la plantilla y esa situación de opacidad se prolongó
durante semanas, generando incertidumbre en la organización y obligando a los
trabajadores a conocer los detalles del proceso a través de los medios de
comunicación, en lugar de mediante los canales internos de la empresa».
No fue
hasta el 14 de abril, en la víspera de
la aprobación del Real Decreto, «cuando Correos convocó a
las organizaciones sindicales a una reunión informativa, pero sin la
documentación necesaria para evaluar adecuadamente el impacto del proceso»,
señalan en su pregunta. En paralelo, «la formación del personal, la
habilitación de sistemas y la organización del trabajo se han abordado en
plazos extremadamente reducidos, en ocasiones coincidiendo con el propio inicio
del servicio, lo que ha incrementado la sensación
de falta de planificación y ha trasladado a la
estructura operativa la responsabilidad de resolver, en tiempo real, los
problemas derivados de la implementación».
En definitiva, «la cronología del proceso evidencia que Correos no ha estado a la altura de una actuación de esta envergadura» y
que «la ausencia de previsión, el retraso en la interlocución, la falta de
información y la gestión improvisada han configurado un despliegue que ha recaído,
una vez más, en la capacidad de respuesta de la plantilla». En este sentido, se
interesan por conocer «cuáles son las razones, según la Dirección de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Pedro Saura como máximo
responsable, que
explican la falta de planificación previa, la
insuficiente información y el retraso en la interlocución con la plantilla y
sus representantes sindicales en la implementación del proceso de
regularización en Correos».
Falta de previsión
El tercer foco de interés se centra en «la ampliación y refuerzo
de plantilla», ya que, según sus informaciones, «la implementación del proceso
de regularización en Correos presenta un conjunto de deficiencias concretas que
afectan de manera directa a la organización del trabajo, a la calidad del
servicio público y a las condiciones laborales de la plantilla». Unas
deficiencias que «no son puntuales ni aisladas, sino que responden a un patrón común de falta de previsión, insuficiencia
de medios y gestión improvisada».
El despliegue del proceso se ha abordado «sin un
dimensionamiento real de las necesidades de personal, al
margen de que se ha optado por un número ‘seguro’ —reducido— de oficinas, lo
que evidencia el reconocimiento implícito de la cúpula directiva de no haber
preparado la estrategia necesaria para afrontar el proceso con garantías». Con
ello, «el derecho de las personas regularizables se ha debilitado y también
nuestra oportunidad de demostrar nuestras capacidades».
La
empresa «no ha concretado un plan de
refuerzos suficiente y ha rechazado propuestas sindicales
orientadas a incrementar de manera significativa los efectivos (entre el 30% y
el 40%), pese al evidente impacto del proceso en la carga de trabajo». Y el
Grupo Popular afirma que «las únicas medidas apuntadas se limitan, en su caso,
a contrataciones precarias y de
corta duración (contratos eventuales de 3 horas para cubrir la franja de
14:30 a 15:30 en el turno de mañana, en lugar de haber solicitado una
ampliación de horario hasta las 19:00 o 20:30 como en Seguridad Social y
Extranjería), claramente insuficientes para afrontar un proceso de estas
características, lo que supone trasladar
la presión organizativa a la plantilla existente».
Por otra parte, «se están detrayendo recursos de apoyo de oficinas
no afectadas por la regularización para reforzar aquellas que sí lo están,
debilitando así la prestación del servicio habitual al resto de la ciudadanía.
Incluso en las propias oficinas afectadas, al no reforzar de manera suficiente
la plantilla para abordar un proceso que requiere entre 20 y 30 minutos por
solicitud, se está ordenando dejar de prestar servicios que no sean de
regularización». La empresa, en pleno plan de ajustes, «ha primado el ajuste de costes sobre la prestación del derecho
con solvencia y sin sobrecargas» y quieren saber si «tiene
previsto la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con
Pedro Saura a la cabeza, impulsar un refuerzo de plantilla en las oficinas de
Correos que participan en el proceso de regularización de inmigrantes que
permita atender la nueva carga de trabajo sin
deteriorar la prestación del resto de servicios».
Formación del personal
El cuarto punto de atención es la formación del personal. El Grupo Popular
apunta a que «la implementación del proceso de regularización en Correos
presenta un conjunto de deficiencias concretas entre ellas las relativas a la
formación del personal de esas oficinas» Así el calendario formativo «no guarda coherencia con el inicio del servicio» y
«la formación se estructura en varios cursos que, lejos de haber sido
planificados con la antelación suficiente, se solapan con el propio inicio de
la actividad: el curso ‘SIEG Iniciación’, previsto del 16 al 27 de abril,
comienza tarde y finaliza después del inicio de la atención presencial, que
arranca el día 20; el curso ‘Mercurio: operativa trámites extranjería’ comienza
el propio día 20, sin fecha clara de finalización; y la habilitación de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), requisito esencial para la
operativa, ni siquiera
consta con claridad que se esté impartiendo en tiempo y forma».
El PP señala que «todo ello implica que parte de la plantilla va a
tener que empezar a
tramitar solicitudes sin haber completado la formación necesaria», y
que, en paralelo, «la habilitación de herramientas clave como los certificados
digitales de empleado público se realizan en el último momento, pese a tratarse
de un requisito conocido y transversal para este y otros SIEG, lo que evidencia
nuevamente la falta de planificación». Asimismo, los populares aseguran
que «se han detectado situaciones en las que se solicita al personal la
realización de formación complementaria o de adaptación al puesto fuera de su
jornada laboral, sin planificación ni encaje organizativo claro».
En
definitiva, «no estamos
ante una formación insuficiente por falta de tiempo, sino
ante una formación mal diseñada, mal ejecutada y claramente alejada de los
estándares mínimos exigibles en un proceso de esta complejidad» y que «esta
situación no solo genera inseguridad en la plantilla, sino que incrementa el riesgo de errores en la tramitación y
compromete la calidad del servicio prestado a la ciudadanía». Así preguntan
«cómo valora la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con
Pedro Saura a la cabeza, el pésimo
diseño y la ejecución de la formación impartida al personal de
Correos en el proceso de regularización de inmigrantes y qué medidas va a
adoptar para garantizar una formación adecuada a la complejidad del
procedimiento en el tiempo que queda hasta el día 27, fin del plazo formativo».
La quinta cuestión son las «deficiencias
en medios técnico». El Grupo Popular subraya que Correos
presenta un conjunto de deficiencias concretas entre ellas las relativas a los
medios técnicos disponibles que no resultan
adecuados para garantizar el correcto desarrollo del proceso y que «se
han identificado carencias en equipos como escáneres e impresoras, así como
problemas de conectividad y funcionamiento en los sistemas utilizados para la
tramitación, lo que dificulta la operativa diaria y aumenta el riesgo de
errores». A su juicio, «la falta de
anticipación en el refuerzo tecnológico y material es
evidente» y «la habilitación de certificados electrónicos para este proceso se
ha producido de forma precipitada, en muchos casos coincidiendo con el propio
inicio del servicio o incluso con el proceso ya en marcha».
Asimismo,
siguen denunciando, «la utilización de herramientas como la plataforma Mercurio, como ya se ha señalado,
presenta una complejidad técnica elevada para personal no especializado y no ha
venido acompañada ni de la formación ni del soporte técnico necesarios».
Además, «se han detectado errores en
las instrucciones facilitadas, que inducen a utilizar
vías de acceso o procedimientos incorrectos —como el uso de accesos por
representación que no se corresponden con el funcionamiento real del sistema—,
lo que puede provocar incidencias en la tramitación».
Ello le lleva a afirmar que «no solo se ha llegado tarde en la
dotación de medios técnicos, sino que estos se han puesto en funcionamiento sin la preparación ni la claridad
necesarias, situando nuevamente a la plantilla en un escenario de
trabajo a ciegas en un procedimiento de alta complejidad técnica y
administrativa». La pregunta se concreta en si Correor tiene previsto «adoptar
medidas urgentes para garantizar la dotación adecuada de medios técnicos en las
371 oficinas de Correos que participan en el proceso de regularización de inmigrantes,
corrigiendo las deficiencias
detectadas en equipos, conectividad y sistemas de
tramitación».
Problemas con la cita previa
Como sexta cuestión abordan los problemas en el sistema de cita previa. Los populares parten
del convencimiento de que «la implementación del proceso de regularización en
Correos presenta un conjunto de disfunciones relevantes y una de ellas es la
relativa al sistema de cita previa y la operativa de atención que afectan tanto al acceso de la ciudadanía al servicio como a la
organización del trabajo en las oficinas».
En primer lugar, señalan que «la puesta en marcha del sistema se
ha producido sin un funcionamiento plenamente operativo desde el inicio», ya
que «a primera hora del día 16 de abril, en la mayoría de las oficinas designadas no se ofrecían citas
disponibles, que se fueron incorporando de manera progresiva a lo largo
de la jornada, lo que evidencia una falta de preparación técnica en el arranque
del sistema». Asimismo, en aquellas oficinas en las que sí se habilitaban
citas, estas se concentraban en franjas muy concretas —principalmente a primera
hora de la mañana—, limitando de facto la capacidad de acceso de las personas
solicitantes y generando desequilibrios
en la distribución de la carga de trabajo», lo
que «evidencia así que Correos no tenía preparado ni el sistema ni a los
profesionales».
El
Grupo Popular apunta a que «l sistema presenta, además, limitaciones
estructurales en su acceso« y que «la solicitud de cita requiere el uso de
mecanismos de identificación digital como Cl@ve PIN, lo que supone una barrera
significativa para una
parte importante del colectivo al que va dirigido el proceso, dificultando el
acceso en condiciones de igualdad». A ello se suman «dudas
operativas relevantes que no han sido adecuadamente resueltas por la empresa:
la posibilidad de gestionar varias solicitudes en una misma cita —en teoría no,
pero el sistema no lo impide—, la falta de
claridad en los criterios de asignación de turnos o
la ausencia de instrucciones homogéneas sobre cómo actuar ante situaciones no
previstas».
Estas deficiencias, aseguran en el PP, «trasladan incertidumbre tanto a la ciudadanía como a la plantilla, que
debe gestionar las consecuencias de un sistema de cita previa que no ha sido
suficientemente definido ni explicado». Por ello, interpelan sobre «qué actuaciones tiene previsto impulsar la dirección de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con Pedro Saura a la cabeza, para
corregir los problemas detectados en el sistema de cita previa y en la
operativa de atención en las oficinas de Correos, que están afectando tanto al
acceso de la ciudadanía como a la organización del trabajo».
Finalmente,
se interesan por las «deficiencias
y errores del manual o guía de procedimiento».
Señalan que «la implementación del proceso de regularización en Correos
presenta un conjunto de dificultades técnicas y prácticas muy relevantes». La
gestión de solicitudes a través de Mercurio «no puede considerarse un
procedimiento sencillo para personal no especializado, pues se trata de una herramienta compleja, con distintos itinerarios de acceso, múltiples
supuestos administrativos y exigencias de cumplimentación que requieren
experiencia previa, seguridad en la identificación documental y un conocimiento
suficiente del procedimiento». A su juicio, «esta realidad contrasta con la escasa preparación previa facilitada por la
empresa».
Todo ello incrementa , según la versión del PP, «la inseguridad operativa de la plantilla y el
riesgo de incidencias en la tramitación, en un procedimiento que, por su
naturaleza, exige un alto grado de precisión técnica y jurídica que no se está
garantizando en las condiciones actuales». Además, consideran «preocupante la
existencia de errores relevantes en el propio manual o guía de procedimiento
distribuido por la empresa».
Información confusa
Lejos de ofrecer «una herramienta clara, segura y pedagógica para
una actuación de esta complejidad, la guía presenta redacciones confusas, sistemática desordenada y,
lo que es más grave, referencias incorrectas o contradictorias respecto de los
requisitos y supuestos de acceso al proceso de regularización». Entre los
errores detectados, «debido en algunos casos a que venían recogidos en los
borradores previos al Real Decreto definitivo, cabe destacar algunos ejemplos
especialmente significativos: «Se está trasladando una información confusa
—derivada de la explicación en la guía y en los canales informativos— que puede llevar a pensar que hay ‘un año’ para solicitar, cuando
el Real Decreto fija el plazo hasta el 30 de junio, es decir, poco más de dos
meses y medio», explican.
En realidad, «se está mezclando el plazo para presentar la
solicitud con la duración de la autorización, que sí es de un año» y consideran
que «esto no es un matiz técnico: es un error de
base que puede dejar fuera a personas por desinformación». A
ello se suma que «profesionales con experiencia acreditada en la gestión de
extranjería han advertido expresamente sobre estos fallos, señalando que se
trata de errores
fácilmente identificables para cualquier especialista, lo
que refuerza la idea de que la guía no ha sido suficientemente revisada antes
de su distribución». La última pregunta va dirigida a conocer «qué medidas
prevé adoptar la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
para corregir las carencias del
programa Mercurio y las deficiencias detectadas en el
manual o guía de procedimiento que afectan a la correcta tramitación del
proceso de regularización de inmigrantes».
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