Ayer el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso esta Proposición no de Ley para una respuesta de Estado ante la crisis de Seguridad Nacional en Ceuta y para garantizar el futuro de Ceuta y Melilla para su debate en Pleno:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los gravísimos acontecimientos vividos en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026 constituyen uno de los episodios más graves sufridos en una frontera española en los últimos años. Según la cifra ofrecida por el Ministerio del Interior, unas 72.OO0 personas accedieron irregularmente a Ceuta desde Marruecos en apenas dos días y más de un centenar perdieron la vida. La dimensión de aquellas entradas masivas desbordó los mecanismos ordinarios de control de una frontera exterior de España y de la Unión Europea y alteró profundamente el funcionamiento de la ciudad y el día a día de sus más de 80.000 habitantes.
La vulneración masiva de la frontera española está afectando directamente a la Seguridad Nacional, la soberanía y la integridad territorial; ha generado una crisis de orden público; ha tensionado los servicios sanitarios, asistenciales y de protección de menores; y está sometiendo a un esfuerzo extraordinario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los profesionales sanitarios y a la Administración de Justicia. Los ceutíes no pueden asumir en solitario las consecuencias de una crisis de esta dimensión.
Los hechos ocurridos exigían previsión y anticipación y, desde el primer momento, una respuesta integral y coordinada. Sin embargo, el Gobierno desoyó las advertencias trasladadas desde Ceuta, minusvaloró la dimensión de los hechos y actuó tarde. Más de tres semanas después, la normalidad no se ha recuperado y continúan pendientes la identificación de numerosas personas, la determinación de su situación administrativa o la resolución de los expedientes de retomo. Mientras tanto, los habitantes de Ceuta siguen sin recuperar la normalidad en sus vidas. El Gobierno de la Nación tiene un deber irrenunciable, que es garantizar a los ciudadanos de Ceuta el pleno ejercicio de sus derechos y libertades y proteger la soberanía y la integridad territorial de España.
El 21 de agosto -22 días después de las entradas masivas- se conoció, a través de la prensa, que el presidente del Gobierno había encomendado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática la coordinación de los departamentos ministeriales implicados en esta crisis. La decisión reconoce tardíamente la necesidad de una dirección común, pero no equivale al mando único reclamado por el Partido Popular para Ceuta: no se ha declarado mediante real decreto una situación de interés para la Seguridad Nacional, no se ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional para dirigir y coordinar su gestión ni se ha nombrado formalmente la autoridad funcional con competencias y recursos definidos que prevé la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
La recuperación de la normalidad exige igualmente tramitar, con todas las garantías, el retorno de quienes accedieron irregularmente. El anuncio del traslado a la Península de centenares de menores no puede sustituir la activación inmediata de esos procedimientos ni la aprobación de un calendario para la resolución de su situación.
La cooperación con Marruecos debe asentarse sobre el respeto y la reciprocidad. La integridad territorial de España no se cuestiona, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas, y la seguridad de una ciudad española no puede depender de la actuación de otro Estado.
Ceuta y Melilla necesitan, por tanto, una frontera inviolable, una presencia estructural del Estado en el territorio, voz propia en las instituciones europeas y un horizonte de estabilidad y prosperidad.
El refuerzo de las infraestructuras, los medios humanos, la tecnología y el marco legal debe ir acompañado de un reconocimiento europeo acorde con la singularidad de ambas ciudades y de un verdadero plan de reactivación económica construido con sus instituciones y su sociedad civil.
Se trata de recuperar la normalidad, reforzar la autoridad del Estado, proteger permanentemente una frontera española y europea y ofrecer a Ceuta un proyecto de futuro.
Por todo ello
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional; convocar al Consejo de Seguridad Nacional; y nombrar la autoridad funcional prevista en el artículo 241.d), determinando sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones y los recursos humanos y materiales puestos a su disposición;
2. Activar de manera inmediata los procedimientos legalmente previstos para el retorno voluntario o la expulsión de todos aquellos que accedieron ilegalmente a nuestro país y, para ello, desplazar a la ciudad todas las unidades de Extranjería necesarias y aprobar un calendario que permita culminar su tramitación y resolución.
3. Reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos sobre los principios de respeto y reciprocidad, promoviendo una relación que no admita amenazas ni chantajes y reafirmando que la integridad territorial de España no se cuestiona ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas.
4. Utilizar todos los instrumentos jurídicos disponibles, nacionales y europeos, para defender la integridad territorial de España y garantizar la seguridad de la frontera de Ceuta; solicitar la activación de los mecanismos previstos en el Reglamento (UE) 202411359 para situaciones de crisis e instrumentalización; solicitar de manera inmediata el despliegue de Frontex y de las unidades necesarias, incluyendo las de intervención rápida; aplicar los procedimientos de triaje para la ídentificación y la realización de controles de seguridad; y aplicar los procedimientos fronterizos de asilo y retorno que permitan una tramitación acelerada.
5. Aprobar un Plan para garantizar la inviolabilidad de la frontera de Ceuta, articulado sobre los siguientes cuatro pilares:
- Infraestructuras: prolongar el perímetro fronterizo mar adentro, comenzando por el espigón del Tarajal.
- Medios humanos: consolidar refuerzos permanentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional; dotar a la ciudad de las unidades de Extranjería necesarias para tramitar los correspondientes expedientes; reforzar los profesionales sanitarios; y promover, ante los órganos competentes, el refuerzo de jueces y fiscales.
- Tecnología: implantar un sistema permanente e integrado de vigilancia marítima y costera.
- Reformas legales: modificar la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 412000, de 11 de enero, para extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima; y reformar la Ley 1212009, de 30 de octubre, de asilo, de modo que una entrada por la fuerza no abra automáticamente el mismo procedimiento que una solicitud presentada conforme a derecho. Recabar asimismo la financiación europea disponible para estas actuaciones, no reclamada hasta la fecha por España.
6. Promover ante las instituciones de la Unión Europea el reconocimiento de la situación singular y excepcional de Ceuta y Melilla con un tratamiento equivalente al que la Unión otorga a sus regiones ultraperiféricas en fondos, fiscalidad y fronteras e impulsar las actuaciones necesarias para que ambas Ciudades Autónomas dispongan de representación propia en la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.
7. Aprobar, de acuerdo con las Ciudades Autónomas y con participación de su sociedad civil, un Plan de Reactivación Económica de Ceuta y Melilla dotado con, al menos, 650 millones de euros durante el periodo 2027-2032, que incluya:
- una Ley de Régimen Especial de Ceuta y Melilla que blinde un marco fiscal e inversor estable y garantice legalmente las bonificaciones a la Seguridad Social del 50 por ciento y del 75 por ciento en las actividades económicas que se determinen;
- incentivos económicos e inversión pública dirigidos especialmente al comercio, la hostelería y los trabajadores autónomos;
- la mejora de la conectividad con la Península a través del puerto y de las infraestructuras estratégicas ;
- un plan de choque contra el desempleo juvenil y medidas para facilitar el acceso a la vivienda;
- una mayor presencia estructural del Estado mediante el refuerzo de la Sanidad, la Educación, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
