En ese año, el Defensor del
Pueblo recibió 38.144 quejas y realizó 253 actuaciones de oficio emprendidas
ante distintas Administraciones públicas, más 71 realizadas en su condición de
Mecanismo Nacional de Prevención (MNP). A ello hay que añadir la atención
personal a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas
y 1.493 de una forma presencial). Todo ello ha dado lugar a 721 Recomendaciones
y a 788 Sugerencias, entre otras resoluciones, a las que hay que sumar las que
dieron respuesta a 361 solicitudes de interposición de recurso de
inconstitucionalidad (en concreto, por 16 normas).
Se trata este año de trece temas destacados, que tienen que ver con la protección de los menores (el capítulo 1, la difícil cuestión de la convivencia con grupo educativo como medida de la ejecución penal de menores); con el apoyo a las personas mayores, bien sea con motivo de las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus derechos en la justicia civil (capítulo 2), o bien a propósito del acceso a la pensión de jubilación (capítulo 9); con los problemas que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería (capítulo 3); con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral (capítulo 4); con el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana (a propósito de conmemorarse los 600 años de su presencia en España, en el capítulo 5); con cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad (capítulo 7), o por las dificultades de su acceso al empleo público (capítulo 8), además de cuestiones relacionadas con la enseñanza (capítulo 6), medio ambiente (capítulo 12) o con las devoluciones en el IRFP (capítulo 10).
La tercera parte del informe se centra en una de las labores centrales encomendadas, la supervisión de la actividad de la Administración. Para ello se sigue con la sistemática del año anterior, combinando, a fin de una mejor exposición, el enfoque centrado en el tipo de Administración (la de Justicia, la penitenciaria, la educativa, la sanitaria, etc., según los distintos niveles, estatal, autonómico o municipal) con aproximaciones temáticas concretas que afectan a las distintas administraciones de una forma más transversal (la igualdad de trato o la violencia contra las mujeres).
La cuarta parte se centra en el trabajo que lleva a cabo el Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), cuyo cometido consiste en supervisar los lugares de privación de libertad en España, de acuerdo con el Protocolo facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Desde hace unos años, a fin de ofrecer un informe extenso y detallado, y con un formato adecuado a su envío posterior al Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, esta parte se publica como anexo digital, indicando en el texto sus líneas generales.
Finalmente, la quinta parte tiene que ver con el Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria, que en su momento llevó a término la encomienda realizada por el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo, en 2022, y que se había materializado con el volumen entregado a la Presidenta de la cámara, el 27 de octubre de 2023. En 2024, el Defensor expuso los contenidos de ese informe (en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales y ante el Pleno del Congreso de los Diputados en una sesión parlamentaria dedicada expresamente para ello), y así lo reflejó en el informe anual correspondiente a aquel año. Queda pendiente que las recomendaciones formulada aquel informe obtengan la respuesta necesaria expresada en su subtítulo. En el informe se da cuenta de que el Gobierno y la Iglesia han dado pasos en esa dirección, con la firma de un acuerdo que se compromete a crear un órgano de reparación a las víctimas y en el que podría tener un papel esta institución.
