El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha constatado que las autoridades españolas deben intensificar sus esfuerzos para aplicar las reformas previstas encaminadas a reforzar los mecanismos anticorrupción en relación con los altos cargos ejecutivos del Gobierno central y las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil).
En un informe de seguimiento publicado hoy, el GRECO concluye que, respecto a su informe de la quinta ronda de evaluación, adoptado en 2019, España ha aplicado parcialmente dieciséis recomendaciones y no ha aplicado tres.
En su informe de cumplimiento más reciente, aprobado durante su reunión plenaria de junio de 2025, el GRECO señala la falta de medidas decididas y resultados tangibles en relación con las recomendaciones formuladas respecto a los altos cargos ejecutivos del Gobierno central. Si bien se proponen mejoras a través de iniciativas como el Plan de Acción para la Democracia, ya aprobado, y especialmente la Ley de Administración Abierta, todavía sin aprobar, su aplicación sigue pendiente.
El informe también destaca que la ausencia de formación sobre el Código de Conducta para las personas con altos cargos ejecutivos, así como los retrasos en la aplicación de una estrategia de integridad, ponen de manifiesto la necesidad de una acción más sistemática.
Las medidas de transparencia han mejorado con la entrada en vigor en España, el 1 de enero de 2024, del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, pero el GRECO expresa su preocupación por la duración de los tiempos de respuesta y el acceso público. Además, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha adquirido más independencia, aunque su plena potestad sancionadora está aún pendiente de aprobación legislativa.
El GRECO señala que los esfuerzos para regular los grupos de interés todavía no se han materializado en la práctica, y el requisito de publicación de las agendas sigue siendo una asignatura pendiente. Además, es necesario reforzar las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos y los requisitos de declaración financiera, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. La Oficina de Conflictos de Intereses sigue careciendo de verdadera independencia y de presupuesto propio.
Además, el GRECO señala que no se ha tomado ninguna medida para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (el llamado «aforamiento»).
En cuanto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, el GRECO concluye que los progresos en la aplicación de sus recomendaciones han sido desiguales, con algunos avances, pero con deficiencias persistentes.
La Policía Nacional ha llevado a cabo evaluaciones del riesgo y actuaciones de supervisión, pero sigue faltando una estrategia anticorrupción específica. El Código de Conducta de 2013 sigue sin medidas de aplicación práctica, y la contratación y los nombramientos discrecionales siguen requiriendo una mayor transparencia. El GRECO reconoce los esfuerzos normativos en materia de formación policial, pero considera que las mejoras estructurales en lo que respecta a la ética y la integridad siguen siendo incompletas.
La Guardia Civil ha mostrado mayores progresos, en particular gracias al desarrollo del Sistema de Integridad de la Guardia Civil (SINTEGC) y del Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP). Estas iniciativas introducen evaluaciones del riesgo y formación estructurada, con medidas de prevención de la corrupción integradas en estrategias más amplias. Sin embargo, aún quedan por adoptar algunas iniciativas clave, como el Protocolo de Buenas Prácticas.
El informe valora positivamente las mejoras en los mecanismos internos de denuncia y en la protección de los denunciantes tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, pero señala que sus regímenes disciplinarios siguen siendo inadecuados.
El GRECO concluye que España no cumple suficientemente las recomendaciones y pide a las autoridades españolas que presenten antes del 30 de junio de 2026 un informe sobre los progresos realizados en su aplicación. En aplicación de su reglamento interno, en el informe el GRECO invita al secretario general del Consejo de Europa a enviar una carta al ministro de Asuntos Exteriores de España para poner de manifiesto el incumplimiento de las recomendaciones y la necesidad de adoptar medidas contundentes para lograr avances tangibles lo antes posible.