Los países deben redoblar sus esfuerzos para diseñar, aplicar y revisar mejor sus normativas y procesos reguladores, según un nuevo informe de la OCDE, que reseñó aquí en los términos del comunicado de prensa:
“La edición de 2025 de Perspectivas de la Política Reguladora, publicación emblemática de la OCDE sobre elaboración, aplicación y revisión de la legislación y la regulación, destaca los esfuerzos de los países por alcanzar sus objetivos políticos adaptándose al mismo tiempo a los rápidos cambios tecnológicos y del entorno político. Analiza cómo eliminar la regulación innecesaria al tiempo que garantiza que los marcos reguladores se centran en ofrecer mejores beneficios públicos y contribuyen a un entorno propicio para la innovación y un crecimiento fuerte y sostenible.
La regulación se considera a menudo una carga para los particulares y las empresas. Al mismo tiempo, cuando las autoridades públicas luchan por hacer cumplir la normativa, los ciudadanos pueden cuestionar la capacidad de las autoridades para proteger a las personas y el medio ambiente. El informe concluye que las autoridades públicas deben redoblar sus esfuerzos para diseñar textos, revisarlos y generar confianza
«Dada la complejidad del entorno político actual, la velocidad del cambio tecnológico y la creciente demanda de eficiencia y eficacia, los gobiernos deben garantizar que la regulación sea adaptable, eficiente y proporcionada a los objetivos políticos que se persiguen», afirma Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE. «Al eliminar la regulación innecesaria y garantizar que la regulación esté orientada a la consecución de mejores resultados, los países pueden contribuir a crear un marco para un crecimiento más sólido y sostenible». En apoyo de estos objetivos, esta cuarta edición del Panorama de la Política Regulatoria de la OCDE proporciona recomendaciones basadas en la evidencia para el desarrollo de marcos regulatorios de mejores prácticas."
El nuevo trabajo analítico muestra que los miembros de la OCDE han hecho grandes progresos en la participación de las partes interesadas, incluso mediante el uso de portales de consulta digitales, períodos de consulta más largos y permitiendo al público proporcionar pruebas sobre los impactos previstos y reales de la legislación. Sin embargo, aún hay margen de mejora. Sólo el 33% de los países de la OCDE proporciona información directa a las partes interesadas, perdiendo una oportunidad de dar más sentido al ejercicio y de «hacer el proceso más transparente».
. Además, es necesario diversificar el perfil de los consultados para garantizar la inclusividad y disipar los temores de abuso de influencia.
La legislación tiene más probabilidades de ser eficaz si se basa en pruebas sólidas. Las autoridades públicas tienen ahora más en cuenta las pruebas en sus decisiones y, mediante el uso de herramientas como el análisis de impacto normativo, exigen que se tengan más en cuenta las consideraciones sociales y medioambientales junto con las económicas. Según el informe, estos esfuerzos deben proseguir y complementarse con una aplicación efectiva de la normativa.
Los marcos reguladores actuales a menudo tienen dificultades para seguir el ritmo de los avances tecnológicos y se ven obstaculizados por el solapamiento de jurisdicciones territoriales, la fragmentación jurídica y normas obsoletas. Para apoyar mejor la innovación al tiempo que se controlan los riesgos, las autoridades públicas deben adoptar enfoques basados en la adaptación y el aprendizaje y avanzar en la gobernanza anticipatoria, reforzando al mismo tiempo la cooperación y la coordinación entre autoridades. El uso de herramientas de inteligencia estratégica, como la inteligencia estratégica y la prospectiva estratégica, también puede contribuir a anticipar y mitigar los riesgos, garantizando así que la legislación conserve su pertinencia y la eficacia de sus disposiciones.
La mayoría de los países de la OCDE podrían hacer un trabajo aún mejor para garantizar el cumplimiento y lograr los resultados deseados adoptando un análisis basado en el riesgo. Esto permitiría priorizar los recursos de aplicación en las situaciones en las que el incumplimiento tendría el mayor impacto, ahorrando tiempo y recursos para las empresas y el gobierno, al tiempo que se mantienen los impactos positivos. Sin embargo, en la actualidad, menos del 50% de los países de la OCDE permiten a los reguladores basar sus actividades de aplicación en criterios basados en el riesgo.
Siguen existiendo importantes retos a la hora de cumplir los compromisos gubernamentales de proteger el medio ambiente y preservar al mismo tiempo el crecimiento económico. Sólo el 21% de los miembros de la OCDE examina su legislación desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, en todos los sectores y en toda la economía.
Para que la regulación apoye activamente la transición verde, es crucial que estas revisiones se lleven más allá para considerar los impactos locales y más amplios de la contaminación, las emisiones de carbono y la biodiversidad.
Para lograr beneficios medioambientales significativos, el complejo mosaico de normas con objetivos medioambientales debe racionalizarse como un sistema único, deben reducirse las cargas normativas innecesarias, incluso en las relaciones entre países, debe hacerse hincapié en la regulación basada en el riesgo y las actividades de aplicación deben centrarse en las áreas de mayor riesgo medioambiental.”
