La preguntas es esta:
Dice así: "Ha llegado a nuestro conocimiento por los medios de comunicación la noticia de la renuncia el pasado mes de marzo del jefe de seguridad de Correos, D. Arturo Crespo Arranz. Y se relaciona dicha dimisión con la reciente anulación por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de la adjudicación de un contrato por haber existido conflicto de intereses.
Consultado el expediente, resulta que el 5 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) el anuncio de licitación del procedimiento “Contratación de los servicios de seguridad, vigilancia e inspección de correspondencia, durante el periodo 2024-2026 que permitan la protección de personas y bienes, en base a la normativa de seguridad privada, que se encuentren en diferentes locales y dependencias de la S. E. Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. y Correo Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E.”, convocado por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
El 11 de septiembre de 2024 se publicó en la PCSP la adjudicación del lote 9 a favor de la empresa TRABLISA por un total ofertado con impuestos de 10.561.177,12 €. El citado lote corresponde a la “Área Centro de Correos Madrid”
El día 1 de octubre de 2024, la mercantil SASEGUR, S.L., interpuso recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de adjudicación del lote nº 9, manifestando que existe un conflicto de intereses entre un hombre identificado como J.C.L.T., firmante del informe técnico por el que se puntúan los criterios sometidos a juicios de valor, y la adjudicataria.
Mediante la Resolución nº 1551/2024, de 5 de diciembre, el TACRC estimó el referido recurso, considerando que la situación analizada evidencia, de manera objetiva la existencia de un conflicto de intereses, en los siguientes términos: “El ejercicio imparcial de las funciones del evaluador se encuentra comprometido debido a razones personales, ya que este había trabajado en la empresa licitadora dentro de los dos últimos años, previos a su participación como experto en la evaluación de criterios sujetos a juicio de valor. Además, nos encontramos ante un conflicto de intereses que no fue declarado y que fue detectado a posteriori, tras haber podido generar efectos en el proceso de adjudicación. La existencia de dicho conflicto se conoció externamente a través de la reclamación, lo que puso de manifiesto fallos en los controles preventivos. Ni el evaluador declaró su situación, ni se aplicaron eficazmente los procedimientos de control ex ante para evitar este tipo de circunstancias”
Y añade la resolución que “todos los elementos expuestos conducen a señalar que ha existido un conflicto de interés que no solo puede parecer, sino que suscita dudas, objetivamente justificadas, en cuanto a que la imparcialidad y la independencia del proceso de licitación se haya visto comprometida”
El 1 de abril de 2025 se interpuso por TRABLISA recurso especial en materia de contratación. El 23 de mayo de 2025 el TACRC desestimó el citado recurso.
Concluyendo, el dimitido jefe de seguridad de Correos, Arturo Crespo Arranz, fue el jefe de quien estuvo al frente del Área de Seguridad de Correos, el identificado como J.C.L.T., que realizó labores de evaluación del contrato anulado. Y todo indica que han fallado en Correos los controles preventivos internos y que las irregularidades en la adjudicación se han detectado por fuentes externas.
Por todo lo anterior preguntamos,
¿Cuáles han sido las razones de la dimisión en marzo de 2025 del jefe de seguridad de Correos, Arturo Crespo Arranz?
¿Qué relación existe entre la dimisión del jefe de seguridad de Correos, Arturo Crespo Arranz y la anulación por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de la adjudicación del contrato referido al lote 9 a favor de la empresa TRABLISA por un total ofertado con impuestos de 10.561.177,12 €., al haber concurrido conflicto de intereses?
¿Reconoce Correos el importante error que ha supuesto que la existencia del citado conflicto de intereses se conociera externamente a través de una reclamación externa, lo que pone de manifiesto evidentes fallos en los controles preventivos internos? ¿Cómo actuará Correos para evitar que hechos semejantes se repitan?
¿Cómo justifica Correos que ni el evaluador declarase su situación, ni se aplicasen eficazmente los procedimientos de control ex ante para evitar este tipo de circunstancias que afectaron a la imparcialidad y la independencia del proceso de licitación y adjudicación?
Haciéndose eco de estas preguntas, el digital “VozPopuly” publica el 14 de junio una información del periodista Pepe Luis Vázquez titulada “El PP pregunta a Hacienda por la dimisión del jefe de seguridad de Correos ligado al ‘Delcygate’”
Dice así: “El pasado mes de marzo, un teniente coronel de la Guardia Civil, Arturo Crespo Arranz, comandante que estuvo en Barajas la noche en que aterrizó Delcy Rodríguez, renunció a su puesto de jefe de seguridad de Correos. Sólo tres meses después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que forma parte del Ministerio de Hacienda, diera la orden de anular un contrato de 10 millones de euros en el que apreció "un conflicto de interés".
Una información por la que el Partido Popular ha decidido iniciar una ofensiva en el Congreso de los Diputados, con el registro de una iniciativa parlamentaria para exigir informes y documentos, además de una batería de preguntas -a las que ha tenido acceso Vozpópuli-, dirigidas a: el departamento que encabeza María Jesús Montero, la SEPI y la propia Correos. En concreto, el Grupo Popular popular el "expediente completo por el que se crea la Dirección de Seguridad de la Entidad Pública empresarial Correos". También, el "expediente por el que se nombra Director/Jefe de Seguridad de Correos a D. Arturo Crespo Arranz".
El PP hace alusión a la "noticia de la renuncia el pasado mes de marzo del jefe de seguridad de Correos" y la relación de "dicha dimisión con la reciente anulación por parte del TACRC de la adjudicación de un contrato por haber existido conflicto de intereses".
En su escrito, la formación conservadora hace un repaso por los hechos. Así recuerda que en junio de 2024, en el Diario Oficial de la Unión Europea y la Plataforma de Contratación del Sector Público, se publicó "el anuncio de licitación del procedimiento" para contratar "servicios de seguridad, vigilancia e inspección de correspondencia" en la compañía pública durante 2024-2026 en la Comunidad de Madrid. Meses más tarde, se adjudicó un lote en favor de la empresa TRABLISA por valor de más de diez millones de euros. Fue en octubre, prosigue el PP, cuando otra empresa, la mercantil SASEGUR, interpuso "un recurso especial en materia de contratación" contra dicha adjudicación, manifestando que "existe un conflicto de intereses entre un hombre identificado como J.C.L.T., firmante del informe técnico por el que se puntúan los criterios sometidos a juicios de valor, y a la adjudicatoaria".
El Tribunal que depende de Hacienda estimó el referido recurso y resolvió en diciembre: "El ejercicio imparcial de las funciones del evaluador se encuentra comprometido debido a razones personales, ya que este había trabajado en la empresa licitadora dentro de los dos últimos años, previos a su participación. Además, nos encontramos ante un conflicto de intereses que no fue declarado y que fue detectado a posterior, tras haber podido generar efectos en el proceso de adjudicación. La existencia del conflicto se conoció externamente a través de la reclamación, lo que puso de manifiesto fallos en los controles preventivos".
"Han fallado los controles preventivos internos"
Con toda la información que hay encima de la mesa, el PP concluye que "el dimitido jefe de seguridad de Correos fue el jefe de quien estuvo al frente del Área de Seguridad de Correos, el identificado como J.C.L.T., que realizó labores de evaluación en el contrato anulado". Y añade: "Todo indica que han fallado en Correos los controles preventivos internos y que las irregularidades en la adjudicación se han detectado por fuentes externas".
Por lo que traslada las siguientes preguntas a la compañía postal: "¿Cuáles han sido las razones de la dimisión en marzo de 2025 del jefe de seguridad de Correos, Arturo Crespo Arranz? ¿Qué relación existe entre la dimisión del jefe de seguridad de Correos, Arturo Crespo Arranz y la anulación por parte del TACRC de la adjudicación del contrato referido al lote 9 a favor de la empresa TRABLISA? ¿Reconoce Correos el importante error que ha supuesto la existencia del citado conflicto de intereses (...)? ¿Cómo actuará Correos para evitar que hechos semejantes se repitan?".